Los planes de Yolanda Díaz y los sindicatos tras la reforma laboral y el SMI

«Éxito del Gobierno y del diálogo social». Así es como desde el Ministerio de Trabajo y los sindicatos celebran la aprobación y polémica convalidación de la reforma laboral y el pacto bipartito, sin el apoyo en este caso de CEOE, del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros para este año, que abren una nueva etapa para la consecución de nuevos planes para la segunda etapa de la legislatura.

Tras nueve meses de intensas negociaciones, discrepancias en el diálogo social e incluso en el seno del Gobierno y una votación polémica y ajustada en el Congreso que evidenció la fractura del Ejecutivo con sus socios habituales (ERC, PNV y Bildu) y que será judicializada por PP y Vox, el Ejecutivo de coalición ha logrado salvar su medida estrella de la legislatura: la reforma laboral.

Eso sí, la nueva norma laboral que ha visto la luz queda lejos de las pretensiones iniciales de derogación íntegra de la reforma laboral de 2012, ante la premura de aprobarla antes de que acabase 2021 al ser uno de los hitos pactados con Bruselas para poder recibir los fondos europeos. Se dejan asuntos pendientes de calado en algunos ámbitos trascendentales que los sindicatos impulsarán este mismo año.

El nuevo pacto bipartito para la subida de 35 euros del SMI, hasta los 1.000 euros desde el 1 de enero para 2022, evidencia la sintonía entre Trabajo y los sindicatos, pero tanto desde el Ministerio como desde CEOE dejan claro que «se continuará negociando» en las distintas mesas de diálogo social, una vez superado el escollo de la tramitación de la reforma laboral y pese al decuelgue (previsible) de la patronal en lo referido al SMI.

La fuerza del diálogo social: 14 acuerdos en la legislatura

Fuentes gubernamentales valoran que se cierra una etapa «muy complicada de negociaciones muy duras» tras consensuarse la reforma laboral, con ciertas distensiones en el seno de CEOE por ello, y el pacto bipartito del SMI sin el consenso de la patronal, por lo que ven «muy probable» que se sigan cerrando acuerdos en otros ámbitos en los casi dos años que restan de legislatura. «

“El diálogo social (en España) goza de una tremenda buena salud” y es “referencia en el mundo”, afirmó con orgullo la vicepresidenta Yolanda Díaz tras el acto de firma con sindicatos sobre el acuerdo de subida del SMI, del que se ha descolgado CEOE, pero para el que también tuvo, como habitualmente, palabras de agradecimiento por su participación y sus «posiciones bastante razonables», pese a no sumarse a algunos pactos.

Lo cierto es que en los últimos meses los agentes sociales han exhibido un músculo del diálogo social poco usual en los años previos, en buena medida por su responsabilidad ante la circunstancia sobrevenida de la pandemia. Con todo, en lo que va de legislatura el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han rubricado un total de 14 acuerdos, 11 de ellos con la firma de todas las partes, incluida la de los empresarios.

Otras fuentes sindicales del diálogo social, coincidentes con el ala de Unidas Podemos, hacen una lectura más política al temer que el reencuentro del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, con el presidente del PP, Pablo Casado, recientemente en la que mostraron su «extraordinaria» relación y negaron problemas por el apoyo empresarial a la reforma laboral estreche el vínculo de los empresarios con los ‘populares’ e influya en el devenir del diálogo social en los próximos meses marcados por citas electorales y la precampaña de las elecciones generales de al término de 2023. El PP ya ha apoyado la postura de rechazo de subida del SMI de CEOE.

Los planes de Díaz: SMI europeo y nuevas reformas

De cualquier forma, la vicepresidenta Yolanda Díaz y su equipo, capitaneado por su ‘número dos’, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, continuarán con su abultada agenda legislativa y normativa para seguir dando un vuelco al mercado laboral español y «converger a las. tasas de temporalidad y paro» de la media de la Unión Europea, apuntan desde su entorno.

«Trabajar, trabajar y trabajar» fue la proclama lanzada ayer por Yolanda Díaz tras la firma del acuerdo del SMI, y es que su apretada agenda política y legisladora lejos de disminuir continuará muy activa con el vieja la próxima semana a Burdeos (Francia) para defender la posición del Gobierno español respecto a la conveniencia de la directiva europea para fijar un Salario Míimo europeo.

También tiene previsto acometer la reforma legislativa de la economía social, tras haberse reunido este miércoles con el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño, y reunirse en los próximos días con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales , Nicolas Schmit.

