La rebaja fiscal de la luz que prepara el Gobierno tendrá un impacto superior a 1.600 millones

El Gobierno se ha visto abocado a tener que prorrogar durante el primer cuatrimestre de 2022 las rebajas fiscales adoptadas para abaratar la factura de la luz ante el incesante repunte del precio de la electricidad, lo que comportará un coste mínimo de al menos 1.600 millones de euros. A ellos se sumarán otros 82 millones de coste por la extensión de la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas al tipo superreducido del 4% anunciada para el primer semestre de 2022.

Este será el impacto que como mínimo tendrá la decisión del Ejecutivo, presionado por la oposición y la opinión pública, de prorrogar los cuatro primeros meses del año 2022 la rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10%, con un impacto de unos 500 millones, y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%, con una incidencia de alrededor de 580 millones, y de la sus pensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas, que rondaría los 530 millones, en caso de que todas las medida se prorroguen finalmente.

Se trata de un cálculo «más que prudente» realizado con base al impacto reflejado en los informes mensuales de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria los primeros meses de la rebaja de impuestos, ya que tal y como recuerdan desde el Ministerio de Hacienda y desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) influyen otros factores.

En el caso de la rebaja del IVA influye de forma importante el precio creciente de la electricidad, y no tanto el tiempo transcurrido, mientras que en el caso del impuesto de electricidad se calcula por el coste de consumo más la potencia contratada, por lo que depende también más del precio, tal y como explica a Economía Digital el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.

Desde el Ministerio de Hacienda también apuntan que el impacto total dependerá de la evolución de los precios de la luz, y actualmente los mercados a futuro siguen mostrando unos altos precios, con posibles nuevos récords en el corto plazo, lo que augura un coste de la rebaja fiscal de la factura de la luz posiblemente superior a los 1.100 millones.

El paquete fiscal del Gobierno: mayor coste por la rebaja del IVA

El Gobierno aprobó a mediados de septiembre un real decreto-ley con una batería de medidas, entre ellas fiscales, con las que estimó que reducirá en un 22% de media la factura final de la electricidad de los consumidores hasta final de año, con el objetivo de lograr el compromiso anunciado y mantenido hasta la fecha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el precio promedio pagado por usuario en 2021 sea equivalente al que abonó en 2018.

El coste recaudatorio del paquete fiscal fue estimado por el Ministerio de Hacienda en 2.000 millones, la mayor parte, alrededor de 1.400 millones, procedentes de la rebaja del IVA de la luz desde el 21% al 10% aprobado a finales de junio hasta el 31 de diciembre.

El impacto presupuestario se dividirá entre este año y el próximo porque el IVA de los meses últimos del ejercicio se ingresará en 2022. En términos de caja, el impacto para este año se estima en 566 millones.

Si bien el impacto final reflejado en los informes de recaudación de Hacienda muestran que el impacto podría ser superior a lo previsto, ya que en los últimos días de agosto supuso 6 millones, en septiembre subió a 122 millones y en octubre se acumulan 262 millones, lo que vaticina un coste de alrededor de 750 millones en el segundo semestre de 2021, que extrapolado a la prórroga del primer cuatrimestre de 2022 arrojaría un coste de unos 500 millones.

La rebaja del IVA se dirige a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros por MWh.

Según el Gobierno, la medida, que se prorrogará al cuarto trimestre de 2022, permite reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, con un ahorro de 857,5 millones de euros. La práctica totalidad de hogares se beneficiará de la reducción del impuesto indirecto. El tipo del 10% en el IVA se aplica con la medida también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos).

Asimismo, se aplica un 10% de IVA a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social (50% de los beneficiarios del bono social) hasta final de año, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado, lo que beneficiará a más de 612.000 hogares.

Impuesto de producción eléctrica y especial a la electricidad

Además, se añade la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) que ya estaba suspendido para el tercer trimestre de 2021 y se amplió al 31 de diciembre. La suspensión de este tributo, que grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final, tendrá un impacto de 400 millones por trimestre, alrededor de 800 millones de euros en 2021. Para la prórroga de 2022 el coste ascendería a unos 533 millones.

A esto se suma la rebaja del Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo que permite la UE -del 5,1% al 0,5%-. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron que la bajada del impuesto sobre la electricidad al 0,5% costará 380 millones de euros en la recaudación del último cuatrimestre de este año.

Los datos de Hacienda reflejan que su impacto en medio mes fue de 72 millones, por lo que extrapolado al primer cuatrimestre de 2020 totalizaría unos 576 millones.

En el impacto de la rebaja de este año también hay que tener en cuenta 900 millones de euros adicionales, hasta el total de 2.000 millones, procedentes de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión comunitarios. Irán a parar a la cuenta administrada por la CNMC con la que se cubren los cargos del sistema, de forma que repercutirá en la reducción de los cargos del recibo de la luz, como los costes asociados a la cogeneración, la electricidad en territorios no peninsulares, las primas históricas a las renovables, la gestión de residuos o la cobertura del servicio financiero para cubrir el déficit de tarifa eléctrica.

El precio de la electricidad no da tregua: de récord en récord

En cualquier caso, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista no da tregua y este mismo jueves alcanzará un nuevo récord de 302,48 euros el megavatio hora (MWh), al superar la cota de 287,78 euros registrados del miércoles y batir por primera vez la cota de los 300 euros.

El encarecimiento del precio de la electricidad en el mercado eléctrico, conocido como ‘pool’ eléctrico, se inicio hace varios meses como consecuencia de los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos este ejercicio.

