Sánchez sume al Ibex en la incertidumbre: lío sobre la base imponible de los nuevos impuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado una vuelta de tuerca en su relación con las empresas energéticas españolas, y no precisamente para bien. El pasado mes junio daba el anuncio previo de que iba a imponer un impuesto especial sobre estas empresas. No se dieron más detalles. Desde entonces, las grandes compañías de energía cavilan sobre cómo será su aplicación. El problema es que, pese al reanuncio en el Debate sobre el Estado de la Nación, se sigue sin saber nada. 

Las principales eléctricas, Iberdrola y Endesa; así como la principal gasista, Naturgy; o petroleras como Repsol y Cepsa, siguen sin saber absolutamente nada sobre cómo será el impuesto especial sobre los “beneficios extraordinarios” que quiere colocar el Gobierno a estas compañías. Consultadas por el gravamen, la respuesta es unísona: hay que esperar a tener el texto. 

De hecho, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado este miércoles que muy pronto darán cuentas desde el Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de este impuesto. Es decir, de nuevo hay una medida anunciada por el presidente que no tiene todavía su formulación definitiva antes de ser contada a la opinión pública. 

Otra muestra de confusión dentro del sector es la reunión que mantendrá la ministra Ribera con las patronales de las empresas que se verían afectadas con este impuesto. Aelec (Iberdrola y Endesa); Sedigas (Naturgy); y AOP (Repsol y Cepsa), aunque también representan a otras empresas que se verán afectadas por este gravamen.  

En todo caso, que a estas alturas el Gobierno empiece a dar a conocer sus planes es síntoma de la incertidumbre que se está creando y que, tal y como ha contado ECONOMÍA DIGITAL, puede terminar impactando en las inversiones que realicen las compañías energéticas. 

La contundencia del Gobierno 

En cuanto a la medida, el Gobierno se mantiene firma en la idoneidad de la medida. Teresa Ribera ha asegurado que «lo que toca» en este momento es, «en lugar de incrementar beneficios y dividendos, ajustarse el cinturón y ser cómplices con los ciudadanos y un sector productivo que lo está pasando mal».  

Ribera se ha mostrado convencida de que «el 90-95%» de los ciudadanos «entienden y respaldan» la propuesta de este impuesto para hacer frente al incremento de las «necesidades sociales» por el conflicto en Ucrania. De todas maneras, considera que se debe «definir bien» el impuesto y buscar «su máxima eficacia», estimando que será complicado que pueda ser repercutido en los bolsillos de los ciudadanos por las compañías. 

 «Se trata de un impuesto donde se trata de gravar la diferencia de beneficios con respecto al mismo volumen de ventas. Las cuentas de estas compañías son transparentes y con el mismo volumen de negocio se observa una diferencia muy importante en los beneficios que han obtenido. Si es así, es más difícil repercutir ese gravamen extraordinario», ha manifestado. 

Asimismo, Ribera asegura que, con arreglo a los datos de Eurostat, las empresas energéticas en España «ganan bastante más que las empresas energéticas en el promedio de la UE». La ministra también afirmó que el objetivo de la medida es el de «hacer un reparto equitativo de los esfuerzos», de manera que los más de 15.000 millones de euros de las medidas de acompañamiento por la guerra de Ucrania sean financiados «de forma estable para el conjunto de los Presupuestos públicos». 

Y también guerra soterrada 

Por si fuera poca la batalla impositiva, este miércoles se ha querido sumar Iberdrola a la confusión. El vicepresidente de Iberdrola España, Antonio Miguel Carmona, considera que el impuesto a las energéticas anunciado por el presidente del Gobierno se circunscribe únicamente a petroleras y gasistas, dada la reducción de beneficios que han experimentado las compañías eléctricas en España. 

«Entendemos que este impuesto es a las petroleras y a las gasistas que representan el 75% de la energía. Nosotros, muy al contrario, tenemos un recorte de resultados en España por el encarecimiento del gas y al tener el 80% de la demanda eléctrica vendida a precio fijo», ha señalado. 

«Entendemos, pues, que están hablando de un impuesto a las petroleras y a las gasistas que representan, insisto, el 75% de la energía vendida en España», ha concluido.