El plan de Escrivá para asegurar las pensiones presenta un ‘agujero’ de 20.000 millones

El nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) diseñado por el Gobierno y acordado con los sindicatos sin el consenso con CEOE es «insuficiente» para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en las próximas décadas y su recaudación quedará al menos 20.000 millones de euros por debajo de lo previsto por el Ministerio de la Seguridad Social.

Esta es la preocupante valoración que realizan algunos de los principales expertos en materia de pensiones consultados por Economía Digital sobre el nuevo mecanismo del Gobierno que sustituirá al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 del PP y que supondrá una subida de cotizaciones del 0,6% entre 2023 y 2032 para hacer frente a la presión del gasto de las pensiones de los ‘baby boomers’, los nacidos entre 1958 y 1977.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estimó el miércoles que con el nuevo mecanismo (subida de cotizaciones) el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como ‘hucha de las pensiones’, alcanzará alrededor de 50.000 millones de euros en 2032, por lo que multiplicará por 25 sus recursos respecto a los poco más de 2.000 millones de los que dispone actualmente.

Sin embargo, estas previsiones podrían quedarse muy lejos de la realidad a tenor de los cálculos que realizan los principales organismos, que reducen ese ‘colchón’ para el Fondo Reserva a casi la mitad, por lo que la corrección del déficit del sistema público de pensiones y el pago de las mismas podría seguir comprometido en el futuro a pesar de la controvertida medida.

Los cálculos de los expertos: entre 2.000 y 3.000 millones al año

«(La previsión de Escrivá) parece muy optimista, no creo que se recaude mucho más de 2.000 millones al año», señala a Economía Digital el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, reduciendo así el ‘colchón’ que aportará la subida de cotizaciones a unos 20.000 millones de euros, aunque valora que es la primera medida que ayuda a aliviar «un poco» el problema de sostenibilidad.

De hecho, De la Fuente sostiene que la medida podría no llegar a aportar nada al Fondo de Reserva, ya que primero habría que salir del déficit que presenta el sistema, de unos 16.000 millones en el año 2019, algo que «no parece fácil» teniendo en cuenta que las previsiones apuntan a un aumento del desajuste entre ingresos y gastos en los próximos años.

Algo más optimista se muestra el director de Coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), Raymond Torres, quien señala a Economía Digital que, en principio, el mecanismo de equidad intergeneracional ayuda a reducir el déficit del sistema de pensiones.

El MEI no aborda el déficit del sistema, solo corrige la desviación adicional del gasto por la derogación del Factor de sostenibilidad y con un tope de 0,8 puntos de PIB

BBVA Research

Bajo supuestos inerciales (inflación tendencial del 1,5% y un mercado laboral inmune a la reforma), el ahorro podría a elevarse a cerca de 3.000 millones de euros por año en media anual durante el periodo 2023-2032. Es decir, un total de 30.000 millones de euros, unos 20.000 millones por debajo de la estimación de 50.000 millones realizada por Escrivá.

Según cálculos de BBVA Research, el incremento de cotizaciones durante la próxima década, el aumento de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos proporcionaría actualmente poco más de 2.000 millones de euros, que representan un 7,1% de las transferencias previstas del Estado en 2022 para financiar el déficit del sistema, que ascienden a 28.243 millones.

Este déficit de 2022 irá aumentando en los próximos años hasta situarse por encima de los 5 puntos del PIB hacia 2050, según el servicio de estudios de la entidad, que avisa de que el Mei «no aborda este desajuste», ya que solo tiene previsto corregir la desviación adicional del gasto que se pueda producir en las próximas décadas por la derogación del Factor de Sostenibilidad y hasta un tope de 0,8 puntos del PIB.

La influencia de la inflación y el impacto en el empleo

Según explica Torres, la magnitud de ese efecto depende de manera central, en primer lugar, de la tasa de inflación, puesto que cuanto más elevada sea la inflación en relación a la base de cómputo de las cotizaciones, menor será el ahorro con respecto al sistema actual, basado en el factor de sostenibilidad, que se deroga con la entrada en vigor de la medida.

