Rechazo empresarial a la subida de impuestos de Montero: «Perjudicará la recuperación»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el pasado lunes en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) el comité de expertos para la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma tributaria, para lo que dispondrán de plazo hasta el próximo 28 de febrero para elaborar las conclusiones finales, sin embargo algunos de los cambios fiscales se adelantarán y verán la luz en enero, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

Esta es al menos la intención de Montero, que al margen de la reforma fiscal integral ya ha reconocido que los expertos podrán ir adelantando algunos de los trabajos más avanzados y se podrán ir aprobando cambios normativos este año para que ciertas subidas de impuestos vean la luz con la entrada del nuevo ejercicio.

En concreto, Montero ha admitido su «especial interés» en retocar el Impuesto de Sociedades y en los impuestos a la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio), algo que el Ejecutivo socialista tenía previsto desde su llegada al poder en 2018 y que ha ido postergando, si bien también se recogía en el acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos.

Pero también se contempla avanzar en imposición digital, fiscalidad medioambiental y en la revisión de deducciones y bonificaciones, con el objetivo de acercar la recaudación fiscal española a la europeo y acabar con el ‘gap’ que cifra en torno a 7 u 8 puntos de PIB (alrededor de 90.000 millones de euros).

Las palabras de Montero respecto al adelanto en el tiempo de la subida de impuestos ha despertado el rechazo entre los empresarios, que consideran que no es el momento oportuno ante la delicada situación de buena parte del sector empresarial y la elevada tasa de paro y trabajadores bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

CEOE cree que «no es el momento» y pide atajar la economía sumergida

Fuentes de CEOE señalan a Economía Digital que el pretendido aumento impositivo de Montero, con el foco en grandes corporaciones, sería perjudicial en este momento para la economía y podría perjudicar a la recuperación, así como dañar a la generación de empleo o incluso precipitar despidos en determinadas compañías.

En la patronal rechazan el ‘hachazo fiscal’ de Montero y en su lugar piden que se aborde el problema de la economía sumergida en España, que cifran en un 24%, frente al 12% de la UE, por lo que unas 500.000 actividades se desarrollarían al día sin pagar Sociedades, IRPF ni cotizaciones.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se ha mostrado abiertamente en contra del alza impositivo, tachando de impuestos «ideológicos» los tributos de Sucesiones y Patrimonio, recordando además que recaudan «muy poco», y en varias ocasiones ha cuestionado algunos estudios y afirmaciones del Gobierno respecto al reducido porcentaje que pagan las empresas por el Impuesto de Sucesiones.

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado que la ministra esté dispuesta a dar un «nuevo hachazo a los que pagan sus impuestos y cotizaciones», mientras que se sigue sin abordar la economía en «b». A su juicio, perjudicará a la recuperación, según ha señalado a Economía Digital.

Comparativa de presión fiscal

En CEOE señalan también que la presión fiscal normativa ya es actualmente alta y remiten al informe publicado en octubre del año pasado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEE) y Tax Foundation, que refleja que la presión fiscal normativa para España se situaba el año pasado en 110,5 puntos, un 10,5% más elevada que la media de la UE, y también mayor que los 108,1 puntos del año 2019, donde soportaba una presión fiscal normativa un 8,1% superior a la del promedio de la Unión Europea.

El informe señalaba que, sin tener en cuenta la economía sumergida y contemplando por tanto la parte que sí abona impuestos, la presión fiscal efectiva de España es muy similar a la de la media de la Unión Europea, del 44,5% frente al 45%, respectivamente.

De hecho, mostraba que la presión fiscal efectiva de la Unión Europea y la de España son elevadas en las comparativas internacionales y notablemente superiores a la de otros países de la OCDE, como son Estados Unidos, Japón, Suiza, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda o Canadá, la mayoría de ellos con presiones fiscales efectivas inferiores en más de 10 puntos a la española.

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, avisa de que cualquier tipo de subidas en medio de una recesión y de un periodo de destrucción de empleo tendría efectos negativos habituales respecto a los factores multiplicadores y sería “procíclico”, de forma que retrasaría y debilitaría la recuperación. 

En este punto, ha indicado a Economía Digital que si la economía española sube en seis puntos de PIB su recaudación fiscal tendría un efecto “muy negativo” sobre el crecimiento y la actividad y provocaría la destrucción de la competitividad empresarial, por lo que en su lugar propone bajar los impuestos para impulsar la recuperación, y de esa forma ensanchar las bases imponibles y elevar así los ingresos tributarios. 

“Queremos tener impuestos en jurisdicciones mucho más rígidas y prósperas sin tener en cuenta que son más bajos. Para alcanzar ese nivel de recaudación necesitamos un sistema competitivo, moderado y que el crecimiento amplíe las bases imponibles”, ha remarcado. 

Sociedades

Por impuestos, Hacienda aboga por el establecimiento de un tipo mínimo para que las grandes compañías no puedan rebajar el tipo efectivo que acaban pagando mediante deducciones fiscales y otras medidas. De hecho, el Ejecutivo ya planeó el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades, que se elevaba al 18% para banca y petroleras, frente al tipo mínimo del 25% o el 30% para entidades y petroleras.

