El Plan del Gobierno contra la pobreza energética se atasca en plena escalada de los hogares con problemas
Los hogares que no pueden mantenerse a una temperatura adecuada se han duplicado en dos años hasta los 6,7 millones mientras el bono social llega solo a 1,23 millones de personas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE/Javier Lizón
Precios disparados, olas de calor, una pandemia y Filomena han sido el caldo de cultivo perfecto para que se dispare la pobreza energética en España. Según el informe publicado el pasado partes por la Universidad Pontificia de Comillas, las personas que no pudieron mantener una temperatura adecuada de su hogar en 2021 se han duplicado en dos años, llegando a ser 6,7 millones, el 14,3% del total, frente al 7,6% que eran en 2019.
El Gobierno aprobó una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 para hacer frente a esta emergencia, pero solo se han iniciado el 58% de las medidas, según la Fundación Ecodes. A este plan se suman numerosos reales decretos-ley con medidas urgentes y temporales por la crisis inflacionista y energética, aunque, a tenor de los datos, no llegan a todos los que lo necesitan.
«La estrategia era muy buena porque cubría muchas de las cuestiones que son necesarias para hacer frente a la pobreza energética, pero llevan mucho retraso en ponerse en marcha. Eso está haciendo que no estemos solucionando el problema como deberíamos», afirma Cecilia Foronda, directora del área de Energía y Personas de la Fundación Ecodes. La ingeniera señala la complejidad de solicitud del bono social y los retrasos en la rehabilitación de viviendas como los principales atascos de la estrategia.
Desde la Universidad de Comillas perciben también que «el cumplimiento de esta estrategia avanza a un ritmo algo más lento de lo deseable», aunque resaltan que las medidas «paliativas» de los reales decretos-ley del Gobierno «han contribuido a amortiguar efectos». Estiman que sin la ampliación del bono social, la rebaja del IVA de la electricidad y el tope al precio del gas en las tarifas reguladas, entre otras, la pobreza energética oculta habría alcanzado a 200.000 hogares más. Según su estudio, esta pobreza se ha incrementado en diez puntos en un año y afecta ya al 31,2% de los hogares españoles, los cuales, por «miedo a las facturas», deciden no cubrir «ni la mitad de su gasto energético teórico».
Sin rastro del nuevo bono social
La principal medida prestacional de la estrategia, incluida en el bloque de medidas de «transición», es crear un nuevo bono social energético que cubra todas las fuentes de suministro energético y cuya concesión sea automática por criterios de renta. La estrategia consideró que crear un bono social en estos términos, reemplazando los actuales bonos eléctrico y térmico, era necesario para que la prestación fuera eficaz.
Sin embargo, más de tres años después de la aprobación del plan, sigue sin ponerse en marcha y los consumidores vulnerables tienen que solicitar la prestación a las comercializadoras energéticas de referencia. Según Foronda, esto es «bastante limitante» porque supone «una carrera de obstáculos, de papeleos y de burocracia» a familias que no disponen de recursos para realizarlos.
Además, según el último boletín de indicadores eléctricos de la CNMC, las personas acogidas al bono social en mayo de 2022 eran 1.227.715, cifra alejada de los 1,9 millones a los que quería llegar el Gobierno cuando aumentó en marzo los límites de renta permitidos para tener derecho al bono. Y cifra más alejada aún de las personas que, se estima, están en situación de pobreza energética en España, según todos los indicadores de medición.
Retraso en la rehabilitación de hogares vulnerables
Dentro de las medidas estructurales para afrontar la pobreza energética «de raíz» se estableció la puesta en marcha de subvenciones entre 2019 y 2020 para «rehabilitaciones exprés» poco costosas en hogares vulnerables, como cambio de equipos térmicos, pero estas fechas no se han cumplido.
Las ayudas a la rehabilitación no se concretaron hasta octubre de 2021 en el marco de los fondos Next Generation, según recuerda Foronda, y «las comunidades autónomas han empezado a lanzar las convocatorias entre seis meses y un año después«. Además, la ingeniera critica que las familias vulnerables «no saben pedir la subvención» por lo que necesitan acompañamiento, «no solo darles el dinero».
«Lo que no se mide no ocurre»
Por otra parte, a pesar de los estudios académicos y de los datos del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV), nos siguen faltando los datos oficiales actualizados del Gobierno, ya que los últimos disponibles se refieren a 2020. La estrategia estableció que se publicarían anualmente «a más tardar el 1 de octubre de cada año», pero un año más se incumple este plazo.
Desde la Universidad Pontificia de Comillas afirman que «sería deseable contar antes con la información«, aunque no creen que los retrasos sean perjudiciales. Y, en su opinión, «sería interesante tener una mayor desagregación geográfica» de los datos para «desglosarlos por zonas climáticas».
Por su parte, Foronda lamenta que «lo que no se mide no ocurre» y cree que los datos deberían publicarse «como muy tarde en el primer cuatrimestre del año». Aunque no haya datos oficiales, explica que Ecodes ya había atendido en septiembre de 2022 al mismo número de familias por problemas de pobreza energética que en todo el año 2021.
