El Parlamento Europeo envía a España una delegación para revisar la ejecución de los fondos UE
Del 20 al 22 de febrero, un grupo de eurodiputados de la Comisión de Control Presupuestario visitará el Ministerio de Economía en plena oleada de críticas por la baja ejecución en España de los fondos Next Generation
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño,
Una delegación de eurodiputados perteneciente a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo visitará el próximo febrero, del 20 al 22, Madrid y Barcelona para realizar un seguimiento de la ejecución de los fondos europeos. En concreto, y según ha podido confirmar Economía Digital de fuentes parlamentarias, los eurodiputados viajarán a Madrid y Barcelona para desplegar una completa agenda de reuniones y encuentros con el fin de revisar el óptimo uso de los fondos Next Generation en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Está previsto que la principal actividad de esta delegación de eurodiputados se centre en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, departamento desde el que se ha diseñado el reparto y destino de los fondos europeos. El resto de la agenda se negociará próximamente en el marco de la comisión de la Eurocámara que preside la alemana Monika Hohlmeier, eurodiputada del Partido Popular Europeo.
La visita a España, explican fuentes parlamentarias, se enmarca en la actividad rutinaria que la Comisión de Control Presupuestario debe ejercer sobre los fondos europeos. En las próximas semanas, una delegación de esta Comisión visitará con el mismo fin Francia y Hungría, para conocer de primera mano en sus respectivos ministerios de Economía el diseño, reparto y funcionamiento de estas partidas que en total suponen un paquete de 750 mil millones de euros para la reconstrucción europea.
Pero lo cierto es que esta visita se conoce semanas después de que el Gobierno de España haya relevado de su puesto como directora general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a Rocío Frutos, que fue sustituida por Jorge Fabra, en una destitución que se entendió como la cabeza que hubo que sacrificar por parte del Ejecutivo por no cumplir con las advertencias de la Comisión Europea de crear un nuevo sistema de auditoría para la gestión de los Next Generation en España y tras las supuestas amenazas de la UE de congelar la concesión de la siguiente partida de los fondos.
Días antes de esta destitución, la Comisión Europea negó que los fondos se hubieran congelado porque el pago no estaba siquiera solicitado, pero sí advirtió que para cobrar había que poner en marcha ese mecanismo de control. Finalmente, con 18 meses de retraso, el Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero, puso en funcionamiento el llamado CoFFEE, el sistema de gestión del cumplimiento de los hitos y objetivos que concentra toda la información que los diferentes ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas, generan en los procesos de gestión de los fondos, aunque no han tardado en llegar las críticas por la falta de formación a los funcionarios para un uso adecuado de la herramienta.
Marcado por una destitución de la que se habló en Bruselas y el retraso del mecanismo auditor, el Gobierno solicitó el pasado 12 de noviembre el tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 6.000 millones de euros vinculados al cumplimiento de 29 hitos y objetivos (23 hitos y 6 objetivos), a los que se ha dado cumplimiento a lo largo del primer semestre de 2022. De hecho, el Ejecutivo central siempre ha negado que esté incumpliendo la hoja de ruta marcada por Bruselas. En palabras de Calviño, que «el funcionamiento y seguimiento de los fondos Next Generation es muy distinto a los clásicos fondos estructurales».
Sin embargo, la crítica por la falta de ejecución por parte de España de estas partidas no ha dejado de estar presente en los debates de las comisiones de Control Presupuestario y Presupuestos de la cámara comunitaria.
En concreto, el pasado 25 de octubre, la eurodiputada Hohlmeier criticó la laxitud de la Comisión Europea en el control de los fondos destinados a España. En concreto, la alemana afeó al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, como corresponsables de la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se den por buenos objetivos incumplidos. «Aquí tenemos una responsabilidad y no le puedo decir a nadie en qué se está gastando el dinero en España». Y añadió que «aquí tenemos 10.000 millones más 1.500 millones de prefinanciación que ya se han dado a España o el 13% que ya han recibido todos los Estados miembros y no le puedo decir a nadie qué se ha hecho con ese dinero».
Holmeier se refiere al cumplimiento del hito 173 para poder seguir recibiendo fondos europeos. Este hito es la creación de un “sistema integrado de información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. Para la Comisión Europea, se ha cumplido “satisfactoriamente” pero no hay “datos sobre los beneficiarios, contratistas, subcontratistas y beneficiarios finales que se habían almacenado en el sistema” de auditoría. El informe de cumplimiento también destacaba que España se había comprometido a mejorar esto y completar el sistema de auditoría.
