Pinchazo fiscal: El Gobierno fracasa en su plan para una imposición ‘verde y social’

La coalición del Gobierno alcanzó La Moncloa con la promesa de aplicar una gran modernización política, fundada en la justicia social y la sostenibilidad. Queriendo dejar atrás la ‘ranciedad’ anterior, se prometió una “nueva fiscalidad para el siglo XXI”, que atara en corto a los ricos; pasara cuentas a los poderes globales y contribuyera impositivamente al medioambiente, la diversidad y la salud. Sin embargo, un análisis de las grandes promesas fiscales y su evolución en la primera mitad de legislatura dibujan más voluntarismo que realidad, y más relato que verdadera política pública.

Así se desprende del análisis sobre las iniciativas fiscales que se prometieron y su situación actual. Es el caso de las principales medidas de redistribución fiscal a las empresas como la Tasa Tobin y la Tasa Google, que se han quedado muy lejos de su objetivo, o de la llamada fiscalidad verde, como el impuesto a los plásticos o al diésel, que nunca llegó a ver la luz.

Todo ello no solo ha terminado demostrando la irrealidad del relato fiscal del Gobierno PSOE-Podemos, sino que ha provocado una ‘huida hacia adelante’, con el consiguiente desvío a la baja de la recaudación fiscal y el mayor desequilibrio de las cuentas públicas: para el ejercicio 2021, la previsión de ingresos será un 55% menor a la inicialmente estimada, fomentando un ‘agujero’ de casi 1.800 millones de euros.

El pinchazo de las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’: Hacienda admite sus «errores»

Quizás el ejemplo más evidente y palpable del fallido voluntarismo fiscal del Ejecutivo sea el fiasco que han supuesto dos de sus principales cartas fiscales, las polémicas y conocidas como tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, impulsadas por el Gobierno a pesar del debate internacional para su instauración, y a pesar de las represalias a modo de aranceles fijadas por Estados Unidos.

La liquidación de ambos tributos tuvo que retrasarse para culminar los modelos de autoliquidación y las previsiones respecto a al alcance de ambos tributos ha arrojado unos resultados recaudatorios muy alejados respecto a las previsiones iniciales. Así, la conocida como ‘tasa Tobin’, aplicada a las transacciones financieras, ha dado como resultado una recaudación de 209 millones hasta septiembre, algo menos de un 25% de los 850 millones previstos inicialmente.

En el caso de la ‘tasa Google’, el fracaso ha sido aún más flagrante, con unos ingresos de 93 millones en sus nueve primeros meses, menos de un 10% respecto a los 968 millones calculados por Hacienda en un principio.

Tal ha sido el chasco que Hacienda se ha visto obligada a reformular en los Presupuestos de 2022 sus previsiones y ha reducido la recaudación prevista para la ‘tasa Tobin’ a 340 millones este año y a 372 millones en 2022, al tiempo que la ha disminuido en el caso de la ‘tasa Google’ a 155 millones este año y 225 millones el próximo ejercicio. La AIReF augura pese a esta rebaja una menor recaudación, de 287 y 380 millones en el caso del impuesto sobre las transacciones financieras y de 140 y 203 millones en el caso del gravamen digital.

El propio director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, admitió esta semana “errores” en el cálculo realizado sobre los nuevos tributos por «errores de cálculo» y una menor afectación y alcance a nivel de número de empresas del que se pronosticaba inicialmente.

En el caso de la tasa ‘Google’, detalló que el principal “error” ha sido la utilización de un método de cálculo inicial equivocado, mientras que el fallo con la ‘tasa Tobin’ está siendo que el umbral de cotización en un año «malo» marcado por la pandemia han cumplido menos empresas de las previstas, a lo que se suma que el volumen de la operatoria bursátil ha sido inferior y el incremento de las operaciones intravía y de contratos de descuento que no tributan. La tasa Google, sea como sea, pasará a mejor vida en 2023.

Fiscalidad verde

A su vez, se ingresará menos de lo previsto en fiscalidad medioambiental (ingresos totales de 1.300 millones). El ‘fiasco’ de los impuestos ‘verdes’ se debe a la no haber entrado en vigor el nuevo impuesto sobre plásticos de un solo uso, que se encuentra en trámite y que el Ejecutivo estima que aportará 491 millones en 2022, frente a los 188 millones que calcula AIReF.

Cabe recordar que al retraso del nuevo tributo a los plásticos se suma el freno político dado al alza del diésel previsto por el gobierno para equiparar su fiscalidad a la de la gasolina bajo el argumento de la contaminación, un incremento que por exigencias del PNV tampoco entró en vigor, lo que ha supuesto una merma de ingresos respecto a lo previsto inicialmente en los presupuestos.

IRPF, IVA de refrescos o primas

La búsqueda constante de Unidas Podemos de elevar los impuestos a los ricos se saldó con una subida de tipos en el IRPF de dos puntos para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, elevando el tipo marginal del 45% al 47%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, pasando del 23% al 26%, con una afectación a 36.194 contribuyentes. Su aportación será de 144 millones este año y 490 millones en 2022, y podría ser aún mayor, según la AIRef.

