PSOE y Podemos inician las negociaciones de los Presupuestos con los mismos escollos
El PSOE inicia este jueves la negociación de los Presupuestos de 2022 con Podemos, que exigirá subir IRPF y Sociedades, aprobar la Ley de Vivienda y ampliar partidas sociales.
Yolanda Díaz junto a Nacho Álvarez (dcha.) y Josep Vendrell (izq.). / EFE
Arrancan este jueves las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para elaborar la propuesta de la coalición de Gobierno del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, si bien las negociaciones no serán fáciles y la formación ‘morada’ reclamará solo que se cumpla lo acordado en el acuerdo de coalición.
Esto pasa por una reforma fiscal que eleve el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros, fije un tipo de Sociedades mínimo del 15%, se apruebe la Ley de Vivienda con la regulación de los precios del alquiler y se amplíen determinadas partidas sociales, por lo que permanecerán prácticamente los mismos escollos que en la negociación de las cuentas anteriores.
Estos serán los principales puntos a tratar entre las facciones de la coalición del Gobierno, que iniciarán la negociación presupuestaria este jueves por la tarde, según han indicado a Economía Digital fuentes conocedoras del proceso.
De nuevo repetirán como encargados de elaborar la propuesta del Gobierno de coalición y de negociar con el resto de partidos la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en nombre del PSOE; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en representación de Unidas Podemos.
En el PSOE y en Unidas Podemos consideran que en otoño de 2022 será más complicado llegar a acuerdos al estar las elecciones generales de 2023 más próximas, y con unos socios del Gobierno que previsiblemente querrán marcar diferencias, por lo que en Moncloa se esforzarán por dejar cerrados los que podrían ser los últimos Presupuestos de la legislatura.
El techo de gasto y el cuadro macro, el punto de partida
El punto de partida de la negociación se produce con la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes con un nivel récord de 196.142 millones para 2022, la base para la elaboración de las nuevas cuentas públicas.
Este ‘techo de gasto’ récord incorpora 25.622 millones millones de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un 2,5% más de anualidad, así como una transferencia de 18.396 millones para la Seguridad Social, un 32,1% más que la transferencia «equilibradora» de 13.929 millones de este año. Los PGE de 2022 serán por tanto los primeros que incorporen este compromiso de que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social para liberar al sistema de gastos impropios y revalorizar las pensiones con arreglo al IPC.
Las nuevas cuentas públicas se sustentarán con unas previsiones de crecimiento del 6,5% este año y un 7% en 2022, cuando el Gobierno cree que se recuperará el nivel de PIB precrisis, en paralelo a unas tasas de referencia del déficit público del 8,4% del PIB este año y el 5% el próximo, en un contexto de suspensión de reglas fiscales.
Con estas cifras, la apuesta del Ejecutivo es clara y pasa por mantener el gasto estructural elevado y la política económica expansiva de cara a las nuevas cuentas públicas del próximo año, fiando la corrección del déficit público en el crecimiento económico al albur de los fondos europeos.
La propia Montero admitió que se trata de un ‘techo de gasto’ “ambicioso” que permitirá absorber la reducción del déficit en estos años e ir en línea con los compromisos adquiridos con la UE, a través de unos Presupuestos que “consolidarán la recuperación, la creación de empleo y apuntalarán el Estado de bienestar”.
Y este ha sido un punto de partida de consenso para los Presupuestos de consenso entre el PSOE y Podemos, ya que en la ‘formación morada’ valora que el techo de gasto mantiene los fuertes estímulos fiscales del año pasado y afianza un «cambio d paradigma», de forma que el Estado garantice la recuperación de la inversión, el empleo y la cohesión social.
Cabe recordar también que el PSOE ha llamado ya a Unidas Podemos para iniciar las negociaciones, mientras que el año pasado. no lo hizo hasta bien entrado septiembre, a pesar de que en verano ya había comenzado los contactos con Ciudadanos.
Reforma fiscal: subir IRPF a rentas altas y Sociedades
En Unidas Podemos creen que al mantenerse el techo de gasto y no ser necesarias tantas inversiones en algunas partidas, como los ERTE al irse superando la pandemia y recuperarse el empleo, se podrán destinar importantes fondos a nuevos usos sociales, ambientales, educativos o industriales.
