Estos son los puntos de la reforma laboral que dificultan el acuerdo
El Gobierno consensúa su propuesta de reforma laboral y flexibiliza su planteamiento en temporalidad para sumar a la CEOE, que mantiene sus líneas rojas, mientras los sindicatos presionan en negociación colectiva
Las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Foto: EFE
Las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la pretendida reforma laboral entran en su recta final tras casi ocho meses de discrepancias y contados avances entre las partes y en el propio seno del Ejecutivo, pero aún sobrevuelan varios puntos calientes y líneas rojas que marcan las partes.
Los principales escollos se centran sobre todo en lo referido a la temporalidad, ante las diferencias sobre las fórmulas para atajarla, como los posibles límites, y en la subcontratación, frente al acercamiento sobre el reequilibrio en la negociación colectiva ante la posible prevalencia del convenio empresarial sobre el sectorial en determinados puntos.
El tiempo apremia para intentar convencer a la CEOE para que se sume al acuerdo con los sindicatos y el Gobierno, que dispone hasta el 31 de diciembre para aprobar la reforma laboral tal y como se comprometió con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, algo que intentará lograr por la vía rápida del real decreto-ley.
Los contactos entre el Gobierno, principalmente el Ministerio de Trabajo que lidera las negociaciones, con la patronal y los sindicatos son constantes y el Ejecutivo está flexibilizando sus posturas iniciales para tratar por todos los medios de sumar a CEOE ante las advertencias de Bruselas.
Esta misma semana el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Shinás, avisó a España de que para que la reforma laboral sea efectiva y perdure en el tiempo necesita contar con todos los acotes económicos españoles, lo que incluye el sello empresarial de la CEOE.
En ello se está afanando especialmente la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y se ha sumado tras cerrar la crisis de Gobierno la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con constantes apelaciones de ambas a la patronal para que se sume al acuerdo y con conversaciones tratando de lograr un equilibrio y un punto medio en el que coincidan todas las partes.
El Ejecutivo trabaja a contrarreloj tras haber logrado solventar la crisis interna de Gobierno que se saldó primero con acuerdo para mejorar la coordinación con una reunión de coordinación gubernamental el martes, otra técnica los miércoles por la mañana y otra de coordinación a la tarde, incluyendo a otros ministerios, como el de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
El pasado martes PSOE y Unidas Podemos lograron otro acuerdo para proceder a la “derogación de reforma laboral del 2012” del PP en los términos del acuerdo de coalición y el compromiso pactado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, es decir, en parte y no de forma completa. Calviño presiona para cerrar la reforma con el fin de poder recibir el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos pendientes para este año.
El principal escollo: la temporalidad
Tras estos acuerdos las desavenencias en la coalición tras la denuncia de Unidas Podemos de «injerencias» de Calviño en la negociación por un mensaje pidiendo mejorar la coordinación parecen haberse solventado. La propia Yolanda Díaz ha admitido que la derogación de la reforma laboral que lleva propagando durante meses no es «técnicamente» viable y PSOE y Unidas Podemos aúnan criterios.
Sin embargo, los escollos en la negociación perduran, sobre todo en lo referido al ámbito de la temporalidad, en el que el Ministerio de Trabajo se ha abierto a flexibilizar su propuesta inicial de un límite del 15% con otras fórmulas que presentará el próximo miércoles en la nueva reunión de la mesa para la modernización del mercado de trabajo, según confirman fuentes ministeriales a Economía Digital.
Previamente, el martes por la tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas Calviño y Díaz, concretarán esas propuestas, junto a otros ministros, como el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de Hacienda, María Jesús Montero, de Educacón, Pilar Alegría, y previsiblemente la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, apuntan desde Moncloa a este medio.
En la última reunión de la mesa técnica del pasado miércoles, se abordó lo referido al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores sobre la duración del contrato, de manera monográfica, y el Ministerio de Trabajo se abrió a variar el límite del 15% de temporalidad en la plantilla que había planteado.
Fuentes gubernamentales señalan que Trabajo contempla diversas fórmulas para controlar el uso abusivo de los contratos eventuales, como la posibilidad de un límite general, aunque esta idea inicial podría tornarse a una fijación de topes por sectores.
Lo cierto es que la propuesta de un límite del 15% generalizado a todos los sectores fue rechazada frontalmente por la CEOE, que se llegó a plantar en la mesa de negociación antes de la crisis de Gobierno desatada, llegando a calificar de «ideológica» la propuesta de Trabajo.
Fórmulas alternativas: las ETT y la modalidad de fijo-discontinuo
El nuevo planteamiento pasa por establecer un porcentaje máximo pero no generalizado e igual para todos los sectores, sino que se fijaría por ramas a través de la negociación colectiva, algo que fuentes de la patronal señalan a este medio que ven con mejores ojos al considerar que la limitación no puede ser indiscriminada, sino modularse por sectores.
También reprochan que el sector público presenta una temporalidad del 30,4%, por encima del 22% del sector privado, por lo que exigen que se adopten medidas para atajar primero el mayor problema de temporalidad originado por las administraciones públicas.
