Las previsiones de Calviño se desvanecen: Funcas hunde el crecimiento al 4,2% con un IPC medio del 6,8%

La invasión de Ucrania por Rusia, el shock energético derivado de esta y las sanciones impuestas por la UE al país ruso han llevado al traste aún más las previsiones económicas del Gobierno, ya de por sí cuestionadas por los organismos internacionales y nacionales y ahora rematadas al alejarse todavía más. La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha reducido ni más ni menos que en 1,4 puntos porcentuales su previsión de crecimiento de este año, hasta el 4,2%, con una estimación de una inflación media del 6,8%.

La estimación de un crecimiento del 4,2% de Funcas supone casi tres puntos menos que la previsión oficial que mantiene el Ejecutivo del 7%, si bien está previsto que acometa una notable rebaja de este pronóstico a finales de abril, hasta el entorno del 5%, con motivo de la actualización del cuadro macroeconómico que incluirá en el Programa de Estabilidad que remitirá a Bruselas.

Así se desprende la actualización de Funcas de las previsiones económicas para España para el periodo 2022-2023, presentadas en rueda de prensa por el director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el director de Coyuntura y Economía Internacional de la fundación, Raymond Torres, quienes han explicado que el impacto de la guerra en la economía española es doble al resentirse la actividad y elevarse la inflación como consecuencia principalmente de la crisis energética.

Ocaña ha indicado que el crecimiento va a seguir «en positivo» pero a «un rito bastante inferior», por lo que a final de año el PIB seguirá 2,5 puntos por debajo del nivel previo a la pandemia, aunque ha dejado claro que la evolución económica dependerá crucialmente de la duración de la guerra de Ucrania, por lo que el escenario presentado es si no hubiese más sorpresas y la guerra finalizase en el segundo semestre del año.

El recorte del crecimiento se debe sobre todo al menor avance del consumo de los hogares de lo previsto, con un alza del 3,8%, frente al 4,9% pronosticado previamente, de forma que la demanda nacional aportará 3,8 puntos (aquí van los 1,4 puntos de recorte) y el sector exterior cuatro décimas. El encarecimiento de los precios está provocando una pérdida en la renta de los hogares del orden de 16.700 millones de euros, ya que calcula que ha pasado de 767.300 millones de euros antes del ‘shock’ energético a unos 750.600 millones de euros.

Asimismo, se reduce en dos décimas el crecimiento previsto para el año 2023, hasta el 3,3%, cuando el consumo de los hogares subirá un 2,9%. Hace apenas dos semanas el Panel de Funcas, que aglutina 19 servicios de estudios, rebajó al 4,8% su previsión de crecimiento de este año.

El plan de Sánchez solo reducirá un punto de inflación

Torres ha indicado que se constata una preocupación tanto desde el punto de vista del consumidor y del sector empresarial, al tiempo que ha precisado que las hipótesis de Funcas se basan en una contención de los precios energéticos y se corregiría incluso una cierta sobrerreacción que se habría producido en los mercados, con una hipótesis de un precio del barril de petróleo de 110 dólares, frente a los 113 actuales, y un precio del gas de 90 euros por MWh, frente a los 104 actuales.

El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha cuantificado el impacto en la inflación del Plan nacional de respuesta al impacto económico de la guerra de Ucrania aprobado por el Gobierno, al estimar que reducirá «un punto porcentual» la inflación si los precios de la energía empiezan a moderarse, en un contexto en el que el IPC ha rebotado hasta el 9,8% en marzo, máximo desde 1985, como consecuencia sobre todo de la crisis energética. Con todo, Ocaña cree que se podría evitar una inflación a doble dígito si el crecimiento de mayo se confirmara, teniendo en cuenta que se va a reducir el precio de la gasolina.

Según Funcas, la tasa media anual del índice de precios de consumo (IPC) se situaría en el 6,8%, frente al 4,6% de las previsiones anteriores, si la guerra en Ucrania y las tensiones energéticas perduran, toda vez que en marzo el IPC se ha disparado hasta el 9,8% por el alza generalizado de todos los componentes, sobre todo electricidad, carburantes y alimentos, por encima del 8,6% que vaticinaba Funcas.

Los expertos de Funcas creen que el límite al precio del gas impulsado por el Gobierno en el marco europeo para abaratar la factura de la luz, pendiente aún de aprobación por Bruselas, será la medida que más contribuya a mitigar el impacto del IPC.

Límite en las medidas: «Son costosas y aumentan el déficit»

En cualquier caso, Torres ha subrayado que aunque las medidas incluidas en el Plan de choque son transitorias, en principio con vigencia hasta el próximo 30 de junio, conllevan un elevado gasto, por lo que «hay un límite de cuánta pólvora se puede usar en controlar los precios».

Y es que, tal y como ha apuntado Ocaña, las medidas adoptadas son «costosas» y conllevan un aumento del déficit público, por lo que en su opinión «no pueden ser ilimitadas ni de cualquier magnitud». Ha pedido en este sentido «Tener cuidado» con la financiación de la deuda pública, ya que se encontrará en un escenario de tipos de interés más altos y «será más costoso financiarla».

Aun así, las previsiones de Funcas apuntan a un menor déficit público del que calculaba hasta ahora, al situarlo en el 5% del PIB este año, en línea con la estimación del Gobierno, y en el 4,5% en 2023, siete y tres décimas menos que en sus anteriores previsiones, respectivamente. España cerró el año 2021 con un déficit por debajo del 8,4% que preveía el Ejecutivo, aunque el dato definitivo se dará a conocer este jueves.

Si se cumple la previsión de inflación, solo el presupuesto en pensiones se incrementaría en un poco más de 10.000 millones de euros, lo que supone un déficit estructural «muy importante» que se tendrá que financiación un menor volumen o ninguna compra de deuda por arte del BCE o tipos de interés más alto. El Euríbor podría pasar a terreno positivo en 2023 y el bono público. a 10 años estaría por encima del 2% a final de ese año (2,19%).

En cuanto al a deuda pública, también ha rebajado sus pronósticos al augurar que este año se situará en el 115% del PIB, para volver a descender hasta el 112,4% el próximo año, es decir, 1,4 y 2,2 puntos porcentuales menos que en el escenario que manejaba hasta ahora. Torres ha avisado del riesgo de estos altos niveles de desequilibrio en un contexto de repliegue del BCE.

Entre las medidas más destacadas del plan de choque aprobado por el Gobierno figuran una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos, la prohibición del despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas que aleguen causas relacionadas con el alza de los precios energéticos, un alza del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.