El plan anticrisis de Sánchez reducirá solo un punto la inflación: los hogares pierden 16.700 millones

El Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales aprobado por el Gobierno para una aplicación en principio de tres meses, entre el 1 de abril y el 30 de junio, reducirá apenas un punto porcentual la alta inflación, que en marzo escaló al 9,8% y Funcas prevé que registre una media del 6,8% este año, tras haber reducido ya en 16.700 millones de euros la renta de los hogares españoles.

Esta es la estimación que calcula Funcas, que ha publicado este miércoles sus previsiones económicas para España para el periodo 2022-2023, presentadas en rueda de prensa por el director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el director de Coyuntura y Economía Internacional de la fundación, Raymond Torres, quienes han explicado que el impacto de la guerra en la economía española es doble al resentirse la actividad y elevarse la inflación como consecuencia principalmente de la crisis energética.

Ocaña ha estimado que el impacto del plan de respuesta será reducir «un punto porcentual» la inflación si los precios de la energía empiezan a moderarse, en un contexto en el que el IPC ha rebotado hasta el 9,8% en marzo, máximo desde 1985, como consecuencia sobre todo de la crisis energética. Con todo, Ocaña cree que se podría evitar una inflación a doble dígito si el crecimiento de mayo se confirmara, teniendo en cuenta que se va a reducir el precio de la gasolina.

Asimismo, ha indicado que el límite al precio del gas impulsado por el Gobierno en el marco europeo para abaratar la factura de la luz, pendiente aún de aprobación por Bruselas, será la medida que más contribuya a mitigar el impacto del IPC, por lo que no se puede valorar del todo la magnitud a la espera de que se concrete el anuncio. A su juicio, la reducción del orden de un 1% de la inflación gracias el plan es «significativo», pero su suficiencia debe medirse con los niveles de inflación cercanos al 7% que prevé Funcas para el conjunto del año.

Y es que, según Funcas, la tasa media anual del índice de precios de consumo (IPC) se situaría en el 6,8%, frente al 4,6% de las previsiones anteriores, si la guerra en Ucrania y las tensiones energéticas perduran, toda vez que en marzo el IPC se ha disparado hasta el 9,8% por el alza generalizado de todos los componentes, sobre todo electricidad, carburantes y alimentos, por encima del 8,6% que vaticinaba Funcas.

En cuanto a la inflación subyacente (excluye precios energéticos y alimentos no elaborados), la fundación señala que depende del mantenimiento de la moderación de los salarios y de los márgenes empresariales y calcula que permanecerá relativamente moderada en torno al 3%, pero si la contienda continúe sería mayor y ello podría afectar a la competitividad.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles que la tasa de inflación del 9,8% de marzo es un «mal dato», pero ha confiado en que las medidas del plan de choque y el acuerdo para limitar el precio del gas en el marco europeo permita «estabilizar» su evolución. «Va a permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida», ha señalado en el Pleno del Congreso donde ha comparecido para dar cuenta del cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental y las últimas cumbres de la OTAN y del Consejo Europeo.

Pérdida de renta de los hogares y recorte del crecimiento

Torres ha explicado que esta mayor previsión de inflación conlleva un recorte de 2,2 puntos la reducción de capacidad de compra de los hogares, lo que supone una reducción de en torno a 16.700 millones de euros de los ingresos de los hogares, que vienen determinados por la evolución del empleo y los salarios. Eso sí, ha matizado que dicha reducción de renta puede repercutir directamente o no en el consumo, en función del volumen de ahorro acumulado que utilicen los hogares para atenuar el golpe de la inflación en el poder adquisitivo.

El encarecimiento de los precios está provocando una pérdida en la renta de los hogares del orden de 16.700 millones de euros, ya que Funcas calcula que se ha pasado de un volumen de renta de los hogares españoles de 767.300 millones de euros antes del ‘shock’ energético a unos 750.600 millones de euros tras el enviste de la crisis de los precios energéticos agudizada por la guerra de Ucrania.

La invasión de Ucrania por Rusia, el shock energético derivado de esta y las sanciones impuestas por la UE al país ruso han llevado al traste aún más las previsiones económicas del Gobierno. De hecho, Funcas ha reducido su pronóstico ni más ni menos que en 1,4 puntos porcentuales su previsión de crecimiento de este año, hasta el 4,2%, sobre todo por el menor consumo de los hogares y la inflación media prevista del 6,8%. También recorta dos décimas el crecimiento de 2023, hasta el 3,3%.

Límite en las medidas: «Son costosas y aumentan el déficit»

En cualquier caso, Torres ha subrayado que aunque las medidas incluidas en el Plan de choque son transitorias, en principio con vigencia hasta el próximo 30 de junio, conllevan un elevado gasto, por lo que «hay un límite de cuánta pólvora se puede usar en controlar los precios». Las medidas son «costosas» y conllevan un aumento del déficit público, por lo que en su opinión «no pueden ser ilimitadas ni de cualquier magnitud», por lo que Ocaña ha pedido en este sentido «tener cuidado» con la financiación de la deuda pública, ya que se encontrará en un escenario de tipos de interés más altos y «será más costoso financiarla».

Aun así, las previsiones de Funcas apuntan a un menor déficit público del que calculaba hasta ahora, al situarlo en el 5% del PIB este año, en línea con la estimación del Gobierno, y en el 4,5% en 2023, siete y tres décimas menos que en sus anteriores previsiones, respectivamente. España cerró el año 2021 con un déficit por debajo del 8,4% que preveía el Ejecutivo, aunque el dato definitivo se dará a conocer este jueves.

Si se cumple la previsión de inflación, solo el presupuesto en pensiones se incrementaría en un poco más de 10.000 millones de euros, lo que supone un déficit estructural «muy importante» que se tendrá que financiación un menor volumen o ninguna compra de deuda por arte del BCE o tipos de interés más alto. El Euríbor podría pasar a terreno positivo en 2023 y el bono público. a 10 años estaría por encima del 2% a final de ese año (2,19%).

En cuanto al a deuda pública, también ha rebajado sus pronósticos al augurar que este año se situará en el 115% del PIB, para volver a descender hasta el 112,4% el próximo año, es decir, 1,4 y 2,2 puntos porcentuales menos que en el escenario que manejaba hasta ahora. Torres ha avisado del riesgo de estos altos niveles de desequilibrio en un contexto de repliegue del BCE.

Entre las medidas más destacadas del plan de choque aprobado por el Gobierno figuran una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos, la prohibición del despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas que aleguen causas relacionadas con el alza de los precios energéticos, un alza del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.