Podemos quiebra el plan de Calviño para convencer al ala dura europea

Los socios de Gobierno de Sánchez discrepan en las medidas de gasto, las pensiones y mantienen la presión sobre la reforma laboral y el SMI

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp

El Gobierno sigue mandando mensajes distintos dependiendo del color de sus ministros. Con Bruselas esperando noticias sobre los planes presupuestarios de España para el futuro -que deberían llegar hacia el 15 de octubre-, Unidas-Podemos retoma las matizaciones a las líneas maestras que van deslizando los ministros socialistas; entre ellos la vicepresidenta económica Nadia Calviño; que está tratando de mandar el mensaje de que España será prudente con el gasto al ala dura europea tras la pandemia de coronavirus.

Aunque los países frugalesPaíses Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia con el apéndice de Finlandia-, no son por si mismos capaces de bloquear la aprobación de los programas que nos permitan recibir los fondos de reconstrucción, alejarse del mensaje de prudencia podría reducir la lista de aliados de España en el Consejo Europeo.

La zona euro por primera vez en su historia va a emitir deuda conjunta para financiar el programa de reactivación económica, lo que reparte la responsabilidad a la hora de cumplir con los acreedores; y eso es un peso añadido para que España no se salga de las normas.

Pero parece que en esto -como en otras muchas cosas-, Unidas Podemos quiere marcar perfil propio sobre algunas materias que, en teoría, tendrían que estar masticados dentro de un gobierno de coalición bien engrasado.

Pensiones y ERTE, dos alternativas distintas

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechaba su entrevista en TVE para matizar algunas de las ideas lanzadas en esta última semana por el equipo económico más técnico de los socialistas -la propia Calviño y José Luis Escrivá– para rechazar la extensión de los ERTE sectorial a la que se refirió Calviño este fin de semana en Alemania, o a las reformas que propone Escrivá -y que están en línea con las que nos exige Europa- para asegurar la viabilidad de las pensiones.

Escrivá planteó la semana pasada que para asegurar las pensiones uno de los pasos clave era alargar la edad efectiva de jubilación. Díaz habló en TVE de la edad legal de jubilación – que Escrivá no quiere mover de los 67 años-, pero hizo una defensa a ultranza de que era necesaria la renovación de empleados mayores por jóvenes. Para ese rejuvenecimiento, la ministra cree que las jubilaciones son necesarias y dio pocas opciones a un retraso en estos procesos.

Por otra parte, también rechazó la idea de que el SMI se fuera a mantener congelado en 2021 (forma parte del pacto del Gobierno de coalición) y le quitó hierro a la necesidad de ajustar el gasto a futuro, dejando la puerta abierta a que los ERTE se prolonguen todo el tiempo necesario.

Díaz -al contrario que Calviño- parece que ve menos problemático aumentar el gasto público -y con el déficit y la deuda- gracias al cambio de talante europeo, que ya no apuesta por la austeridad, según defendió la ministra en su entrevista.  

La fricción entre los ministerios rojos -especialmente el de Calviño- y los morados ha sido continuada desde que arrancara la coalición y con Díaz la distancia ha sido especialmente fuerte. La toma de posesión de su cartera ya supuso el primer gran encontronazo al venir acompañada del anuncio de que se derogaría la reforma laboral. Calviño tuvo que dar una golpe en la mesa y desmentir que dar marcha atrás en la ley formara parte del pacto y solo se refirió a los «aspectos más lesivos».

En los últimos días, Unidas-Podemos ha amagado con retomar los cambios en la reforma laboral, pero por ahora se ha quedado en una amenaza. Los morados saben que sacar a debate la reforma laboral es capaz de crear mucha tensión: con los empresarios, pero también con los inversores. Moody’s advirtió que derogarla era un riesgo para la nota de crédito española y de ahí que Calviño saliera con rapidez a poner orden.

El déficit y la deuda y la negociación en Europa

La rebelión de los alcaldes complica el escenario macroeconómico del nuevo plan de estabilidad, porque el uso del superávit municipal, al que este lunes daba luz verde María Jesús Montero, va a condicionar el déficit de este año y, previsiblemente, el siguiente si se mantiene.

Esta medida, mientras no se revierta la ley de 2012, será temporal, por lo que Europa no tendría que rechazarla. El problema vendrá por el déficit estructural, que en España ya ha crecido con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como un sistema de protección fijo y por el incremento del volumen de intereses -que irá todavía a más mientras que continuemos engrosando la cifra de deuda pública-. Europa, de hecho, ha pedido medidas políticas para controlar este déficit y todo apunta que sus recomendaciones a medio plazo no cambiarán.

Para el equipo económico socialista, tener que presentar una hoja de ruta con un déficit muy abultado durante 2020 y 2021 en octubre -por ahora solo hay previsiones para este año- es un hándicap, porque presiona a una mayor austeridad después (una palabra de la que siempre huye Pedro Sánchez).

Habitualmente la presentación del plan de estabilidad abarca varios ejercicios -el de octubre del año pasado fueron tres (2019, 2020 y 2021)-, pero el 30 de abril pasado, por la pandemia, solo se exigieron cifras claras para este ejercicio, dejando 2021 sin un compromiso de déficit o de deuda claro. 

 

Suscríbase a nuestro canal de Telegram para conocer la última hora sobre la pandemia del coronavirus en España, Europa y el mundo.

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp