Patronal y sindicatos podrán imponer a empresas y trabajadores los planes de pensiones del Gobierno

Nueva y relevante competencia para los agentes sociales. El Gobierno habilitará normativamente a la negociación colectiva sectorial para que patronal y sindicatos puedan extender el plan público de empleo acordado a todas las empresas del sector, y obligar si así lo deciden a empresas y trabajadores a suscribir los nuevos planes públicos.

Así se establece en el anteproyecto de Ley reguladora para el impulso de los planes de pensiones de empleo aprobado por el Gobierno, con el que busca extender exponencialmente este tipo de planes de pensiones en detrimento de los planes individuales actualmente mayoritarios, mediante la puesta en marcha de fondos de pensiones de promoción pública los que se podrán adscribir los planes de empleo sectoriales.

Fuentes gubernamentales confirmaron que habrá un «reconocimiento expreso» del papel del convenio sectorial, con la potestad de que en ese marco patronal y sindicatos puedan acordar la obligatoriedad de que todas las empresas del sector se adscriban a los nuevos planes de pensiones, un «reconocimiento que la negociación colectiva no tenía».

Así las cosas, el convenio colectivo sectorial podrá prever que las empresas, igual que tienen una obligación de respetar niveles salariales, tengan la obligación de que una parte del salario vaya al plan sectorial, pero esos convenios también tendrán la potestad para que, al contrario, se apunten solo los trabajadores que lo deseen o como consideren, matizan desde el departamento de José Luis Escrivá.

El Gobierno otorga este relevante cambio en la negociación colectiva, en plenas negociaciones de la reforma laboral en la que se pretende potenciar y reequilibrar la negociación colectiva, con el fin de que a la hora de sentarse a negociar las condiciones salariales y laborales en la mesa de negociación de los convenios, los planes de pensiones públicos sean uno de los puntos.

Los nuevos fondos públicos de empleo

La nueva norma, que llegará antes de que acabe el año en segunda lectura al Consejo de Ministros para su remisión al Congreso como proyecto de ley y su entrada en vigor antes de junio de 2022, contempla la creación de fondos de empleo de impulso público, que facilitarán la adscripción de todo tipo de trabajadores.

Las entidades gestoras y depositarias de dichos fondos serán seleccionadas mediante procedimiento abierto, con la previsión de que ofrezcan unas comisiones más bajas. Estos fondos tendrán una gobernanza específica, con comisiones de control propias. 

Eso sí, los criterios de inversión deberán estar alineados con los principios para la inversión responsable y las mejores prácticas de finanzas sostenibles reguladas por la UE, con una gobernanza específica que pasa por una Comisión de control especial, única para todos los fondos de promoción pública, y una Comisión de control y seguimiento, que fijará criterios de eficacia en la selección de los miembros de la comisión.

Además, se facilita la creación de los planes simplificados, en los que los convenios colectivos de carácter sectorial se convertirán en el instrumento clave de impulso, ya que es aquí en donde se habilita normativamente a la  negociación colectiva sectorial para que establezca que el plan de empleo acordado se extienda a todas las empresas del sector.  

Objetivo: un 48% de trabajadores con plan de empleo en 10 años

En la actualidad apenas el porcentaje de personas cubiertas con planes de empleo apenas alcanza el 10,2%, por lo que el Gobierno aspira a lograr que a medio plazo ese porcentaje de asalariados se incremente hasta el 48%, en línea con el que se da en regiones como el País Vasco cubiertos por su propio sistema de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de empleo.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social subrayan que «el momento es el propicio, a las puertas de una reforma laboral que va a generar sensibles mejoras en el empleo», ya que ven una «oportunidad única» para que este instrumento esté más presente en los convenios colectivo sectorial.

Y es que al fondo de pensiones de promoción pública podrán adscribirse «muchísimos trabajadores» partícipes en empresas pequeñas y medianas, autónomos, trabajadores de rentas bajas y trabajadores públicos en administraciones que no tenían la posibilidad de acceder a estos planes.

En estos fondos podrán encuadrarse planes de empresa fruto de negociación colectiva, junto a planes de administraciones públicas, sociedades mercantiles públicas, asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales o mutualidades.

Autónomos: deducción de hasta 5.750 euros al año y ahorro de 9.000 euros

En el ámbito fiscal, los Presupuestos de 2022 mantienen en 10.000 euros la aportación total a los planes de pensiones, pero ‘castiga’ el ahorro privado, ya que reduce en 500 euros, hasta los 1.500 euros el límite de aportación deducible en los planes de pensiones privados, por lo que los trabajadores que contraten de forma directa los planes de pensiones tendrán derecho a una menor deducción.

En cambio, incrementa la aportación máxima de los planes privados de empresa de 8.000 a 8.500 euros. Es decir, aumenta las desgravaciones si se decide ahorrar para la jubilación mediante productos colectivos o planes de empleo. Las gestoras de fondos de pensiones se oponen al considerar que desincentiva el ahorro individual para la jubilación.

