El PP lanza una ofensiva nacional contra Escrivá por la reforma de cuotas de los autónomos

Nueva ofensiva del Partido Popular contra la gestión del Gobierno. Los ‘populares’ han puesto en el foco la gestión «arbitraria» de los fondos europeos y ahora ponen en la picota el nuevo sistema de cotización por ingresos reales propuesto por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El partido de Pablo Casado ha registrado en el Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las políticas del Ministerio en relación a los trabajadores autónomos pero ha extendido la ofensiva a todos los parlamentos autonómicos en los que está registrando también mociones y proposiciones no de ley contra el planteamiento de Escrivá que supone «terminar de ahogar al colectivo», tal y como ha registrado ya en Andalucía o Murcia.

Fuentes de las organizaciones y de los agentes sociales presentes en la mesa de diálogo social señalan a Economía Digital que la negociación «se está politizando» y ello podría suponer un «torpedeo» a los trabajos ya de por sí discrepantes entre las organizaciones desde la propuesta realizada el pasado verano por el ministro Escrivá para el nuevo régimen de cotización por ingresos reales que operará desde 2023.

En sus mociones el PP cita el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), una de las organizaciones negociadoras del nuevo sistema junto a UPTA, Uatae y los agentes sociales (patronal y sindicatos), para justificar que el colectivo está aún lejos de la recuperación, pues un 66% no se ha recuperado y seis de cada diez afirma tener una caída de facturación superior al 50%.

El PP pide paralizar la propuesta y negociar otra en el Pacto de Toledo y diálogo social

Pese a ello, señalan los ‘populares’ en sus iniciativas, el Gobierno «inerte e insensible» con esa realidad «se empeña en ponérselo cada vez más difícil» al proponer un «nuevo sablazo» al colectivo, un sistema «farragoso» de ayudas, el alza de las bases de cotización y la «desorbitada y desproporcionada» propuesta de mayo de 2021 de Escrivá que «tuvo que retirar».

La propuesta del Gobierno establece un sistema progresivo que se aprobaría antes del 30 de junio de 2022 para aplicarse gradualmente desde 2023 durante nueve años de transición, que se evaluaría cada tres ejercicios, y que conllevaría flexibilidad con 13 tramos desde un suelo (base de cotización) de 184 euros al mes para aquellos que ganan 600 euros o menos al mes hasta una máxima de 1.267 euros para aquellos con una base de cotización de 4.050 euros o más. Se fijaría la posibilidad de realizar hasta seis cambios de tramos al año.

Para el PP, en línea con las críticas realizadas por ATA, el nuevo sistema se basa en «premisas erróneas», es «complejo, desigual e injusto» y constituye un «nuevo sablazo que llevará a la ruina a un gran porcentaje de estos trabajadores por cuenta propia», por lo que pide paralizar y descartar su aprobación y estudiar un sistema «justo y equilibrado» en el seno del Pacto de Toledo y del diálogo social.

También pide agilizar los trámites y garantizar que las ayudas directas lleguen cuanto antes, aprobar una nueva moratoria para la devolución de los créditos ICO, bajar el IVA de las peluquerías y servicios de estética del 21% al 10%, restablecer la tarifa plana para los nuevos autónomos en 50 euros y ampliar su vigencia a 36 meses e impulsar medidas de ayudas al colectivo de autónomos del medio rural.

Abad (UPTA): «Es un auténtico ataque a la superviviencia de los autónomos»

Ante esta ofensiva, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que avala la propuesta del Ministerio pero pide acotar los plazos de implantación y algunos matices más, ha pedido en declaraciones a Economía Digital que «no se politice la negociación» al ser necesario lograr un sistema «justo» de cotización por ingresos reales tras el retraso en los últimos años.

Abad se ha mostrado crítico con el PP por su postura y califica de «auténtica barbaridad» que los ‘populares’ no entienda que un autónomo que gana 600 euros al mes tenga que seguir pagando 294 euros de cuota a la Seguridad Social, exactamente lo mismo que un abogado, un arquitecto, un notario, un médico o un economista que presentan rendimientos de trabajo muy superiores.

