El Gobierno justifica la mayor inversión en Cataluña por su «déficit» en infraestructuras
La ministra de Transportes ha justificado la mayor inversión en Cataluña con la necesidad de corregir el déficit de infraestructuras, y solo ha precisado que se destinarán 983 millones para Rodalíes, las Cercanías catalanas
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha justificado la mayor inversión real destinada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2022 y de su Ministerio a Cataluña con la necesidad de corregir el «déficit» de infraestructuras en la región, si bien no ha precisado en detalle los 3.000 millones de inversión de su departamento en la región.
Así lo ha señalado en la rueda de prensa para detallar los Presupuestos del Ministerio para 2022, que gestionará 16.286 millones de inversión, un 17% más y una cifra récord equivalente al 1,3% del PIB y el 40% de la inversión total recogida en los Presupuestos.
Sánchez ha subrayado que la inversión del Ministerio recogida en los Presupuestos para Cataluña se aproxima a los 3.000 millones y ha defendido que la mayor inversión en el Ministerio se ha estimado «desde el rigor y el análisis de las necesidades».
Inversión para «atender necesidades» y «corregir el déficit en infraestructuras»
«La inversión histórica nos permite corregir el déficit de infraestructuras existente, que es una realidad», ha justificado Sánchez, quien ha negado que el reparto se haga atendiendo a «criterios políticos», sino a «necesidades reales de los ciudadanos».
Ante las críticas realizadas por comunidades menos favorecidas en las cuentas, como la Comunidad de Madrid, Sánchez ha rechazado realizar «comparaciones», y ha recordado que los PGE suponen un incremento en la región madrileña del 42,5% respecto a las últimas cuentas públicas aprobadas por el anterior Gobierno del PP.
El proyecto de Presupuestos recoge una inversión real de 2.430,74 millones de euros para Cataluña, el 18,7% del total, seguida de Andalucía, con 2.267,07 millones, el 17,4% del total, frente a la Comunidad de Madrid, con 1.151,46 millones, el 8,9% del total. La inversión en Cataluña sube un 6% y baja un 8,4% en Madrid.
Más del 30% se destina a Rodalies
Aunque la ministra no ha dado detalle pormenorizado de los 3.000 millones de euros de inversión de su Departamento en Cataluña, sí ha concretado que se destinarán 983 millones para Rodalies, las Cercanías de las región y uno de los puntos claves en las negociaciones presupuestarias.
En concreto, el Ministerio invertirá 983 millones a Rodalies, de los que 679,11 millones son inversiones de Adif, 164,2 millones de Renfe para mejora y renovación de trenes y estaciones y una dotación de 109,9 millones para otras actuaciones.
Al mismo tiempo que la ministra ofrecía la rueda de prensa, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha precisado también que la inversión en Rodalies pasa de poco más de 500 millones en 2021 a 680 millones en 2020, lo que supone el 30% de todas las inversiones en Cataluña. A ello se suman 135 millones para compra de material o 270 millones para AVE.
Sobre Renfe ha apuntado que tiene previsto adquirir más trenes para mejorar el servicio de Cercanía, aunque ha recordado que la Generalitat adeuda 80 millones de euros a la compañía pública por un exceso en la prestación de servicios. Por provincias, Barcelona recibirá 1.765 millones de los 2.230 millones de inversión, el 79% del total, mientras que Tarragona 281 millones, Girona 108 y Lleida 76 millones.
Competencias de Rodalies
Ante la reclamación de ERC de mayores competencias en Rodalies, Sánchez ha precisado que todavía se tiene que definir la forma en la que el Estado transferirá los fondos a Cataluña para gestione sus Cercanías, con el fin de que sea la Generalitat la que pague directamente los servicios.
ERC exige también al Ejecutivo central que le transfiera material rodante y personal, si bien Sánchez no ha respondido a si se producirán más cesiones, aparte de la transferencia de los fondos que se aborda en el grupo de trabajo creado en el marco de la comisión mixta. «Antes de abrir estos debates tenemos que resolver esto (la transferencia de recursos financieros)«, ha dicho.
La titular de Transportes ha vuelto a afear las críticas de la Generalitat por el perjuicio de la huelga de maquinistas señalando que aprovechó «muy desafortunadamente y extemporánea» para atacar un servicio que se presta por parte de Renfe en Cercanías pero que también «hay una parte de responsabilidad de la Generalitat».