Según señalan a Economía Digital fuentes conocedoras de las negociaciones, el principal caballo de batalla en los Presupuestos será la reforma fiscal, ante el rechazo de subir los impuestos este año del presidente, Pedro Sánchez, y algunas ministras, como María Jesús Montero y Nadia Calviño, frente a las peticiones de acometer ya la reforma fiscal por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Unidas Podemos va a reclamar en las negociaciones, una vez más, que se cumpla lo acordado en el acuerdo de coalición suscrito a finales de 2018 entre PSOE y Unidas Podemos, y por ello batallará para que vea la luz la reforma fiscal, aunque algunas fuentes del partido ven difícil poder conseguirlo.
Así las cosas, Nacho Álvarez planteará para elaborar los Presupuestos que, conforme a lo recogido en el acuerdo de coalición, se incremento en dos puntos la tributación del IRPF para las personas con rentas superiores a 130.000 euros anuales, y en cuatro puntos para los de más de 300.000 euros, lo que apenas afectaría a un 0,5% de contribuyentes.
Asimismo, volverá a demandar que, en línea con en consenso internacional en la OCDE y el G-20, se establezca una tributación mínima del 15% para las corporaciones en el Impuesto de Sociedades, y del 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
Hacienda descarta la reforma fiscal, salvo «medidas puntuales»
Pero las negociaciones no serán fáciles para el PSOE, ni siquiera con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que reclama que se incluya ya la reforma fiscal en los Presupuestos de 2022, si bien el Ministerio de Hacienda lo descarta, aunque fuentes del departamento de María Jesús Montero confirman a Economía Digital que podrían incluirse “medidas puntuales”.
En Hacienda recuerdan que hay un comité de expertos creado desde el pasado mes de febrero y la intención de Hacienda es esperar a sus conclusiones para poder acometer a futuro una reforma tributaria de calado que podría responder en mayor medida a las peticiones de Unidas Podemos.
El Gobierno dio de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 al Comité de 17 expertos configurado para la reforma fiscal para que presenten sus conclusiones con el fin de impulsar la reforma del modelo tributario español y del sistema de financiación económica.
De hecho, tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han dejado claro en varias ocasiones que «no es el momento» de subir los impuestos y que la pretendida reforma fiscal en profundidad no se acometerá hasta el año que viene, una vez se disponga de las conclusiones de los expertos.
Partidas sociales
Con esos recursos los ‘morados’ creen que se podrán sufragar determinadas partidas sociales que exigirán también de cara a las negociaciones, como extender hasta final de año el llamado ‘escudo social’, cuya última prórroga vence el 9 de agosto, de forma que se amplíe el bono social para vulnerables, la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la extensión de la moratoria de alquiler de la vivienda o la prohibición de cortes de suministro de luz y gas.
Entre otras, también se impulsarán las partidas relativas a la ley de Diversidad Familiar que prepara la ministra Ione Belarra junto a la titular de Igualdad, Irene Montero. Las ministras proponen que los permisos de paternidad y maternidad se amplíen de las 16 semanas actuales a las 24 semanas, es decir, de cuatro a seis meses, así como extender la educación infantil de 0 a 3 años en la red pública de escuelas infantiles.
Además, las mujeres que críen solas a sus hijos podrán disfrutar también de un permiso de paternidad, y no solo del de maternidad como sucede en la actualidad. La norma incluirá una prestación por crianza de carácter universal para las familias en riesgo de pobreza que no cumplan los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital, que no dependerá de la cotización a la Seguridad Social y que será compatible con otras ayudas.
Asimismo, la futura Ley de Diversidad Familiar y Protección a las Familias reconocerá la monoparentalidad como una realidad específica, de forma que las familias con un solo progenitor y dos hijos serán consideradas numerosas, así como las parejas de hecho.
La ley de Vivienda
Otro de los condicionantes para los Presupuestos que marcará Podemos como línea roja es la Ley de Vivienda. El PSOE y Unidas Podemos han retomado los contactos sobre la Ley de Vivienda pero la negociación sigue encallada porque la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, mantiene la postura de su predecesor José Luis Ábalos y rechaza regular los precios del alquiler
Desde la formación ‘morada’ recuerdan que la nueva ministra sí reguló los precios de los alquileres cuando era alcaldesa del municipio barcelonés de Gavá, y es que para Unidas Podemos esta es una línea roja y exigirán que se apruebe la nueva Ley de Vivienda antes de apoyar los nuevos Presupuestos de 2022, tras siete meses de retraso.
