Pedro Sánchez compensa al fin a los ayuntamientos con el fondo de transporte de 433M

Tras meses de espera desde la fecha inicialmente prevista para finales del mes de marzo, el Consejo de Ministros aprueba este martes finalmente el fondo de 433 millones de euros para la compensación por la caída de ingresos en 2020 de los operadores del servicio de transporte público como consecuencia de la Covid-19, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó la semana pasada que el fondo se aprobaría esta semana y aseguró que se hará operativo «ya» debido a que las empresas de transporte han presentado sus cuentas y algunas presentan problemas para continuar en el futuro.

La media se dirige a compensar por la caída de ingresos del transporte público de titularidad de entidades locales y beneficiará a 237 municipios en todo el país que recibirán esa inyección de dinero para poder pagar a las empresas concesionarias prestatarias de servicios de transporte público, muchas de ellas con problemas de morosidad y al borde de la quiebra por los retrasos de los ayuntamientos en los pagos.

Como norma general, los entes beneficiarios recibirán el equivalente al 40% de los ingresos que tuvieron en 2019 sus
sistemas públicos de transporte por tarifas o precios públicos, porque se cifra en esa proporción el impacto de la pandemia.

Retraso de dos meses

El Gobierno había anunciado que el nuevo fondo para paliar los problemas del transporte urbano derivados de la pandemia estaría a disposición de las entidades locales antes de que finalizase el mes de marzo, sin embargo su llegada se ha retrasado algo más de dos meses.

En cualquier caso, los ayuntamientos pudieron remitir entre el 5 y el 19 de abril toda la información financiera necesaria para y los ingresos de 2019 para poder ver el impacto de la pandemia y así poder acceder a la compensación por la caída de ingresos en 2020 de los operadores del servicio de transporte público debido a la Covid-19.

Respecto a la cuantía del fondo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año se recogió la creación de un fondo para financiar los servicios de transporte urbano ante la incidencia de la pandemia de entre 250 y 1.000 millones de euros, si bien en el anexo no figuraba ninguna partida presupuestaria específica. 

¿Montante insuficiente?

En la Administración se realizó una estimación aproximada de 400 millones, al ser el déficit calculado que debería financiarse para compensar a los ayuntamientos por el menos uso del transporte urbano con el fin de que los entes locales paguen a los operadores del servicio. Finalmente el montante total aprobado por el Gobierno res de 433 millones de euros.

Cabe recordar que a mediados del año pasado el Gobierno aprobó destinar 800 millones de euros del Fondo Covid-19 aprobado para su trasferencia a las comunidades y ciudades autónomas, para financiar el déficit adicional que ha sufrido el transporte público de financiación y titularidad autonómica, motivado por las medidas adoptadas durante el estado de alarma para paliar la Covid.

Sin embargo, desde la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) indicaron a Economía Digital que las necesidades podrían oscilar entre 900 y 1.000 millones para compensar los servicios autonómicos. En este sentido, el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, ha denunciado que algunas administraciones autonómicas ya han trasladado que no disponen de dinero.

De esta forma, avisó de que si no llega otro fondo para pagar a las empresas en plazo en el primer semestre alguna administración incumplirá sus compromisos.

Situación crítica: demanda del 50% y riesgo de quiebras y retrasos de nóminas

Lo cierto es que las compañías locales de transporte han tenido que hacer frente a una reducción más que drástica de los viajeros, debiendo mantener, además, una frecuencia muy superior a la demanda, a lo que también se han sumado los desembolsos en las medidas sanitarias contra la Covid.

El presidente de Confefbús, Rafael Barbadillo, denunció en declaraciones a Economía Digital que el sector del transporte urbano atraviesa una situación muy complicada, con un porcentaje de demanda “estancada”, que se sitúa en torno al 50% (con ligeras variaciones en función de la ciudad  o pueblo), pero con el mantenimiento del 100% de la oferta. 