Transportes gestionará el 40% de la inversión que creará 350.000 empleos
Los Presupuestos de 2022 recogen una inversión pública récord de 43.419 millones de euros entre inversiones reales y transferencias de capital, un 10,5%. De esa inversión récord, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana gestionará el 40%, es decir, 16.286 millones, un 17% más. Su presupuesto es de 19.328 millones, un 15% más y el más ambicioso de los últimos 12 años, ha destacado Sánchez.
La ministra ha destacado que las nuevas cuentas de su departamento buscan consolidar la recuperación y la inversión recogida inducirá la creación de 350.000 empleos, sobre todo en sectores como el de la rehabilitación energética e inversiones sostenibles. El Ministerio gestionará 16.773 millones del Plan de Recuperación (de ellos ha activado ya 8.031 millones), pero en los PGE de 2022 se consignan 6.505 millones.
El ferrocarril lidera las inversiones con 6.743 millones (+14%), priorizan las inversiones en infraestructuras de red convencional y Cercanías, con 2.833 millones (+55%); 2.591 millones en Alta Velocidad y 914 millones en Renfe.
Para Carreteras se presupuestan 2.463 millones, un 5,2% más, incrementando sobre todo la inversión en conservación, hasta el máximo histórico de 1.371 millones, un 11% más. Las inversiones en transporte aéreo serán de 832 millones, incluyendo el DORA 2022-2026, y para el transporte marítimo se consignan 1.033 millones.
20.000 nuevas viviendas asequibles
Por último, para Vivienda y Agenda Urbana se destinan 3.290 millones, lo que supone un aumento del 46%, para la creación de «un verdadero parque de vivienda de alquiler social y para la rehabilitación de nuestro parque edificatorio como pieza clave en la reactivación económica y su capacidad de creación de puestos de trabajo».
Con esta inversión en vivienda el Gobierno pretende seguir contribuyendo a su objetivo de impulsar en el mercado hasta 100.000 inmuebles para el año 2030, de las que la mitad serán de titularidad públicas en manos de comunidades, ayuntamientos. y la empresa pública Sepes y el resto procederán del sector privado.
Fuentes del Ministerio señalan que ya hay negociaciones con fondos de inversión para que cedan hasta 30.000 viviendas con el fin de que salgan al mercado con alquileres asequibles. Entre lo consignado en el Presupuestos y las previsiones comprometidas y ejecutadas en el Plan Estatal de Vivienda se podrán en el mercado unas 2.000 viviendas en 2022 para alquiler asequible.
Las 20.000 viviendas sociales se construirán entre 2022 y 2023, ya que el próximo año las cuentas públicas contemplan 500 millones para este tipo de vivienda y en las de 2023, se incluirán otros 500 millones.
Bono joven desde enero también para jóvenes ya emancipados
Con todo, de la partida de 3.290 millones unos 2.000 millones se destinan a programas de rehabilitación y el resto a vivienda social: Plan de vivienda para el alquiler asequible (663 millones), Plan Estatal de Vivienda (422 millones) y el bono de vivienda para jóvenes (200 millones).
Sobre este bono, de 250 euros durante dos años destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros (3 veces el IPREM), ha precisado que se beneficiarán unos 70.000 jóvenes, aunque sumado a otras subvenciones del Plan Estatal de Vivienda y de las CCAA se podrán beneficiar 100.000 jóvenes.
El bono joven entrará en vigor con la aprobación de los Presupuestos en el BOE, el próximo 1 de enero de 2022, y además de a los jóvenes trabajadors que quieran emanciparse también beneficiará a jóvenes que ya viviesen fuera de la casa de sus padres.
La titular de Transportes también ha adelantado este miércoles en TVE que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del 26 de octubre la nueva Ley de Vivienda, que incluye el bono joven y habilita a CCAA y ayuntamientos a limitar los precios de alquiler de grandes propietarios (10 o más viviendas) en zonas tensionadas mediante un índice de referencia, y una fórmula de congelación de precios para los particulares, junto a incentivos fiscales para poder reducir los precios.
Para ello, Transportes se ha dado un plazo de 18 meses para establecer un índice de precios, ya que el actual se hace a un año vencido al coger datos fiscales. Con la entrada en vigor de la Ley se fijarán bonificaciones fiscales de hasta el 50% para propietarios que congelen o disminuyan precios y se reservará el 30% de todas las viviendas para vivienda protegida, la mitad de ellas, el 15%, a alquiler social.