Ya durante el debate anual sobre el informe 2021 del Tribunal de cuentas, celebrado el pasado 19 de octubre, la socialista Isabel García, vicepresidenta de la Comisión de Control Presupuestario, tuvo que salir en defensa del buen hacer del gabinete de Pedro Sánchez. «España fue el primer y único país que recibió un pago en 2021 tras la evaluación favorable de la Comisión, porque se cumplieron satisfactoriamente todos los hitos, y así lo ha confirmado la Comisión. Ser el primero de la clase a veces significa asumir un mayor escrutinio y control, pero también sirve para que podamos adelantarnos a los retos que puedan presentarse en el futuro».
El PP replica la estrategia en España, las autonomías y Bruselas
El Partido Popular, apoyado en esta tarea por Ciudadanos, ha hecho de las dudas sobre la falta de ejecución de los fondos europeos y la unilateralidad en el diseño de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES) uno de los principales caballos de batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La estrategia del PP formulada desde Génova ha tenido sus réplicas en el argumentario de sus distintos gobiernos autonómicos, principalmente Andalucía y Madrid, pero también ha sido trasladada hasta el Parlamento Europeo, con escaso éxito, a través de distintas preguntas orales e iniciativas dirigidas a la Comisión instando a que ejerza un control férreo sobre la ejecución de estos fondos.
Pero no sólo han sido las voces políticas quienes han lamentado la falta de ejecución de los fondos, para los que España ya ha solicitado el tercer pago a Bruselas. El Banco de España, en su informe sobre proyecciones macroeconómicas presentado el pasado octubre, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos señala que «los datos disponibles sobre el ritmo de ejecución de las convocatorias del programa NGEU (Next Generation-EU) llevan a revisar a la baja el gasto estimado para 2022 y 2023, y ligeramente al alza el de 2024».
Al margen de los tradicionales fondos de la Política Agraria Común (PAC) o los Fondos Estructurales, España suma los nuevos fondos de recuperación que alcanzarían unos 72mil millones de euros a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU.
De hecho, está previsto que la principal actividad de esta delegación de eurodiputados se centre en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, departamento desde el que se ha diseñado el reparto y destino de los fondos europeos. El resto de la agenda se negociará en el marco de la comisión de la Eurocámara que preside la alemana Monika Hohlmeier, eurodiputada del Partido Popular Europeo. La vicepresidenta es la socialista española Isabel García y entre los suplentes de esta comisión figuran la socialista Eider Gardiazabal y el popular Juan Ignacio Zoido.
Una visita con equilibrio entre las familias políticas
Así, la misión de la Eurocámara en España, que en un principio estaba prevista para el mes de enero y finalmente fechada en la tercera semana de febrero, se diseñará en las próximas semanas y se negociará asimismo la representación por grupos políticos de esta delegación, que está integrada por eurodiputados de distintos países. Con todo es habitual que eurodiputados locales integren o al menos acompañen la misión: entre los españoles, además de Isabel García, como vicepresidenta, están la socialista Eider Gardiazabal y el popular Juan Ignacio Zoido como suplentes.
Conseguir el equilibrio de familias políticas y peso de los eurodiputados en este tipo de viajes, máxime cuando es un asunto del calado de éste, que señala directamente al Gobierno de España, suele ser una tarea donde los distintos grupos se fajan.
Aunque la principal actividad en España se desarrollará en el ministerio de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, según fuentes consultadas por esta redacción, no se descarta que la delegación mantenga también algún tipo de encuentro con la dirección de alguna empresa o pyme. Éste sería, no en vano, el principal objetivo del Partido Popular en su objetivo de evidenciar que los fondos europeos no se están ejecutando en tiempo y forma y no son útiles en tanto no están llegando a las pymes y autónomos.
No en vano, el Gobierno ha tenido que recurrir a las consultoras Deloitte, Ernst&Young, KPMG y PwC, (las llamadas Big four) para gestionar la avalancha administrativa que supone la llegada de los fondos de recuperación y el solapamiento de varias partidas (Next Generation, Cohesión y Transición Justa) y la administración está desbordada. En un documento interno, el Ejecutivo central ha reconocido que la «importante acumulación de expedientes» por verificar excede su capacidad y medios para cumplir con los plazos para retener las ayudas comunitarias, razón por la que la contratación de estas consultoras internacionales es «urgente e inaplazable».
Según la última denuncia de Ciudadanos, sólo en los Fondos de Cohesión 14-20, España se encuentra a la cola de ejecución de estas partidas. Las razones serían múltiples pero fundamentalmente las barreras burocráticas a la hora de asegurar una liberación ágil de los recursos, la ausencia de planificación y de evaluación. La falta de información y de la capacidad técnica de las pymes para acceder a estas ayudas se sumaría a las causas que provocan que hoy España vea comprometida su capacidad de gasto de los fondos europeos.
