El PP denuncia ayudas ‘a dedo’ de Ribera por 525 millones de los fondos europeos
El PP intensificará la fiscalización de los fondos europeos ante la "opacidad" y "falta de transparencia", mantiene abierta la posibilidad de la vía judicial y advierte de que los retrasos en la ejecución dificultarán la gestión a las CCAA
El presidente del PP, Pablo Casado, y la vicesecretaria sectorial, Elvira Rodríguez.
El PP continúa con su ofensiva contra el Gobierno por la «nefasta» gestión que considera que está haciendo con los fondos europeos, ante la «opacidad» en el despliegue de los recursos, la infraejecución y retrasos y los casos de concesiones de ayudas y subvenciones «a dedo».
El último caso denunciado por los ‘populares’ de nueva «falta de transparencia» del Ejecutivo con los fondos europeos se refiere a las ayudas «a dedo» de 525 millones para los puntos de recarga de los fondos europeos del Plan de Recuperación, al haberse llevado a cabo sin concurrencia competitiva, según denuncian fuentes del área económica del PP.
El portavoz de Energía del Grupo Popular, Juan Diego Requena, reprocha a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,Teresa Ribera, que la normativa del Gobierno incluya 525 millones en ayudas directas a las grandes compañías eléctricas para instalación de puntos de recarga «sin control previo y mediante operaciones no presupuestarias», mientras impondrá la implantación de puntos a estaciones de servicio, concesionarios de carreteras y zonas de aparcamiento sin ninguna ayuda.
Desde el PP califican de «sectario» el real decreto-ley sobre medidas urgentes para fomento de la movilidad eléctrica, autoconsumo y renovables al «romper la libertad y la neutralidad tecnológica», y advierten de que dado que las compañías eléctricas tendrán que poner otros 525 millones para los puntos de recarga se incluirán en la factura y los consumidores tendrán «otra nueva subida en el recibo».
El Ministerio lo niega: «No hay concurso porque operan en el mismo régimen regulado»
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico niegan las acusaciones y explican a Economía Digital que no se ha realizado un concurso porque las empresas distribuidoras operan bajo un régimen regulado al ser monopolios naturales en sus áreas de actuación, tal y como se explica en la exposición de motivos del real decreto.
«No tiene sentido que se duplique el tendido eléctrico, de modo que no puede haber competencia entre ellas«, explican desde el departamento de Teresa Ribera en relación a la «imposibilidad» de organizar un concurso sobre esta partida destinada a digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública.
Las distribuidoras eléctricas son propietarias de las redes de distribución de baja tensión y se trata de una actividad regulada cuya distribución viene definida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en función de los costes de instalación y de operación, con una actuación en régimen de “monopolio natural”, recuerdan.
Ayuso y Feijóo recurren convocatorias
El Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso recurrió ante el Tribunal Supremo el reparto “arbitrario” de los fondos europeos entre las regiones, al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez distribuyó con “criterios sectarios y partidistas” una partida para la promoción del empleo.
En concreto, recurrió una partida de nueve millones de euros de los fondos europeos ‘Next Generation UE’ –aprobados por Bruselas, de los que a España le corresponden 140.000 hasta 2026, de ellos 19.000 millones ya recibidos en 2021–, que se distribuyeron para la promoción del empleo a cuatro comunidades (País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura).
A posteriori Galicia y Castilla y Léon enviaron un requerimiento oficial al Consejo de Ministros, en tanto que Andalucía y Murcia han dejado claro que también emprenderán la vía judicial por el agravio frente a las comunidades socialistas.
En el PP también lamentan el «ridículo soberano» que está suponiendo el retraso del PERTE eléctrico, algo que en buena medida achacan a la «centralización» de la gestión de los fondos europeos que, según advierten, puede llevar a «decisiones equivocadas, arbitrarias y partidistas».
El PP intensificará la fiscalización de los fondos
«El Gobierno está haciendo marketing todo el día,, pero hay que seguir demandando transparencia, una gestión responsable, veracidad y políticas adecuadas que resuelvan los problemas de corto, medio y largo plazo», enfatizan.
Lo cierto es que en los últimos días el PP ha intensificado su ofensiva contra el Gobierno por la gestión de los fondos europeos, llegando el presidente del partido, Pablo Casado, ha amenazar con acudir al Tribunal Constitucional si se detectan irregularidades.