Estos precios del ‘pool’ sí repercuten directamente en la tarifa regulada (PVPC), a la que están acogidos 11 millones de consumidores en España y sirve de referencia para los contratos de suministro en el mercado libre de otros 17 millones de usuarios.

Gestha: la rebaja no abarata la luz y pide un bono a vulnerables

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha indicado que ante la espiral creciente de los precios de la electricidad es arriesgado hacer un cálculo definitivo, pero ha vuelto a reiterar su postura «escéptica» respecto a la eficacia de este paquete fiscal para contener el precio de la luz, ya que las medidas «no resuelven la raíz del problema», siendo necesario actuar sobre el sistema marginalista y el gas de las centrales de ciclo combinado

«Entendemos que el Gobierno se vea abocado más por la presión de la opinión pública que por la eficacia de la medida», sostiene Mollinedo, quien apunta que los poco más de 300 millones de impacto registrado hasta octubre son una «cifra insignificante para la mayor parte de los consumidores y no ha servido para bajar los precios», que han seguido subiendo, aunque no tanto como si los tipos de ambos impuestos mantuviesen su tipo normal.

Además, Mollinedo señala que a las empresas les resulta «indiferente» que haya un tipo normal del 21% o reducido del 10% porque «las empresas no son contribuyentes de IVA, sino los sujetos pasivos que liquidan el impuesto pero lo cargan en sus ventas», por lo que tanto los productores intermedios como la venta final cargan el IVA del consumo de electricidad. En suma, el alza de precio de la electricidad será «soportado por los clientes» con un mayor precio de venta en los productos.

En concreto, los productores (compañías) repercutirán ese mayor gasto por el alza de la electricidad al cliente en los productos más intensivos en consumo eléctrico, como las panaderías, las ganaderías o la producción electrointensiva del aluminio, entre otros, así como tal vez las peluquerías, aunque sobre este sector Mollinedo apunta que el IVA «no es su problema», a pesar de las movilizaciones para su disminución, ya que la mayoría se deducen el IVA, de forma que su principal problema es también el alto coste de la electricidad.

Por ello, en lugar de la rebaja fiscal, Mollinedo aboga por destinar el coste del paquete a distribuir el impacto del coste de la electricidad, mediante un bono eléctrico dirigido a los consumidores más vulnerables, algo que sería «más eficaz» que la rebaja de la mayor parte de la población, ya que supone una cantidad «muy menor» sobre el coste total.

Con todo, en Gestha creen que se cumplirá la promesa de que la media del precio de la factura de la luz sea similar a la de 2018 realizada por el Gobierno, ya que el alza del precio de la electricidad afecta a una parte menor de los consumidores, los acogidos a la tarifa regulada (PVPC), mientras que los del mercado libre tienen fijado precios más estables, y el coste diario hace media ponderada entre ambos.

Medidas alternativas

Entre las opciones alternativas, Gestha aboga por revisar el sistema marginalista, aunque Bruselas ha tumbado la propuesta de España para hacer compras conjuntas de gas en picos del mercado para abaratar el precio del mismo. Mollinedo ha apuntado a los denominados «beneficios caídos del cielo», planteando recaudar una parte de dichos beneficios a través del Impuesto de Sociedades. El sindicato ya propuso aumentar el tipo impositivo 5 puntos para esos beneficios y lograr una recaudación que podría ir a los colectivos más vulnerablefs.

Entre otras propuestas, señala el cambio de las reglas de fijación de precios, la suspensión temporal de las operaciones de futuros sobre los derechos de emisión de CO2, la realización de exámenes exhaustivos del mercado eléctrico por la CNMC o el fomento de las pequeñas instalaciones de energías renovables, para el autoconsumo de empresas, particulares y pequeños núcleos poblacionales.

«La unión de pequeños productores junto con el autoconsumo se puede impulsar a través de programas y con apoyos fiscales para la inversión inicial en las comunidades de vecinos, lo que lograría que haya una menor demanda de energía en la producción de energía eléctrica con centrales de ciclo combinado, que alcanza el 30% cuando era antes de en torno al 10%, lo que podría recbajar los precios del gas y por ende de los de la electricidad en medio plazo, de entre dos y tres años conforme se acometiesen las instalaciones.

En línea con los postulados de Ampier, reclama la «democratización» de la producción de energía eléctrica para no depender de las grandes empresas de producción, de forma que se aumente el número de productores para aumentar la competencia frente al mercado «oligopolístico» actual y se logre una mejora del precio al haber más competencia. Muchas de estas propuestas, valora, se contemplan en el proyecto de ley para reformar los derechos de emisión de CO2 que ha planteado el Ministerio de Transición Ecológica.

Bajada del IVA a mascarillas otro semestre: 82 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció también la semana pasada que el Gobierno a probará antes de que finalice el año un real decreto ley para mantener el IVA superreducido del 4% de las mascarillas quirúrgicas en España hasta al menos el primer semestre de 2022 en el que la mascarilla “seguirá siendo obligatoria”.

El 19/11/2020 entró en vigor la rebaja de tipos en el IVA (al 4% para las mascarillas quirúrgicas cuando el destinatario es distinto de los que se benefician del tipo del 0% en material sanitario para combatir la Covid.

Con arreglo a la última estadística de la recaudación, el impacto de la rebaja del tipo en mascarillas quirúrgicas ha sido de 117 millones en la recaudación de enero a octubre de 2021.

Por tanto, los técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que la prórroga de la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas de noviembre de 2021 hasta el primer semestre de 2022 podría suponer un impacto de otros 82 millones, de seguir consumiéndose el mismo número de mascarillas quirúrgicas que hasta la fecha.