Asimismo, la limitación de la exención a dividendos y plusvalías en el Impuesto de Sociedades aportará los 173 millones previstos, en tanto que la subida de los tipos a las bebidas azucaradas aportará 190 millones este año y 225 millones en 2022, según el Gobierno. AIReF lo eleva incluso a 257 y 309 millones, respectivamente.

Montero defendió para este gravamen que su finalidad no era recaudatoria, sino por motivos de salud y bajo recomendaciones de las autoridades sanitarias, aunque es indudable que engrosará también las arcas fiscales con una medida que afecta de pleno a todos los estratos sociales sin distinción de renta.

Los desajustes en los ingresos también se explican por las medidas aprobadas por el alza de la luz, como la reducción del IVA de la electricidad, que restará 565 millones este año y 310 millones en 2022, calcula el Ejecutivo, así como por la reducción del impuesto sobre electricidad, que supondrá un impacto recaudatorio de 303 y 107 millones en cada ejercicio.

A todo ello se suman las medidas Covid, como la bajada del IVA a las mascarillas o de otro tipo que restarán en el IVA 400 millones este año, en tanto que el incremento del 6% al 8% del impuesto sobre las primas de seguros aportará 455 millones y 507 millones en cada año.

Un 55% menos de la recaudación prevista

Los resultados finales de los nuevos tributos creados por el Gobierno de forma cuasi unilateral y con el rechazo de buena parte de los afectados (grandes multinacionales tecnológicas, banca y otros sectores) y los obstáculos políticos en la fijación de muchas de estas medidas han echado por tierra el voluntarismo fiscal del Ejecutivo y las alharacas de Montero, al haberse producido una concatenación de sucesos que han desbaratado las pretensiones iniciales.

Lo más notorio es que los cambios normativos y de gestión aprobados en los Presupuestos de 2021 apenas tendrán incidencia en la variación de los ingresos, ya que las nuevas medidas aumentarán los ingresos en algo más de 1.450 millones de euros, lo que supone alrededor de un 55% menos de lo esperado por la subida de impuestos de este año para la que Hacienda proyectaba unos 3.230 millones de ingresos, sumando efectos diferidos en los ejercicios sucesivos de un total de 6.085 millones.

Desviación de ingresos

Todos los años se cierne sobre los proyectos presupuestarios de los Gobiernos la sospecha de una posible desviación de las cifras recogidas en las cuentas, unos números que vigilan con una lupa los organismos supervisores y fiscalizadores e igual de minuciosamente la oposición.

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda, ha defendido desde su andadura el «realismo» y la «prudencia» de sus previsiones macroeconómicas y fiscales, sin embargo la radiografía fiscal de las cuentas públicas parece demostrar todo lo contrario.

La ejecución presupuestaria está reflejando unos ingresos ‘hinchados’ en los Presupuestos de este año. El propio Gobierno se ha visto obligado a admitir en público una desviación recaudatoria de 7.000 millones, y el propio ‘libro amarillo’ de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, actualmente en tramitación parlamentaria, admite que la recaudación de Hacienda de este año, 2021, concluirá con peores datos de los previstos.

Con los últimos datos disponibles, el Ejecutivo admite que de la comparación entre la recaudación estimada para 2021 respecto a la que se preveía en los Presupuestos para el ejercicio, los ingresos serán inferiores en 3.625 millones en relación a los presupuestados.

Los factores: subida descafeinada y medidas de la luz

Muchos son los factores que explican esta desviación de ingresos respecto a lo consignado en los Presupuestos, si bien las principales razones que explican este desvío son básicamente tres. El primero es el menor ritmo de recuperación de los ingresos ligados al gasto, puesto que la previsión para el gasto en consumo final nacional en los Presupuestos anteriores para 2021 era del 8,3% y ahora se estima que solo será del 6,4%.

A ello se suma de forma destacada los menores ingresos por cambios normativos (algunos todavía no han entrado en vigor) y el impacto negativo de las medidas destinadas a reducir el coste de la electricidad. Esas medidas aprobadas por el Gobierno ante el elevado precio de la electricidad incluyen la rebaja del tipo en el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad y la supresión de un trimestre del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, aprobadas a lo largo del año y que, por lo tanto, no estaban contempladas en los PGE de este año.

Se añade que se ha producido algún elemento que ha elevado los ingresos previstos, como es la entrada de más fondos europeos de los incluidos en los presupuestos del año pasado, con un total de 9.300 millones frente a los 6.800 que se esperaban inicialmente.

Con todo, los ingresos no financieros totales en 2021 se elevarán hasta los 252.006 millones, lo que supondrá un 13,5% (29.895 millones) más que en 2020, según el Gobierno por la reactivación económica y la llegada de los primeros fondos europeos de recuperación por importe de 9.300 millones de euros. Los ingresos tributarios aumentarán un 10,8%, hasta los 214.995 millones, y los no tributarios un 31,9%, hasta 37.011 millones.