A la inversa, con tasas de inflación reducidas o cuasi nulas, el nuevo sistema genera un ahorro estructural frente al actual, si bien también influirá en gran medida el impacto del alza de cotizaciones en el empleo.

Funcas sostiene que en los sectores más boyantes o con fuertes excedentes, el efecto debería ser limitado, pero en los otros podría producirse o bien una disminución de la demanda de trabajo o una compresión de los salarios para compensar el alza de costes no laborales.

De esta forma, Torres cree que si la recuperación se fortalece en 2022 y continúa en 2023, el impacto del nuevo mecanismo debería ser moderado al menos a corto plazo. En todo caso, Funcas considera que si el entorno económico se complica, sería necesarias medidas compensatorias en los sectores más perjudicados y, de cualquier forma, realizar evaluaciones periódicas de la reforma.    

Una media «muy insuficiente»: «Va en la dirección incorrecta»

Con todo, De la Fuente (Fedea) ve «muy insuficiente» el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional al ir además «en la dirección incorrecta», ya que si se pretende limitar la carga sobre los jóvenes habría que «controlar el crecimiento del gasto y no subirles las cotizaciones».

Las estimaciones realizadas por el Gobierno reflejan que para el trabajador medio la subida supondrá pagar casi 2 euros más de cotización cada mes, mientras que para los empresarios el incremento rozará los 10 euros mensuales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en el Pleno del Senado el esfuerzo «mínimo» requerido porque el alza de cotizaciones de 0,6 puntos porcentuales supondrá un euro al mes a los salarios más bajos y 2,5 euros a los sueldos más altos.

El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, también sostiene que la subida de cotizaciones «no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, no garantiza la sostenibilidad ni mejora la equidad del sistema de pensiones, reduce su contributividad, y carga el mayor gasto sobre generaciones más jóvenes».

Disminuye la contributividad y afecta a la creación de empleo

El servicio de estudios de la entidad indica que la medida, además de blindar a la generación del ‘baby boom’ y evitar un ajuste e su pensión inicial por la mayor esperanza de vida o un retraso en la edad de jubilación «a costa de aportaciones crecientes de las generaciones más jóvenes», disminuye la contributividad del sistema porque el alza de cotizaciones sociales no dará derecho a pensiones mayores.

En línea con las quejas de la patronal, los expertos advierten de que se opta por incrementar los impuestos sobre la creación de empleo, en contra del objetivo del fondo Next Generation UE de aumentar la tasa de empleo.

En detalle, el 80% de la subida, 0,5 puntos del total de 0,6 puntos del alza, recaerá sobre los empresarios, en tanto que el 0,1 punto porcentual restante de la medida tendrá que ser asumido por la parte de las cotizaciones que abonan los trabajadores de su sueldo a la Seguridad Social.

Habrá nuevo alza o ajuste a los 10 años

Además, distintos expertos advierten de que con el nuevo mecanismo no se descarta que pueda haber un nuevo alza de cotizaciones transcurrida la década prevista de subida de cotizaciones, o la necesidad de acometer un ajuste, tal y como se refleja en el acuerdo.

El pacto bipartito entre Gobierno y sindicatos fija que si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

En el caso de que la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma “equilibrada”, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos. 

El catedrático de la Complutense y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, es tajante al señalar que decir que la subida de 0,6 puntos porcentuales de cotizaciones (0,16 puntos de pIB al año) garantiza la sostenibilidad de pensiones es «mentir o no saber/querer sumar», máxime cuando la actualizacón de pensiones en el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad aumentará el déficit en más de 3,5 puntos de PIB al año.

El experto advierte en un tuit de que «ocultar la verdad» para no adaptar el sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica no conseguirá evitar la reforma y solo consigue que cuando se tenga que acometer será «más drástica e injusta socialmente».