Con todo, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha explicado este miércoles que el partido tiene la «obligación» de realizar una labor de «fiscalización» y seguimiento de los fondos, de forma que si se detectan irregularidades recurrirán a la justicia. Aunque sin judicializar aún el asunto, más allá de los recurso interpuesto por Madrid, en el PP denuncian la»falta de transparencia importante».
Fuentes de los ‘populares’ se defienden de las acusaciones de «antipatriotas» por criticar la gestión de los fondos europeos argumentando que es su «deber» salir «en defensa de ls españoles» al tratarse de «mucho dinero» y temer que se pierda la oportunidad histórica de estos recursos europeos. «Flaco favor le hacemos a España si no denunciamos lo que se debe denunciar», enfatizan.
Así las cosas, también critican que se destine dinero de los fondos europeos a cuestiones que no implique una transformación económica y crecimiento, como «4 millones para que Escrivá publicite el ingreso mínimo vital y las pensiones».
Desde el PP también alertan de «fallos de procedimiento» por la centralización, ya que algunas directrices enviadas a algunas CCAA es «divergente» respecto a otras y no sirve al «diseñarse desde un despacho en Madrid». Censuran el diseño «absolutamente discrecional» en los ERTE que creen que puede acarrear incluso problemas de litigiosidad.
El reproche de AIReF al Gobierno: «Se les debería caer la cara de vergüenza»
En esta niebla de «opacidad», desde el partido de Pablo Casado señalan que la Gobierno se le debería de «caer la cara de vergüenza» tras el reproche realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El organismo criticó que el Ministerio de Hacienda desoiga sus recomendaciones para que el Plan Presupuestario incorpore todas las medidas previstas por el Gobierno y el impacto de los fondos React-EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La formación de centro-derecha también ha puesto el foco en el escaso margen que dan las convocatorias que van apareciendo en el BOE y ha lamentado que el Gobierno tampoco les haga caso en su propuesta de crear una autoridad independiente que se encargue de gestionar los fondos.
Respecto a la respuesta de la Comisión Europea en la que el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, respondía a la eurodiputada del PP Isabel Benjumea que la entrega de los fondos europeos a España obedece a que «se están cumpliendo los objetivos» pactados en el Plan de Recuperación, basándose por tanto en «resultados», en el PP consideran que el comisario europeo no respondió a su pregunta.
En este sentido, apuntan que los 19.000 millones de fondos recibidos en 2021 se correspondían a medidas ya tomadas antes del verano, pero para el siguiente desembolso de 12.000 millones se tendrán que evaluar reformas de calado como la de pensiones o la laboral.
Sobre esta última, pendiente de convalidación parlamentaria, el PP reitera su ‘no’ a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido su respaldo al líder del PP, Pablo Casado, en la llamada mantenida este miércoles, al considerar que resta flexibilidad al sistema, capacidad de adaptación y seguridad a los trabajadores con medidas que «no atajan la precariedad laboral».
Creen que no generará empleo y perseveran en el ‘no’ «por mucho que lo haya firmado la patronal». También creen que «no es el momento» de subir el Salario Mínimo, que empezará a negociarse el próximo 7 de febrero, tras haberse subido ya «mucho» en los últimos años, con un alza del 30%, habiendo generado «muchos problemas» al sector primario y el servicio doméstico, con «efecto multiplicativo» en pequeñas y medianas empresas.
Calviño comparecerá el 10 de febrero
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, acudirá el próximo 10 de febrero al Congreso a informar de la ejecución del Plan de Recuperación con fondos europeos, una información que el PP buscará recabar a través de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Los ‘populares’ habían defendido en la Diputación Permanente que la comparecencia se produjese antes de que finalizase enero.
Calviño ha afeado en su viaje a Zaragoza las críticas del PP «dentro y fuera de las fronteras» pese a tratarse de «un plan de país», y le ha vuelto a recriminar su falta de lealtad en un asunto que precisa de «cogobernanza» de las administraciones, exigiendo que «arrime el hombro» .
Sánchez también ha pedido a Casado durante la conversación telefónica mantenida entre ambos que tras las respuestas de la Comisión Europea sobre los fondos «cese y rectifique su posición», ya que «no es bueno para España el que hasta la imagen del principal partido de la oposición quede dañada ante las instituciones europeas».
