La práctica abusiva de los bancos que tiene los días contados
Una sentencia judicial podría acabar con una cláusula financiera que incluyen algunas hipotecas
No son buenos tiempos para las personas que tienen intención de pedir un préstamo a los bancos. El actual escenario económico, con la inflación como protagonista, ha convertido las subidas de tipos de interés como una de sus principales consecuencias. Mientras que los precios subieron en enero hasta el 5,9%, el porcentaje se disparó hasta el 6,1% en febrero de este año, para después experimentar una notable caída hasta el 3,3%. Una situación que ha favorecido que las entidades financieras hayan endurecido las condiciones para solicitar un préstamo.
Sin ir más lejos, a lo largo de los cuatro meses que llevamos de 2023, el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado los tipos en dos ocasiones para tratar de atajar la inflación, que si bien ha bajado el ritmo, no ha parado de crecer en los últimos meses. Tras la última subida, que tuvo lugar en marzo, la institución financiera presidida por Christine Lagarde elevó los tipos en 50 puntos básicos, de manera que el tipo de interés para sus operaciones de refinanciación se situó en el 3,50%, mientras que la tasa de depósito alcanzó el 3% y la de facilidad de préstamo el 3,75%.
¿Qué es el «anatocismo»?
En este contexto, ha tomado especial relevancia una práctica abusiva que estaba siendo aplicada por los bancos. Conocida con el nombre de «anatocismo», hace referencia a las consecuencias del impago de un préstamo, específicamente, al desembolso de intereses adicionales de demora o moratorios cuando no se puede hacer frente al pago de la cuota o se produce un retraso en el abono de la misma a la entidad financiera en cuestión.
Sin embargo, esta práctica podría tener los días contados, tal y como evidencia una sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 25 Bis de Valencia, en la que se declara nulo el sistema de amortización de una hipoteca concedida por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) a un matrimonio por poner aplicar estos intereses de demora.
Existen más de medio millón de personas afectadas por la comercialización por parte de este tipo de préstamos, según Facua
Así, el juez Lorenzo Ábalos Cotino no solo ha destacado el carácter abusivo de la cláusula sino que también ha declarado la nulidad de la cláusula financiera de amortización. Asimismo, ha ordenado a la Unión de Créditos Inmobiliarios a recalcular la amortización sin tener en cuenta esta práctica.
Según los cálculos de Facua, en el país existen más de medio millón de personas afectadas por la comercialización por parte de UCI de este tipo de préstamos hipotecarios, en muchas ocasiones a través de las agencias inmobiliarias, a lo largo del periodo comprendido entre 2007 y 2012.