Primera exigencia económica de los socios de Sánchez: encarecer el despido

Uno de los temas que se quedaron encima de la mesa de negociación de la reforma laboral fue la posibilidad de cambiar la actual indemnización por despido improcedente, en la actualidad en 33 días por año trabajado, lejos de los 45 días que establecía el marco laboral antes de las reformas de José Luis Rodríguez Zapatero (2010) y Mariano Rajoy (2012).

Los sindicatos valoran ahora, a la vista de los resultados electorales, que otorgan la posibilidad de que Pedro Sánchez repita al frente del Ejecutivo junto a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; volver a poner encima de la mesa esa posibilidad.

El programa de Sumar, la plataforma de Díaz que se situó en cuarta fuerza con 31 escaños, incluye específicamente la reforma de la indemnización por despido improcedente. Sin embargo, lo hace con un matiz: no habla de días en concreto, sino de situaciones y su afectación a la persona despedida.

«Estableceremos garantías para las personas trabajadoras frente al despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio, así como mediante el reforzamiento de la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. Ello implica el derecho del trabajador a la readmisión o a la indemnización por despido improcedente, incluyendo el cese durante el periodo de prueba. En ambos casos, se reconocerá el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa», reza el documento.

La propuesta viene, además, después de una pionera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en febrero de este año elevó la indemnización a una trabajadora que fue despedida y, aunque respaldó la decisión de la empresa, consideró que la compensación era insuficiente.

El debate estará encima de la mesa sí o sí. De hecho, justo ayer el sindicato CCOO informó de que el Comité Europeo de Derechos Sociales había aceptado una de sus reclamaciones en relación con el despido improcedente, en la que el sindicato alega que España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea. Esto es porque los jueces en la actualidad no pueden valorar la readmisión de trabajador como vía de reparación adecuada ante el despido improcedente. Además, no se garantiza el reembolso de las pérdidas económicas sufridas entre la fecha del despido y la resolución del tribunal que declara improcedente el despido.

Igualmente, desde CCOO apuntan en su reclamación que «la indemnización no repara adecuadamente el perjuicio ocasionado por el despido improcedente dado que no permite a las víctimas reclamar una indemnización adicional a la objetivamente cuantificada en base al salario y la antigüedad, vinculada al daño real sufrido».

El debate ya estuvo en el Congreso el año pasado, ya que ERC, Bildu y el BNG presentaron una moción para recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado. La votación dividió al Gobierno, con el PSOE votando en contra y los diputados de Unidas Podemos a favor, junto con otros socios como Más País o Compromís (ahora en Sumar). Son los mismos socios que ahora podrían reclamarlo de cara a una potencial investidura de Sánchez, con la actual aritmética parlamentaria. Fuentes de uno de estos partidos consultadas por ECONOMÍA DIGITAL aseveran que es muy pronto para saber si encarecer el despido estará en el precio para su sí.

La vicepresidenta Díaz llegó a asegurar que el Congreso de los Diputados que despedir en nuestro país salía «demasiado barato» y que a los empresarios «les sale a cuenta despedir» con la actual indemnización de 33 días por año trabajado. En un reciente informe de la OCDE, la organización advirtió que las indemnizaciones por despidos procedentes eran de las más altas del conjunto de países, solo por detrás de Israel y Turquía.

«La indemnización por despido en España es de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 18 años. Como resultado, los trabajadores fijos despedidos después de cuatro años de servicio tienen derecho a 80 días de paga, el quinto más elevado de la OCDE, mientras que los que son despedidos tras 20 años de trabajo recibirían 360 días de paga, la tercera más alta de la OCDE«, detalla el citado informe.