Aunque en términos generales los servicios urbanos son deficitarios, Barbadillo alertó de que con la caída de la recaudación de los ayuntamientos el esfuerzo de estas administraciones para pagar a los operadores de los servicios es mayor y “empieza a haber problemas de morosidad con operadores de transporte”. 

“Si la empresa está financiando el servicio, tiene sus límites porque sigue pagando nóminas y el gasóil para que el servicio continúe. Esto tiene un límite, llevamos mucho tiempo así, las administraciones tienen problemas y cada vez más”, alertó Barbadillo. 

Ante este panorama, subrayó que urge habilitar “cuanto antes” el fondo de compensación de transporte urbano, así como el fondo autonómico, porque en el sector están “secos”, temiendo retraso en nóminas y quiebras. En las empresas del sector hablan de una situación “crítica y desesperada”, y alertan de que el retraso en estos fondos provocará la quiebra de empresas e incluso tener que retrasar pagos, incluidas nóminas algunas, señalaron desde Avanza.

Los ayuntamientos reclaman gestionar un 15% de los fondos europeos

Además del fondo de transporte aprobado este martes, algunos ayuntamientos de distinto signo reclaman al Gobierno un fondo de 4.000 millones al margen del de reconstrucción, así como gestionar al menos un 15% de los fondos europeos de reconstrucción.

Un total de 10 alcaldes de Cádiz (Adelante), Girona (JxCAT), Lleida (ERC), Madrid (PP), Reus (PDeCAT), Santa Cruz de Tenerife (CC), Torrelavega (PRC), Pamplona (UPN), Valencia (Compromís) y Zaragoza (PP) reclamaron una reunión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si bien mantienen poco optimismo sobre las posibilidades de la reunión, según han indicado a Economía Digital en fuentes de los distintos consistorios. 

El pasado 20 de mayo más de 200 alcaldes del PP de toda España se concentraron a a Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, con Pablo Casado a la cabeza, para protestar por lo que consideran el «abandono del Gobierno», reclamando el fondo de 4.000 millones de ayudas por la crisis y otro de 1.000 millones específico para el transporte público.

En una comparecencia ante la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP9, Abel Caballero, volvió a pedir este lunes para los gobiernos locales una participación por encima del 14% tanto en las ayudas europeas como en los fondos asignados a las comunidades autónomas, una vez descontadas las asignaciones de sanidad.

El argumento dado por Caballero es que ese porcentaje es la participación de los gobiernos locales en el gasto público y porque son los ayuntamientos los que frecuentemente asumen sin recursos el desempeño de competencias que corresponden a las comunidades autónomas.

En estos ayuntamientos lamentan que hasta ahora desde el Ministerio de Hacienda han desoído siempre sus peticiones, si bien desde el departamento de María Jesús Montero recuerdan que las solicitudes para los entes locales realizadas desde el PP se incluyeron en un real decreto ley que el. Congreso tumbó con los votos del PP.

Caballero reclama fondos y que la FEMP designe representantes en el Senado

Además, señalan que «nada impide» que las CCAA les cedan a los ayuntamientos parte de los fondos europeos, en un contexto de reparto de los fondos a través de las conferencias sectoriales. De cualquier forma, recuerdan que los ayuntamientos serán responsables de la gestión de 1.489 millones de fondos europeos.

Asimismo, las entidades locales con la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, ingresarán 19.452 millones, un 3% más que en 2020, a lo que se suma que también cuentan con la suspensión de las reglas fiscales que les permite usar sus remanentes de tesorería.

Caballero también defendió en la Cámara Alta una segunda descentralización que reconozca a los gobiernos locales su condición de Estado y la asignación directa de recursos que permitan a los ayuntamientos afrontar desde la proximidad la recuperación económica y social.

También ha planteado convertir la FEMP en una entidad de derecho público, con capacidad para designar representantes en la Cámara Alta: “sería bueno que en el Senado hubiese alcaldes designados por la FEMP”, sostuvo.