Las petroleras financiarán parte de la ayuda a los transportistas: las patronales mantienen el paro
La vicepresidenta Nadia Calviño avanza medidas de refuerzo y apoyo financiero gestionadas por el ICO, tal y como adelantó Economía Digital, y tres grandes patronales rechazan la inconcreción de la ayuda a transportistas y mantienen el paro
El Gobierno alcanza un acuerdo con el sector del transporte para mitigar el alza del precio del combustible y aplacar el descontento del sector, entre los varios que protestan por la crisis energética, y aunque este viernes terminará de concretar los detalles de las ayuda de 500 millones para rebajar el precio del combustible, ya se sabe que parte estará financiada por los Presupuestos y también por contribución de las petroleras.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció en una rueda de prensa conjunta con el presidente del departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carreteras (CNTC) (representa al 80% del sector), Carmelo González, que se aplicará una reducción efectiva del precio del gasóleo para los transportistas por importe de unos 500 millones de euros, siguiendo un modelo similar al de Francia.
De esta forma, una parte de la bonificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles. La vicepresidenta Nadia Calviño ha especificado tras la reunión con los agentes sociales para abordar el Plan Nacional del respuesta al impacto de la guerra en Ucrania que una parte estará financiada por los Presupuestos Generales del Estado y otra será «contribución de las propias empresas petroleras».
La principal medida del acuerdo pasa por la aplicación de mayores bonificaciones por medio del denominado ‘gasóleo profesional’, la bonificación fiscal que recibe el sector del transporte y aplica al impuesto de hidrocarburos, una iniciativa que se terminará de concretar tras el Consejo Europeo de este jueves y viernes pero que se estima que tendrá un impacto de en torno a 500 millones de euros.
Varias patronales mantienen el paro
A pesar del acuerdo alcanzado con el CNTC, que representa al 80% del sector del transporte por carretera, la asociación minoritaria Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías, que ha convocado huelga indefinida y paros en los últimos días con afectación en el suministro de bienes, ha rechazado la medida y mantiene la movilización.
Es más, tres grandes federaciones nacionales de transportistas (Fenadismer, Fetransa –integrada en ATA– y Feintra) han decidido continuar con el parón de su actividad desde este lunes de forma indefinida ante la falta de concreción de las ayudas, hasta tanto no sean detalladas las medias urgentes y efectivas que requiere el sector para «salir de la ruina».
Tanto Calviño como la ministra Sánchez han pedido esperar al próximo viernes para concretar las medias una vez se celebre el Consejo Europeo y han rechazado las bajadas fiscales an o ser «eficaces» en este sector, porque sería inmediatamente compensado con subidas de los precios e la energía , de forma que se ha optado por una ayuda directa al litro del carburante para genera un efecto positivo director en los colectivos que más usan los carburantes.
El Gobierno ha acordado con el CNTC la devolución del gasóleo profesional a nivel mensual, en vez de trimestralmente como se viene haciendo actualmente, así como la publicación semanal del índice de variación del gasóleo profesional.
Ayudas financieras del ICO
Por otra parte, tras la reunión con los agentes sociales para analizar el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, Calviño ha detallado que se les ha informado de los ocho objetivos del plan: reducir el precio de la energía; apoyar a las empresas de los sectores más afectados; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; acelerar el despliegue del Plan de Recuperación e impulsar la eficiencia energética, Reforzar la ciberseguridad.
Sin llegar a concretar, ha desvelado que se está trabajando en «medias refuerzo y apoyo financiero gestionadas por el ICO«, tal y como han abogado los representantes empresariales y como adelantó hace unos días Economía Digital.
«Estamos valorando medidas que pueden tener una mayor eficacia e impacto desde el punto vista de la estabilidad financiera», ha apuntado, al tiempo que sobre el pacto de rentas para la contención salarial ha pedido dejar trabajar a patronal y sindicatos para que lleguen a un «buen equilibrio» y al tratarse de uno de los principales elementos del Plan Nacional de respuesta.
De su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido tomar medidas «drásticas» para hacer frente a la crisis energética, por lo que ha indicado que se va a reforzar la movilización convocada para este miércoles por los sindicatos junto a asociaciones como Facua, UPTA o Uatae, al tiempo que ha exigido garantizar el poder adquisitivo con una subida de salarios en un ciclo de dos o tres años y dar a ayudas a los sectores con más dependencia de productos como hidrocarburos, combustibles y energía.
Eso sí, al igual que el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado la «trampa» de bajar impuestos porque acabaría beneficiando a las eléctricas y en su lugar han pedido controlar los precios, una vez se consensúen acciones en el Consejo Europeo, teniendo en cuenta que en 2023 podrían volver las reglas fiscales y someter a recortes.
«No podemos dejar de lado que en estos momentos hay productos que se están encareciendo sin razones objetivas sencillamente por un proceso de especulación a los que somete el mercado a los consumidores», ha denunciado Álvarez, quien ha pedido al Gobierno instrumentos para intervenir especialmente en la energía. Álvarez ha exigido también que se garantice que las explotaciones agrarias trabajan con rédito (beneficios) y no con pérdidas.
Sobre el asunto de los transportistas, piden que los asalariados no queden «en tierra de nadie» ante un «paro patronal», así como analizar medidas de rebaja de los precios del gasóil y la gasolina en los consumidores, además de actuar para que la crisis energética no afecte a los agricultores ni a los inquilinos en las renovaciones de contratos de alquiler de vivienda con arreglo al IPC.