La novedad es que incorpora ahora para el colectivo de autónomos que la deducción aplicable debe alinearse con la suma de las deducciones de planes de empleo e individuales, de forma que el total anual pasa a ser de 5.750 euros en 2022 frente a los 2.000 actuales. Los 5.750 euros son la suma de los 1.500 euros de tope establecido para los planes individuales desde el año que viene y los 4.250 por aportaciones a un plan colectivo.

De hecho, según cálculos del Ministerio con un ejemplo para un trabajador que haga aportaciones durante 35 años podría lograr un ahorro de 9.084 euros (18%) si recurre a un plan de empleo, frente a uno individual, ya que en el primero la comisión media es del 0,21%, frente al 1,04% en el individual, y bajo el supuesto de una rentabilidad del 3% en ambos casos. La rentabilidad neta sería del 1,96% en el plan individual, es decir, un valor final de 50.596 euros, mientras que en el plan de empleo sería del 2,79%, con un valor de 59.680.

El Ejecutivo busca así desincentivar el ahorro a través de estos productos de planes de pensiones individuales, que registran un patrimonio de más de 80.000 millones, y fomentar el ahorro a través de planes de empleo, dentro de una empresa (promovidos por la compañía o administración pública de turno), que presentan un patrimonio inferior de 35.000 millones con datos de 2019.

Ya en 2021 el Gobierno redujo de 8.000 a 2.000 euros las desgravaciones fiscales en el IRPF de los planes de pensiones privados individuales y elevó de 8.000 a 10.000 euros las que se podrían obtener mediante los planes de pensiones colectivos en las empresas

Precisamente, el cambio de la fiscalidad la introdujo el Gobierno en los Presupuestos vigentes para el actual ejercicio reduciendo a sólo 2.000 euros las desgravaciones fiscales en el IRPF de los planes de pensiones privados individuales y elevando de 8.000 a 10.000 las que podrán obtenerse en planes de pensiones colectivos contratados en el seno de las empresas.

El control de los fondos: comisión de control y promotora

En lo relativo al control de los fondos, el Ejecutivo actuará como entidad promotora a través de la Comisión Promotora y de Seguimiento como órgano designado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los ahorros serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única Comisión de Control Especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública.

El titular de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, dejó claro que habrá representantes de los trabajadores y de los empresarios, con los que se ha discutido la gobernanza, si bien hay «margen para seguir negociándola».

También se creará una única Comisión de Control Especial compuesta por 17 miembros designados por la Comisión Promotora y de Seguimiento para los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. De los 17 miembros, cuatro serán a propuesta de los sindicatos más representativos, otros cuatro de las patronales y nueve por el Ministerio.

La Comisión Promotora y de Seguimiento será el órgano encargado de fijar y aprobar la estrategia de inversión común de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, formado por nueve miembros funcionarios de carrera (5 del Ministerio de Seguridad Social, uno de Economía, otro de Trabajo, otro de Transición Ecológica y otro de Hacienda). Finalmente no tendrá derecho de veto respecto de las decisiones de la Comisión de Control Especial que atañen a la política de inversión y sustitución de entidad gestora y depositaria.

Fuentes gubernamentales explican que los derechos de veto en gobernanza que se contemplaban se han suprimido por sugerencias el diálogo social.

Un solo trámite y una plataforma

La creación de estos planes se realizará con un procedimiento más sencillo que el actual, que requiere de hasta siete pasos, ha apuntado Escrivá, detallando que habrá un solo paso y una plataforma digital común, con unas comisiones y un coste «asequible y barato» frente a los planes individuales, que son «muy caros».

En lugar de que cada empresa seleccione su propio plan de pensiones, se podrán adscribir directamente al plan simplificado del sector que corresponda.

Además, para facilitar la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones se pondrá en marcha una plataforma digital común en la que cada partícipe podrá consultar fácilmente toda la información y realizar los trámites de forma sencilla. Esta se decidirá par ahorrar gastos en funcionamiento y se constituirán con las gestoras privadas.

Críticas de los empresarios

Ante las críticas de la patronal, fuentes del Ministerio de la Seguridad Social apuntan que actualmente la mesa de diálogo social está «absolutamente sobrecargada» pero que en las próximas semanas podrán realizar planteamientos alternativos.

Según las mismas fuentes, en el texto del anteproyecto se han recogido las cinco propuestas realizadas por el Ejecutivo, aunque admiten que hay «reticencias» respecto al papel que se le atribuye a la Comisión promotora y de seguimiento y a la Comisión de control, con una especial reivindicación de una mayor presencia de los representantes de la parte empresarial y de trabajadores. La patronal también reclama mayores incentivos.

Sin embargo, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, denunció que el anteproyecto se ha acometido «de espaldas al diálogo social», con «un texto inicial, unas alegaciones y propuestas presentadas y sin respuesta aún», si bien en el Ejecutivo sostienen que la acogida del plan entre empresarios y sindicatos como «positiva», así como entre las gestoras.