La plataforma del Gobierno para controlar los fondos europeos sigue sin funcionar tras 14 meses

La Comisión Europea aprobó el 16 de junio del año pasado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, validado un mes más tarde por el Ecofin, para canalizar los 140.000 millones de euros que le corresponden hasta el año 2026, pero la ejecución arrancó tímidamente desde el inicio del año 2021 y, sin embargo, la plataforma de centralización y control de los fondos europeos todavía no está plenamente operativa.

Así lo admite el propio Gobierno ante el «entramado complejo» que está suponiendo para el Estado organizar el seguimiento y el control de los fondos europeos para garantizar una gestión «eficaz» de un volumen de recursos histórico nunca antes recibido a esos niveles por España.

Esa dificultad ha hecho que a día de hoy, tras más de 14 meses desde el inicio de la ejecución de los fondos, la plataforma común de fondos europeos (CoFFEE), herramienta informática que servirá de soporte para centralizar la información de las convocatorias y subvenciones, poder hacer un seguimiento y el correcto control de los fondos, no esté aún plenamente operativo.

La secretaria de Estado de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, admitió durante su intervención en una jornada sobre la auditoría de fondos europeos organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) que la herramienta es un reto que va avanzando «poco a poco», pero se mostró convencida de que «en breve» estará «plenamente disponible» al ser un elemento «fundamental» que «rige todo el sistema».

La herramienta para centralizar convocatorias y mejorar el control

Lo cierto es que la vicepresidenta Nadia Calviño avanzó a mediados de enero la pronta puesta en marcha de un sistema de ayuda y respuesta, dentro del teléfono 060 de asistencia de las administraciones pública para dar asistencia y acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas.

También aseguró entonces que se habilitaría la plataforma de contratación para concentrar todas las convocatorias del Plan, incluyendo también las puestas en marcha por las comunidades autónomas y las corporaciones locales, pero ha transcurrido ya un mes y aún no está plenamente operativa.

Y ello a pesar de que fue a mediados del pasado mes de noviembre cuando el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con la finalidad de posibilitar a la Secretaría General de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, llevar a cabo un encargo para la prestación del servicio de atención a los usuarios de la plataforma común de fondos europeos.

La Secretaría General de Fondos Europeos tiene las competencias derivadas de la función de Autoridad Responsable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre las cuales se encuentra la obligación de disponer, en formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos relativos al uso de los fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión dentro del marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, según el reglamento europeo.

Para ello, se ha dispuesto de la solución informática Plataforma común de Fondos Europeos ante el volumen, la complejidad y el previsible incremento de uso de los sistemas de información y de las aplicaciones requeridas por la Secretaría General, con el fin de hacer seguimiento, y coordinación. El encargo, detallado por el Gobierno y previsto tendrá una duración de 24 meses y el coste estimado para su realización asciende a 2.635.000 euros, de los que 115.000 euros, 1.420.000 euros y 1.100.000 euros corresponderán a los años 2021, 2022 y 2023, por ese orden.

Por otra parte, con casi un año de retraso el Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobó el 10 de marzo la orden que regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en el ámbito de la Administración General del Estado, así como los procedimientos necesarios para su utilización por los departamentos ministeriales interesados.

Los controles ante el complejo despliegue

Caballero explicó que frente a al sistema de control de los fondos estructurales que pasa por certificar el gasto presentando facturas y verificando la correcta adecuación de dicho gasto a la norma, en el caso de los fondos ‘Next Generation UE’ el beneficiario es el Reino de España, que debe demostrar el cumplimiento de una serie de hitos y objetivos en los plazos estipulados en el calendario.

Mientras que en los fondos estructurales se elaboran manuales de gestión y procedimientos, en el caso del Plan de Recuperación solo existe un reglamento que regula el mecanismo de recuperación y una serie de indicaciones. Por ello, en aras de dar instrucciones comunes a todas las administraciones, Hacienda sacó en «tiempo récord» dos órdenes de gestión para regular el sistema de gestión y otra de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre suministro de información contable y presupuestaria.

