PSOE y Podemos llegan a un acuerdo en los Presupuestos y la Ley de Vivienda
El PSOE y Unidas Podemos han logrado un acuerdo para los Presupuestos de 2022 y para desbloquear la nueva Ley de Vivienda, el principal escollo en las negociaciones
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en Moncloa. // EFE
El Gobierno de coalición ha alcanzado un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tras haber logrado el PSOE y Unidas Podemos un consenso en en seno del Ejecutivo en relación a la nueva Ley de Vivienda, el principal escollo en las negociaciones entre los socios de la coalición.
Fuentes gubernamentales han confirmado el pacto entre las facciones del Ejecutivo alcanzado tras largas horas de negociación entre los equipos negociadores dirigidos por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
No obstante, el acuerdo no será aprobado en el Consejo de Ministros de este martes 5 de octubre, sino que será validado oficialmente o en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a finales de esta semana o ya el próximo lunes, día 11, puesto que el martes es festival nacional al celebrarse el Día de la Hispanidad.
El Ejecutivo de coalición ha tenido que retrasar unos días por encima de lo previsto inicialmente –el 30 de septiembre, como marca la Constitución– la aprobación de las nuevas cuentas públicas en el Consejo de Ministros ya que no lograba cerrar el acuerdo por las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos en torno a la Ley de Vivienda y en materia fiscal por el Impuesto de Sociedades.
El PSOE y Unidas Podemos comenzaron a principios de verano a negociar los detalles de las nuevas cuentas públicas y a lo largo de estos meses han trabajado para acercar sus posturas alejadas sobre todo en materia de vivienda, y para intentar recabar el apoyo de otras formaciones, como ERC, PDeCAT; PNV, Compromís, Más País o EH Bildu, en línea con el respaldo del año pasado.
Desbloqueo de la Ley de Vivienda: límite al alquiler también en grandes propietarios
El escollo de la Ley de Vivienda ha sido tal que ha provocado el retraso en la presentación de las cuentas públicas, hasta tal punto que Podemos y los socios del Gobierno presentaron la semana pasada una ley de vivienda alternativa ante el bloqueo de a negociación con el PSOE.
La formación ‘morada’ había puesto como condición para dar su apoyo a las nuevas cuentas públicas la regulación del precio de los alquileres en el marco de la nueva Ley de Vivienda, cuya aprobación se viene postergando desde el mes de febrero inicialmente previsto.
De hecho, la reunión mantenida ayer, lunes, al más alto nivel entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el titular de Presidencia, Félix Bolaños, no sirvió para desbloquear la Ley de Vivienda, si bien los partidos han estado negociando durante la noche y la mañana de este martes y han logrado el acuerdo. Unidas Podemos rebajó su exigencia de acompañar los Presupuestos de un límite general de los precios del alquiler al proponer regular solo el de los grandes tenedores.
Tras un año sin avances, pese a ser el preacuerdo de esta norma el que propició el consenso para los Presupuestos de 2021, en el seno del Gobierno han acercado posturas y han consensuado habilitar a las CCAA que lo deseen aplicar la limitación de precios de alquiler tanto a grandes propietarios, aquellos con 10 o más viviendas, como a pequeños propietarios.
En concreto, se regulará el precio del alquiler para disminuir los precios de las viviendas arrendadas de grandes propietarios mediante índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionados, mientras que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de congelación de precios e incentivos fiscales para poder reducir los precios.
Habrá incentivos de hasta el 90% en la Renta a propietarios que abaraten alquileres, así como un bono joven de vivienda de 250 euros al mes durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros.
También figurará el recargo de hasta el 150% en el IBI en los casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos y en materia del parque público de alquiler se reservará el 30% de todas las promociones para vivienda protegida. De este porcentaje, la mitad para alquiler social.
Tipo mínimo del 15% en Sociedades
Otra de las principales desavenencias en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos ha versado sobre el tipo mínimo del 15% en Sociedades reclamado por la formación ‘morada’, y que se recogerá en los PGE en línea con el acuerdo internacional de la OCDE, el G7 y el G-20, en donde previsiblemente se ratificará a finales de octubre en Roma.
Las facciones gubernamentales han acordado fijar un tipo del 15% sobre en el Impuesto de Sociedades para las empresas de mayor tamaño. De aplicarse sobre la base imponible en la práctica no tendría gran impacto ya que las empresas españolas ya pagan un tipo efectivo de Sociedades del 20,7% sobre base imponible, según los últimos datos de la Agencia Tributaria de 2020, mientras que abonan un 8,8% sobre resultado contable.
Sin perjuicio de la reforma fiscal en profundidad que se acometerá una vez que se disponga en febrero de 2022 del dictamen final del comité de expertos designado por el Gobierno, el acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos recogía la reforma de Sociedades para garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones y del 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, rechazó la semana pasada esta posibilidad y tildó de “demagógico” el discurso del Gobierno sobre los impuestos que pagan las compañías.
Subida de salario de funcionarios y pensiones
Precisamente en la mañana de este martes la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, ha trasladado a los sindicatos del área pública (CSIF, CCOO y UGT) en la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas una subida salarial del 2% para los funcionarios en 2022.
También recogerán los Presupuestos de 2022 una tasa de reposición de más del 100% para todas las categorías y plazas, por lo que se volverá a crear empleo público neto, ya que se sustituirán todas las jubilaciones o bajas y además se generarán plazas de empleos en las administraciones.
La tasa ordinaria de reposición del 105%, que se elevaría al 115% en sectores prioritarios, y al 120% en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración local.
Además, las pensiones se revalorizarán con arreglo al IPC y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya avanzó la semana pasada que las pensiones mínimas y no contributivas que obtienen 2,6 millones de pensionistas subirán por encima del IPC en 2022, previsiblemente más de un 2%, tal y como pedían los sindicatos y Unidas Podemos.