En Hacienda y el Ministerio de Transportes sostienen que la intención es aprobar la norma «lo antes posible», y creen también que la regulación de los alquileres será protagonista en las conversaciones para impulsar y alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya advirtió de que el acceso a una vivienda sería uno de los ejes principales para negociar las nuevas cuentas, junto al despliegue de las políticas de cuidado, las políticas contra la precariedad laboral y la reforma fiscal.
Uno de los escollos que parece desencallarse es el referido al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y es que tras las reticencias mostradas, finalmente la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha dejado la puerta abierta a que se revise en septiembre la posibilidad de retomar la subida del SMI para los últimos tres meses del año, si continúa la buena evolución del empleo y la recuperación.
Díaz inicia contactos con grupos
En este contexto, Yolanda Díaz ha empezado a iniciar los contactos para reforzar el diálogo y conocer las peticiones de los grupos de cara a los próximos meses, para lo que el martes ya se reunió con el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.
El miércoles mantuvo también un encuentro telemático con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, con el portavoz del PDeCAT y también con la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien solicitó que se cumplan los acuerdos alcanzados y se haga realidad la derogación de la reforma laboral.
Díaz se ha propuesto reforzar el diálogo y colaborar en las «causas comunes» para «aunar esfuerzos y fortalecer espacios de diálogos para las políticas progresistas», en este arranque de negociaciones para los Presupuestos de 2022.
Los indultos allanan el camino para el apoyo de ERC
De su lado, en el Gobierno ya cuentan con que los indultos abren un camino fácil para la aprobación de ERC a las cuentas, incluso tampoco descartan a Junts y menos al PDeCat. Los indultos facilitarán la reedición del apoyo republicano, esperan en Moncloa, mientras asumen el sí de EH Bildu, de Más País y del PNV, aunque asumen que tendrán que negociar la inclusión de algunas partidas como sucede habitualmente.
“Es evidente que para nosotros es muy importante que las formaciones políticas que apoyaron la investidura puedan aprobar este presupuesto”, reconoció esta semana la ministra de Hacienda María Jesús Montero en referencia a ERC, recordando que ya avaló las cuentas actuales.
Y aún más, dijo entender que se dan las «condiciones adecuadas» para que, desde ese diálogo, sean capaces de «construir unas cuentas que realmente sean revitalizadoras para Catalunya”, en un contexto de cierto acercamiento entre el Estado y la Generalitat, evidenciado con la asistencia del conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras cuatro años de ausencia de un consejero catalán por las desavenencias ante el ‘procés’.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya señaló que ya está trabajando con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y pidió ya apoyo para esas cuentas de 2022 a los grupos políticos “remando en la misma dirección”.
Aprobación «en tiempo y forma»: el objetivo del 1 de enero
A partir de aquí, ya con unos primeros contactos en el verano pero sobre todo desde septiembre, el Ejecutivo pondrá en marcha las negociaciones desde septiembre, dando prioridad a los grupos que han apoyado sus política en la legislatura, como PNV, ERC, Más País-Equo o Compromís.
La intención es que las cuentas puedan aprobarse “en tiempo y forma” según el calendario ordinario, de forma que el Consejo de Ministros los pueda aprobar en torno a mediados de septiembre, para que dé tiempo a su tramitación parlamentaria y puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2022.
Los nuevos Presupuestos volverán a ser expansivos para incluir los fondos europeos que recibirá España, que será en 2022 una mayor cantidad de la prevista, con el fin de impulsar la recuperación y la reactivación de los distintos sectores, tras la batería de medidas aprobadas para proteger el tejido productivo y el empleo, que ha supuesto un endeudamiento de casi 150.000 millones entre 2020 y 2021.
Si se lograsen cumplir esos plazos sería la primera vez desde 2016 en la que los Presupuestos son aprobados en los tiempos establecidos por la Constitución (el artículo 134 establece que el proyecto de PGE debe presentarse al Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior), es decir, antes de que acabe septiembre.
Las anteriores cuentas públicas de 2017 y 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy se tramitaron con el ejercicio en curso y en 2019 y 2020 no se llegaron a aprobar nuevos presupuestos al rechazarse en el primer caso y ni siquiera presentarse en el segundo. Los actualmente en vigor, de 2021, s e aprobaron a finales de octubre, pero se acometió una tramitación exprés y finalmente entraron en vigor el 1 de enero.