El Gobierno confía en que el grupo de expertos estudie esta opción, algo que parece asegurado ya que el presidente del comité de expertos, el catedrático emérito de EconomíaAplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz-Huerta, ya dejó claro en su discurso en el acto de constitución del grupo que se revisaría la regulación de Sociedades.

Ruiz-Huerta enmarcó la revisión de Sociedades en el plano nacional y global, tras la propuesta de la Administración de Estados Unidos, respaldada por el FMI, de fijar un tipo mínimo en Sociedades a escala internacional. El FMI también propone un impuesto temporal de solidaridad abonado por ricos y grandes empresas para sufragar los costes de la crisis a corto plazo, algo que también llegó a recordar Ruiz-Huerta.

Los empresarios llevan mucho tiempo negando que las compañías españolas paguen menos por Sociedades que en otros países y aseguran que abonan más de un 20%, frente a los tipos del 7% u 8% que cifraba Hacienda. A este respecto, Izquierdo (IEE) ha negado que España pague menos impuestos que el resto de países europeos y ha asegurado que la imposición es “igual o más alta”, al tiempo que ha negado que las empresas paguen menos por el Impuesto de Sociedades. 

Según Izquierdo, cree que esta idea se debe al “erróneo” cálculo realizado por la Agencia Tributaria, al no contemplarse de forma correcta la tributación exterior que ya abonan las empresas, aunque se va corrigiendo. España presenta una presión fiscal normativa sobre el Impuesto de Sociedades un 22,6% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 15,8% superior al del promedio de la OCDE, según el estudio de IEE y Tax Foundation. 

Armonización fiscal: batalla en Madrid

Entre las prioridades de Hacienda de cara a la reforma fiscal y los pasos previos también figura la reforma del sistema de financiación autonómica, y concretamente en lo referido a la armonización de las figuras fiscales relativas a la riqueza, como Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, si bien los expertos serán “libres” para dictar sus recomendaciones, que recibirá el Gobierno y tomará una decisión al respecto.

Esto en la práctica conllevaría el alza de Patrimonio y Sucesiones en regiones como la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado en contra de estos tributos, uno de los puntos más controvertidos que ya ha despertado desde hace tiempo acusaciones entre el Estado central y la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso, y el debate sobre los impuestos se ha recrudecido con motivo de las elecciones regionales del próximo 4 de mayo.

De hecho, la presidenta autonómica se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para a ir en contra de cualquier imposición fiscal que pretenda llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y a realizar una «bajada histórica” del IRPF.

El anuncio de la armonización fiscal realizado por Montero ha puesto en un brete al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ya que había prometido a los madrileños no subir impuestos los dos próximos años si resultaba elegido presidente de la región madrileña, algo que en la oposición interpretan como una incongruencia ante el anuncio de subida pretendido por Hacienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que se acometerá una subida de impuestos alegando que el Ejecutivo tiene que amoldarse a los intereses de todas las CCAA, vía armonización fiscal,, aunque dijo comprender la promesa de Ángel Gabilondo «en su autonomía».

«La tarea del Gobierno es la de amoldar todas esas sensibilidades y demandas largamente acumuladas durante estos años», afirmó Sánchez en referencia a las acusaciones a la Comunidad de Madrid por parte de algunas CCAA y del propio Gobierno de realizar ‘dumping fiscal’ al bonificar en su práctica totalidad los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

Reforma laboral, ERTE y SMI

El rechazo de CEOE a la subida de impuestos se suma al malestar de los patronal por los intentos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos de derogar algunos aspectos de la reforma laboral de 2012, a pesar de que según los empresarios «no es lo que pide Bruselas».

En clara alineación con la postura de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en CEOE son partidarios de empezar a negociar por las políticas activas de empleo, atajar el desempleo juvenil y la dualidad del mercado de trabajo, aunque siguen sentados en la mesa con reuniones de la mesa de diálogo todos los miércoles aunque Garamendi ha admitido que los trabajos «no son cómodos, pero se trabaja».

Discrepancias también han mostrado los empresarios con Díaz y los sindicatos sobre el Salario Mínimo, ya que mantienen que «no toca» un nuevo incremento en el momento actual ni en el más inmediato, al haber seis millones de trabajadores en paro o ERTE, y en su lugar piden extender el debate a aspectos como que el sector público pague más en los contratos para que las empresas puedan incrementar las retribuciones de sus trabajadores

Otro frente se abre también con la prórroga de los ERTE, cuyo plazo vence el próximo 31 de mayo y empieza a negociarse su continuidad este miércoles. CEOE reclama se extiendan hasta diciembre y considera que si se logra doblegar la pandemia los ERTE deberían ir en la dirección apuntada por Calviño y centrarse en bonificaciones a la reinserción laboral. En caso de que no se logren mejorar los datos del Covid, cree entonces que el modelo debería ser el actual.

Pero quizá donde más diferencias hay con el Ejecutivo es en lo referido a las pensiones, ya que Garamendi ha llegado a cuestiones que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, «a veces anuncia cosas antes de contarlas», a pesar de que se trata de una de las reformas que sí está demandando Bruselas. De momento en el diálogo social las posturas siguen muy alejadas y las propuestas presentadas por Escrivá en el Pacto de Toledo del Congreso recibieron las críticas de la oposición.