También censura el rechazo a consensuar el sistema propuesto por suponer en la práctica un «auténtico ataque a la supervivencia de los autónomos» en el ámbito rural, ya que la capacidad de éstos de generar recursos es limitada por su reducida capacidad de llegar a un número importante de consumidores. A modo de ejeemplo apunta que un pequeño establecimiento de hostelería de un pueblo de 500 habitantes tiene una obligación de pago de base de cotización mínima de 960 euros al mes y tienen que cotizar 294 euros, lo mismo que el propietario de una hostelería en el centro de Madrid.

«Si esto es lo que defiende el PP que lo diga alto y claro, porque su postura no es defender a 1,2 millones de autónomos con rentas inferiores al SMI que declaran rendimientos por debajo de 1.000 euros al mes», ha añadido Abad, quien también pide cerrar la negociación para que la cotización de los autónomos no dependa de las subidas del Salario Mínimo, sino de lo que perciben.

La negociación encalla: nueva propuesta de UPTA sobre los autónomos societarios

Lo cierto es que la negociación para la configuración del nuevo sistema de cotización de los autónomos que regirá a partir de 2023 permanece atascada al no registrarse avances, más allá del intercambio de datos técnicos por parte del Ministerio de la Seguridad Social, que estima que actualmente hay 200.000 autónomos exentos de realizar la declaración de la Renta.

La última reunión de este pasado miércoles fue de «carácter técnico» y en la el Gobierno trasladó datos e la Agencia Tributaria, tras la inclusión de Hacienda en las negociaciones sobre los rendimientos de los autónomos que reflejan que el 60% del colectivo presenta rendimientos por debajo el SMI, y se han emplazado para una nueva reunión el próximo martes, según explican a Economía Digital en fuentes presentes en la reunión.

UPTA ha decidido dar un impulso a la negociación pese a las reticencias de ATA y, ante las críticas de la organización de Lorenzo Amor y la patronal sobre el efecto de merma recaudatoria del nuevo sistema de cotización en los autónomos societarios, va a realizar una nueva propuesta para este grupo de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia societarios.

En concreto, la organización de Eduardo Abad, ligada a UGT, planteará volver a la situación previa a la modificación del Impuesto de Sociedades aprobada en 2014 por el exministro del PP, Cristóbal Montoro, de forma que se recupere la deducibilidad de la cuota de los autónomos societarios del RETA. En concreto, los autónomos societarios podrían volver a deducir desde su sociedad en el Impuesto de Sociedades los salarios o remuneraciones totales y en especies (los que percibe el autónomo de su empresa y las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que podría hacer cambiar algo la postura crítica de ATA y la patronal.

Sobre el nuevo sistema en general, UPTA pide reducir el plazo de implantación del nuevo sistema a seis años, en lugar de los nueve, y se avance sobre todo en los tres primeros años. En este sentido, defiende que el primer año, el de 2023, tiene que ser el más fuerte, de forma que el próximo año los que ahora pagan cuotas muy por encima de lo que les correspondería por sus ingresos ya vean disminuida la cuota de una manera muy notable y, viceversa, los que más cobran, empiecen a pagar más.

Entre tanto, ATA sigue analizando los datos y rechaza el nuevo sistema propuesto al advertir de que supone para la mitad de los autónomos una subida de las cotizaciones de un 20% en 2023, mientras que para la otra mitad solo baja un 5%.

Por su parte, Uatae ya remitió una alternativa en la que pide que los ingresos sobre los que se calcule la cuota a la Seguridad Social descuenten “importantes gastos asociados a la actividad” de los autónomos, como las amortizaciones de inversiones realizadas para poder trabajar o la propia cuota a la Seguridad Social. Propone reducir la cuota mínima a 70 euros para aquellos que tengan beneficios netos reales de hasta 350 euros y agilizar lo máximo posible la implantación del nuevo sistema en lugar de demorarse nueve años.