La reforma de la tarifa regulada de la luz pierde fuerza al prorrogar la ‘excepción ibérica’ solo ocho meses

A la cuarta puede ir la vencida; aunque tampoco es seguro. El Gobierno ha dado tres marcos temporales para la reforma del mercado eléctrico español, y ninguno se ha cumplido. En concreto, se trata de la tarifa regulada (PVPC). Algo que era un compromiso con Bruselas para que se diese validez a la ‘excepción ibérica‘. Finalmente, y ante los vaivenes de la situación -donde se ha ampliado este tope, pero no todo lo previsto-, empieza a ser probable que todo termine en una reforma de mínimos, no mucho más allá del anteproyecto que existe.

La primera fecha fue octubre de 2022. España se comprometió a acometer la reforma del PVPC como acción en paralelo para introducir el tope del gas. Finalmente, cuando se abordó el proyecto, se lanzó otra fecha: 1 de enero de 2023. Tampoco se cumplió. Entonces, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se empezó a hablar de tener todo listo «cuanto antes». Esa referencia, según pudo conocer en su comento ECONOMÍA DIGITAL, era al inicio de la primavera.

Y tampoco ha sucedido. Ahora, por cuarta vez, el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera habla de tenerlo listo de manera inmediata, antes de acabar el primer semestre. Sin embrago, según señalan fuentes del sector a este medio, las fechas siguen sin estar claras; y , lo más importante, la propia reforma está tan condicionada que podría salir con unos cambios mínimos, que es lo que contempla el actual anteproyecto que ya estuvo en periodo de consulta pública.

El problema ha surgido por el marco temporal en el que se puede prorrogar la ‘excepción ibérica’, una situación en la que trabaja el Gobierno, y que este mismo martes se ha resuelto con una ampliación parcial. Pero es que, tal y como aclaró a principios de este año la Comisión Europea, el también denominado mecanismo ibérico solo se puede ampliar más allá de diciembre de 2023 si el organismo comunitario prolonga las medidas económicas de apoyo generadas por la guerra de Ucrania. De este modo, la ampliación que pide España sería tan solo de ocho meses.

Por su parte, el Gobierno español quería, y así lo ha expresado en público, que el tope del gas se prolongara hasta mayo de 2024. Algo que en estos momentos no se puede hacer, y cuyo condicionamiento es importante.

Los vaivenes del mercado

Por si fuera poco, en estos momentos Europa va a iniciar los debates para la reforma del mercado eléctrico en su conjunto. Según fuentes consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, aunque dicha reforma no supondrá cambios directos en los planteamientos tarifarios, al menos sobre eso no hay debate abierto, sí impactaría en los modelos de casación de precios. Algo que, finalmente, puede modificar todo lo demás.

En consecuencia, explican dichas fuentes, desde el Gobierno también son conscientes de esta situación y, por lo tanto, éste sería otro de los motivos por los que se habría tardado tanto en remitir la reforma del PVPC al Consejo de Estado, que tiene que dar su aportación; y para la posterior tramitación.

Otras voces críticas

Además del propio trámite, retrasado ya en cuatro ocasiones, también han surgido voces discrepantes sobre lo que se plantea. En concreto, esta semana se ha conocido que la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha mostrado su desacuerdo con la modificación del Real Decreto Ley 216/2014, del 28 de marzo, en la que se amplía el periodo de transición para que las empresas y/o consumidores no vulnerables puedan adherirse al mercado libre desde un Comercializador de Referencia Energético (COR).

Esto puede provocar que las entidades que tengan contrato en vigor con un COR el 31 de diciembre de 2023, continúen con él hasta su finalización. Una situación que daría lugar a ampliar su contrato de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) hasta un año entero más.

«Entendemos que el periodo transitorio de un año es demasiado amplio y desde luego más que suficiente para que las empresas puedan pasarse al mercado libre. De hecho, esta propuesta regulatoria debería ser más ambiciosa, procediendo a establecer un plan ordenado de paso de la COR al mercado libre para empresas de todos los tipos y para todos los consumidores que no sean vulnerables», comenta Emilio Rousaud, presidente de ACIE.

Ante esta coyuntura, la propuesta de ACIE sería establecer un periodo de seis meses desde la entrada en vigor del proyecto para que las empresas pasen su suministro a mercado libre o se vean penalizadas por el recargo del 20% sobre PVPC en caso de mantenerse con un COR.

Asimismo, la norma debe completarse, al menos, con una planificación indicativa del plan de salida progresiva de consumidores no vulnerables del PVPC por tramos de potencia decrecientes. De lo contrario, se estaría perpetuando en el tiempo con carácter indefinido y no transitorio, sin cumplir el mandato regulatorio impuesto a nivel europeo.

Con todo ello desde la asociación avanzan, también, la necesidad de incluir la fijación de un criterio para que en 2025 los COR atiendan exclusivamente a consumidores vulnerables con PVPC y/o bono social o consumidores que transitoriamente carezcan de un contrato en mercado libre.