Los propietarios particulares podrán acordar con los inquilinos subir el alquiler más del tope del 2%
Los grandes tenedores y los propietarios particulares que no acuerden con los inquilinos un alza tendrán un límite máximo del 2% para subir los precios del alquiler en la actualización de las rentas hasta el 30 de junio
(De izq a der) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dan una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes, en el complejo del Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/ Chema Moya
Llega la letra pequeña del límite a los incrementos en las revalorizaciones de los contratos de alquiler. El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, en el que se incluye una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, que impide subidas superiores al 2% entre el 1 de abril y el 30 de junio.
No obstante, el propietario particular de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia de dicho contrato, desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 30 de junio de 2022, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta y superar el límite del 2% si se llega a un acuerdo.
En ausencia de pacto, eso sí, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un índice situado actualmente en el 2% y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición, según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
De acuerdo con la regulación aprobada, la cuantía del incremento a aplicar en la renta del contrato será la establecida en un nuevo pacto entre arrendador y arrendatario, estableciéndose que, en caso de no alcanzarse dicho nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder en ningún caso de la referida variación anual del IGC, a fecha de dicha actualización.
Además, se establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC, a fecha de dicha actualización, entendiéndose como gran tenedor aquella persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.
Según el ejemplo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el caso de un contrato de arrendamiento de vivienda de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales en el pago del alquiler ya que, actualmente, el IPC se encuentra situado, según el último dato del pasado mes de febrero publicado por el INE en el 7,6%, por lo que su aplicación supondría un incremento de 45,60 euros en la renta mensual, mientras que la aplicación del nuevo máximo, marcado por el IGC en el 2%, determinaría un incremento de 12 euros en la renta mensual.
Medida rechazada por la mayoría del sector
El Ministerio de Transportes destaca que se trata de una medida de carácter urgente, necesaria para responder a la a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania en el ámbito de la vivienda, que se suma a las medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo en materia de vivienda por ese Departamento.
Entre ellas figura el desarrollo de la nueva Ley de Vivienda (con límites al precio del alquiler en zonas tensionadas), actualmente en tramitación parlamentaria como proyecto de ley; la aprobación de un nuevo Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 y del Bono Alquiler Joven y las diferentes medidas llevadas a cabo para favorecer una mayor oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles y para fomentar la rehabilitación y mejora del parque de vivienda existente.
Los principales agentes, portales y expertos consultados por Economía Digital muestran su «sorpresa» y «desconcierto» por el anuncio de una medida que en función de cómo se termine articulando, advierten, podría ser anticonstitucional, tener un escaso impacto respecto a los objetivos perseguidos o distorsionar el mercado del alquiler.
En el sector hay alerta y preocupación, ya que buena parte teme una mayor restricción de la oferta y un incremento de los precios, por lo que reclaman compensaciones para los arrendatarios al considerar que una vez más se pone el foco en ellos.