En el marco de las propuestas que vislumbra Trabajo se encuentran la de que las empresas de trabajo temporal (ETT) contraten a una parte de sus trabajadores, alrededor de 300.000 del millón de trabajadores que gestionan estas agencias de colocación, bajo la modalidad de fijo-discontinuo y no como temporales
Igualmente, se baraja la posibilidad de convertir el contrato de obra en la construcción que afecta a unos 800.000 trabajadores en indefinido. Otras propuestas de Trabajo durante las negociaciones pasan por poner fin al contrato de obra y servicio y fijar un límite de un año a los contratos temporales.
Prevalencia del convenio sectorial en algunos puntos
El otro principal escollo que casi con toda seguridad se incluirá en la reforma laboral, tras haber sido aceptado y defendido ya por la vicepresidenta Calviño, por supuesto por los sindicatos y en parte por la patronal, es modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para devolver la prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa para fijar las condiciones salariales mínimas con el fin de acabar con la precariedad.
En concreto, el Gobierno plantea que el contrato sectorial fije una base para el salario, sobre todo en el ámbito de las subcontratas y las empresas multiservicios, que son las que presentan salarios más bajos, aunque dejando que el convenio de empresa pueda dar la flexibilidad necesaria para el resto de elementos.
En la práctica esto supone derogar uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral del PP de 2012, norma en la que se dio prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial.
En detalle, el convenio sectorial pasaría a regular la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, así como la retribución y la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada.
Sí seguiría prevaleciendo el convenio de empresa en la elección entre abono o la compensación de las horas extraordinarias y en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones, salvo en los supuestos citados.
CEOE no se opone a que el convenio sectorial prime para fijar salario o condiciones laborales, pero pelea porque siga dominando el convenio de empresa en cuestiones relativas a horarios o manejo de las plantillas.
Los sindicatos amenazan con que no suscribirán «ningún acuerdo» de la reforma laboral si no se logra un «reequilibrio» en la negociación colectiva, tal y como han avisado los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Las mejoras en la negociación colectiva se deben sustanciarse en que, por ejemplo, los convenios de empresas no puedan rebajar los sueldos pactados en los convenios de los sectores.
Vuelta a la causalidad y posibles sanciones
Fuentes gubernamentales y del diálogo social confirman a Economía Digital que las partes negociadoras coinciden en la necesidad de recuperar la causalidad en los contratos, de forma que el contrato ordinario sea el indefinido, y por tanto la modalidad contractual más habitual.
La recuperación de la causalidad supondría que los contratos temporales sean una excepción sujeta a “causalidad”, de forma que para su formalización las empresas tengan que justificar por qué es necesario recurrir a la modalidad temporal y no a la indefinida.
Trabajo y sindicatos también coinciden en la necesidad de fijar sanciones a las empresas que abusen de la temporalidad en aras de evitar una competencia desleal, si bien este aspecto está aún por determinarse con la CEOE.
Los sindicatos (UGT y CCOO) reclaman también un reforzamiento de la Inspección de Trabajo, con más medios humanos y técnicos, y presionan para incluir las sanciones a las empresas que incumplan la norma mediante una tabla de sanciones, al considerar que sin ellas no se podrá evaluar si se logra reducir la precariedad.
Alejados en subcontratación y ultraactividad
Sin duda otro de los principales puntos calientes es el de la subcontratación, una línea roja para la patronal frente a la intención de Díaz y los sindicatos de limitarla.
Trabajo impulsaba la regulación legal de la subcontratación de servicios entre empresas, mediante la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de establecer que la contratación y subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa no puede justificar la celebración de contratos temporales.
El Ministerio de Trabajo plantea que exista una responsabilidad subsidiaria de la empresa principal en caso de que la actividad desarrollada por la empresa contratista o subcontratista no forme parte del ciclo productivo de la empresa principal.
Asimismo, el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata, pero si ya cuenta con convenio propio éste podrá ser el que se aplique siempre que garantice al menos los mismos derechos que el convenio sectorial de referencia
El Ministerio de Trabajo plantea que exista una responsabilidad subsidiaria de la empresa principal en caso de que la actividad desarrollada por la empresa contratista o subcontratista no forme parte del ciclo productivo de la empresa principal.
Asimismo, el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata, pero si ya cuenta con convenio propio éste podrá ser el que se aplique siempre que garantice al menos los mismos derechos que el convenio sectorial de referencia.
Las diferencias también persisten ante la intención de Trabajo de recuperar la ‘ultractividad’ que suprimió la reforma laboral de 2012 y rechazan los empresarios. Así, en los casos en los que no se acuerde entre las partes un acuerdo sobre el convenio colectivo una vez transcurra un año desde la denuncia del convenio, éste mantendrá su vigencia.
Lo que se queda fuera de la reforma laboral: indemnizaciones
Con todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha dejado claro también que en la reforma laboral no se van a modificar las condiciones de despido, uno de los aspectos más polémicos de la anterior reforma laboral del PP, que rebajó de 45 a 33 días por año trabajado la compensación por despido improcedente.
Esto refleja que la derogación de la reforma laboral quedará lejos de las pretensiones iniciales de los sindicatos, ya que además de no tocarse las indemnizaciones por despido tampoco se incluirá la eliminación de la autorización laboral de los despidos colectivos (expedientes de regulación de empleo) aprobados hace casi una década.
