El Gobierno atasca los planes empresariales de la eólica marina sin subasta ni regulación
El atasco administrativo en materia renovable no es el único problema para el sector, la eólica 'offshore' tiene su particular penitencia
Los tiempos del Gobierno en materia de energía renovable a veces van demasiado lentos; sobre todo, para los intereses empresariales. En el caso de la eólica marina, que de momento solo tiene proyectos en las costas españolas, está a la espera de un marco regulatorio estable, el plan de ordenamiento territorial y una subasta de potencia. Todo ello con unos objetivos que parecen poco ambiciosos.
Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación en sociedad este lunes de IberBlue Wind, una ‘joint venture’ integrada por la irlandesa Simply Blue Group y las españolas Proes Consultores y FF New Energy Ventures, que iniciará su actividad en España y Portugal con el objetivo de estudiar oportunidades de negocio en torno a 2 GW en eólica marina flotante en la península Ibérica. Pero el camino no será nada sencillo.
Pese a las iniciativas privadas y proyectos que están presentando las empresas, la realidad es compleja. En estos momentos en España tan solo existe una ‘Hoja de ruta’ que se presentó a finales de 2021, donde se marcan unos objetivos bastante tibios; y algunas menciones en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde directamente se alude a la eólica marina como una tecnología inmadura.
Todo lo demás está por hacer. Incluso, con cuestiones fundamentales sobre cómo y dónde se pueden desarrollar los proyectos. Para ello es necesario elaborar los ‘Planes de Ordenación del Espacio Marino’ (POEM), que llevan en proceso de tramitación desde hace meses. Se trata de un instrumento de zonificación en el que, una vez analizadas las posibles interacciones con otros usos del mar, quedarán reflejadas las áreas más adecuadas para el desarrollo de la eólica marina, por viabilidad técnica y ambiental.
En consecuencia, el nuevo marco normativo para la eólica marina y las energías del mar debe partir de la definición espacial recogida en los POEM y la planificación y la normativa eléctrica. Esto debería estar disponible en las próximas semanas. No obstante, fuentes del sector consultadas por ECONOMÍA DIGITAL aseguran que no hay muy optimismo entre los principales inversores.
La eólica marina en cascada
Hasta que estén los POEM estructurados no habrá una seguridad jurídica total dentro del sector. Y eso provocará un efecto en cascada para que las empresas animen la inversión. De igual modo, el Gobierno tiene pendiente de anunciar una subasta de potencia de eólica marina. Una situación de la que tampoco se conocen detalles en estos momentos.
De este modo, existe un efecto cascada sobre los POEM, la regulación, las subastas y la inversión que, además, no está reflejado en el PNIEC. Fuentes del sector recuerdan que los proyectos de eólica marina tienen ejecuciones más largas que los denominados ‘on shore’ (en tierra firme). Y, por lo tanto, deben acelerarse. Sobre todo, explican, porque los objetivos marcados de 3 GW de capacidad son muy poco optimistas, y se distancian de los 10 GW que algunos expertos barajan.
Sin olvidar los problemas administrativos
A este efecto cascada hay que añadir los problemas administrativos que acompañan al sector renovable en su conjunto. En cuanto al procedimiento de autorización, y por la experiencia en relación con otras instalaciones de energía renovables que se ubican sobre el territorio. Resultará crítica en la agilización del proceso para la puesta en marcha de los futuros parques eólicos marinos. La existencia de puntos viables de conexión a la red eléctrica, los cuales se deberán emplazar en tierra firme.
Por otra parte, está por ver si con este nuevo marco normativo se podrá conseguir una eficiente coordinación entre las autorizaciones relativas. Tanto a las infraestructuras marinas (aerogeneradores, cableado, subestación eléctrica marina) como las terrestres (cableado, subestación eléctrica terrestre y conexión a la red). Donde necesariamente intervienen diferentes Administraciones con competencias sobre el territorio (Costas, Entidades Locales, Confederaciones hidrográficas y Puertos, en su caso).