También hará públicos el Ministerio de Trabajo los resultados de la comisión de expertos designada para el buen uso de los algoritmos en el marco de la denominada Ley de ‘Riders’ aprobada el año pasado. En materia de reformas está previsto acometer la reforma legislativa de la Ley de cooperativas para la incorporación de procedimientos telemáticos, el impulso a la creación y consolidación de esta figura de la economía social, así como la generación de empleo y la referida a las empresas de inserción, para la regulación de su régimen y adaptación de los perfiles de usuarios de las empresas, ls requisitos para constituirse en entidad promotora, entre otros.

A lo largo de 2022 se impulsará una modificación de la Ley del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objeto de adecuarla a las innovaciones tecnológicas y las distintas medidas previstas en el Plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023, pendiente aún de verse si se atenderá la petición de las ocho organizaciones de la Inspección de Trabajo que reclaman que se desbloquee el acuerdo suscrito el pasado mes de julio para el refuerzo de personal y material en el organismo, bajo amenaza de huelga en marzo.

Se impulsará una modificación para elevar las sanciones y una reforma de los incentivos a la contratación, reordenando y racionalizando los mismos, ya que las subvenciones y bonificaciones a la contratación suponen el 25% del gasto total en políticas activas de empleo y en Trabajo se ven «poco eficaces», en paralelo a la aprobación de un nuevo Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

También se transpondrá una directiva que establece requisitos mínimos para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional relacionados con el permiso de paternidad, parental y para cuidadores y fórmulas de trabajo flexibles para los trabajadores progenitores o cuidadores.

Otras regulaciones que se impulsarán desde Trabajo son la referida a la regulación laboral especial de los trabajadores artistas en espectáculos públicos, el desarrollo reglamentario de la regulación del contrato para la formación dual universitaria, el Programa de Fomento del Empleo Agrario y, no menos importante, la nueva subida del SMI para el año 2023 prevista de aprobación en el ejercicio en curso (2022).

Los sindicatos: difundir la reforma laboral, avanzar en despidos y subir salarios

Por su parte, los sindicatos mantienen también su intensa hoja de ruta para lo que resta de legislatura, bajo el aviso, realizado en presencia de Yolanda Díaz por parte de los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, de que queda «margen» para profundizar aún más en la reforma laboral. El paquete reivindicativo de los sindicatos aspira a lograr «transformaciones de calado» en el modelo laboral relativas a las condiciones, las causas y los polémicos costes de los despidos, así como las fórmulas de flexibilidad e inaplicación de lo pacto en los convenios colectivos en los pactos de empresa y la metodología para los despidos colectivos.

Las organizaciones lejos de borrar de la agenda sindical el espinos asunto de los despidos, lo subrayan en rojo. Fuentes sindicales ya adelantan a este medio que su planteamiento a priori pasa por volver a la indemnización previa a la reforma laboral de 2012, que fijaba una compensación por despido de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, un nivel que, aseguran, es bien visto por el Ministerio de Trabajo.

Con la reforma de 2012 se redujeron las indemnizaciones por despido improcedente en los contratos fijos pasaron de 45 días por año y 42 mensualidades a 33 días por año y un máximo de 24 mensualidades. En el caso de despidos procedentes la indemnización bajó hasta los 20 días, hasta un máximo de 12 mensualidades. También se clarificaron las causas por despido procedente, que mantuvo los casos de pérdidas actuales y previstas y añadió la disminución persistente de los ingresos o ventas, entendiéndose un periodo de tres trimestres consecutivos.

Los sindicatos se centrarán sobre todo en las negociaciones para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que ya han empezado, y para la que los sindicatos reclaman un alza salarial en los convenios de entre el 3,7% y hasta el 5%, pero también en regular para reducir los accidentes de trabajo y en el refuerzo de personal y medios de la Inspección de Trabajo.

El líder de CCOO, Unai Sordo, ya dejó claro que el acuerdo del SMI y la reforma laboral es «Muy relevante pero no se puede quedar en las páginas del BOE», por lo que los sindicatos continuarán con su ronda de explicación por todo el país con diversas asambleas conjuntas en distintos puntos de la geografía española.

Así las cosas, se informará sobre la configuración de los sistemas alternativos a los despidos a través de los ERTE o el mecanismo RED; el reto de trasladar a la negociación colectiva el tratamiento de la figura de los fijos discontinuos para sustituir la temporalidad y el fin del contrato de obra y servicio.