En este sentido, Caballero indicó que «no hay otra manera» de organizar el ingente volumen de recursos que mediante la modernización de los procesos de gestión, por lo que se optó por crear una herramienta informática que sirva a la Secretaría de Fondos Europeos de seguimiento y para los gestores como sistema de gestión, en vez de enlazar multitud de modelos que a posteriori la IGAE tendría que auditar y plantearían problemas de compatibilidad.

De esta forma, la idea del. Ejecutivo es apoyar las dos órdenes de gestión y suministro sobre el «tercer pilar», la herramienta informática a modo de auditoría para garantizar el cumplimiento de los objetivos. «Una mera inyección de recursos a la economía sin más no bastaría, hay que garantizar un control de la planificación», apostilló Caballero.

Aunque habrá un «montón» de encargos de encomiendas de gestión, participaciones de otras entidades y coayuda en la consecución de hitos y objetivos, Caballero dejó claro que la responsabilidad de la ejecución es «de quien toma la decisión y quien tiene la ejecución de acuerdo a lo establecido en el plan».

Así las cosas, también avanzó que se va a sacar una serie de orientaciones en referencia a las conferencias sectoriales para ver cómo distribuir los recursos vinculando la distribución de financiación al cumplimiento de una serie de hitos a desagregarse por las CCAA. Con todo, Caballero aseguró que ya hay controles sobre el despliegue de los fondos europeos porque de lo contrario Bruselas no habría satisfecho los 9.000 millones de prefinanciación y el primer desembolso de 10.000 millones una vez cotejado el cumplimiento de los hitos y objetivos vinculados a dicho desembolso.

Apagón informativo

Además de continuar a la espera de la plataforma común de fondos europeos, el Gobierno lleva más dos meses y medio sin actualizar los datos de ejecución del Plan de Recuperación, siendo los últimos datos publicados los referidos al cierre del ejercicio 2021.

El despliegue de los fondos europeos el año pasado estuvo marcado por la polémica ante la infraejecución respecto a lo inicialmente previsto, la ofensiva del PP con denuncias de sospechas de arbitrariedad y las críticas de organismos y empresarios por la lenta canalización a la economía real, pero el Gobierno se marcó el propósito de avanzar en transparencia, control y ejecución este año.

Precisamente en el mismo acto de auditoría de los fondos europeos organizado por el CGE también intervino el Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, Luis Socías, quien advirtió del problema importante» de coordinación entre las administraciones públicas ante la «excesiva centralización» del plan nacional.

También se refirió a la falta de agilidad en la publicación de convocatorias ya que «el sector público apuesta por la estrategia de atomizar convocatorias», a lo que se suma la «ausencia de equilibrio» entre los proyectos grandes y los pequeños, la falta de conocimiento del funcionamiento, sobre todo por parte de pymes y autónomos; el propio diseño de las convocatorias y los plazos y porcentajes de cofinanciación.

Aunque dijo que se está acelerando las convocatorias, cree que hace falta garantizar el equilibrio entre los grandes proyectos transformadores y los pequeños de pymes y autónomos y romper ese gap entre el sector público y privado para ejecutar el 100% de convocatorias. Con motivo de la guerra en Ucrania cree que la Comisión estudia ajustes sobre las cantidades estipuladas a los Estados miembros en función del reglamento en función del impacto de la guerra en los países y que se podrían incluso flexibilizar el alcance y las cuantías máximas por proyecto y empresa de las ayudas de Estado.

De cualquier forma, fuentes de Moncloa aseguran a Economía Digital que sigue en marcha la aceleración del lanzamiento de convocatorias en el primer semestre del año con el fin de movilizar hasta 24.667 millones de euros en la primera mitad del ejercicio mediante 266 convocatorias. Próximamente se solicitará el segundo tramo de 12.000 millones de euros y en el segundo semestre los préstamos.