En el aire 17.000 millones de fondos europeos por el bloqueo tras el 23J

El Gobierno de Pedro Sánchez paralizó los trámites para solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos tras el varapalo de las elecciones municipales y autonómicas y la convocatoria adelantada de las elecciones generales para el 23 de julio. En el aire quedaron 10.000 millones de euros de este desembolso debido, principalmente, a que varios de los hitos que el Gobierno había negociado en Bruselas se encontraban en tramitación parlamentaria y decayeron por la disolución de las Cortes.

Sin embargo, los resultados de las elecciones, que no han arrojado una mayoría clara y que permitirían a Sánchez repetir al frente de La Moncloa si llega a un acuerdo para la abstención de Junts, ponen en cuestión la consecución de varios hitos que corresponden al quinto pago de los fondos europeos que, según el calendario, debería solicitarse en el segundo semestre de este año.

En total, con los trámites para la solicitud del cuarto pago paralizados y a la espera de la consecución de los objetivos del quinto, España -el país más avanzado en la recepción de los millonarios desembolsos de los Next GenerationEU- ve cómo se quedan en el aire 17.000 millones de euros por asignar.

En el programa de los Next Generation EU hay, además, otra fecha clave relacionada con este año: el 31 de diciembre de 2023 es el último día para comprometer las transferencias no reembolsables de Bruselas, más de 70.000 millones.

Cinco desembolsos por realizar

El cuarto pago exige por parte de Bruselas del cumplimiento de 43 hitos y 15 objetivos para recibir los 10.000 millones de euros. De ellos quedan pendientes algunos tan importantes como la aprobación de la Ley de Función Pública y de parte del paquete Justicia 2030 (la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia organizativa). Las tres normas se encontraban en tramitación parlamentaria pero decayeron al disolverse las Cortes por el adelanto electoral.

De media, una ley tarda cinco meses en pasar el trámite legislativo por el Congreso y el Senado, por lo que, como pronto, la solicitud de ese pago -y sin conocer cuándo será la investidura ni si será efectiva- podría producirse a principios del año que viene. Por otro lado, y a pesar de que Sánchez pueda articular una mayoría en el Congreso que permita sacar adelante los proyectos, el Senado cuenta con una mayoría absoluta del PP. La Cámara Alta no puede bloquear la tramitación de una ley, pero sí ralentizarla. Para su revisión y pago al Tesoro Español, la Comisión Europea exige que las normas estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

En cuanto al quinto desembolso, pese a que los hitos y objetivos que implica (13 y 9, respectivamente) son menos y su financiación también es inferior (7.000 millones), también incluye algunos proyectos relevantes del Gobierno que quedaron en el tintero.

Por ejemplo, una de las reformas clave de este pago es la aprobación de la Ley de Familias, uno de los proyectos claves del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que también decayó con la disolución de las Cortes. La Ley de Servicios Sociales era otro de los compromisos que la actual aritmética parlamentaria deja en suspenso.

Además, en este quinto desembolso también había otros proyectos como la revisión de beneficios y exenciones fiscales que aún no se ha producido.

El Gobierno sí sacó adelante algunas de las reformas clave que forman parte de este compromiso, como la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que recibió el visto bueno de Congreso y Senado el pasado marzo.

La segunda pata de los fondos europeos: los préstamos

A partir de 2023, el calendario se despeja. Solo quedarán tres desembolsos del ‘maná europeo’ hasta el final del plan Next Generation EU en 2026. El sexto, que será en el segundo semestre de 2024, valorado en 8.000 millones y vinculado a la cumplimentación de 36 hitos y 74 objetivos. El séptimo, ya en el segundo semestre de 2025, consistirá en 3.476 millones de euros condicionados a 8 hitos y 31 objetivos. El octavo y último pago al tesoro, de 4.000 millones, será en el primer semestre de 2026, cuando se completen 14 hitos y 52 objetivos.

Para el sexto pago sí hay alguna gran reforma comprometida y para la que el Ejecutivo ya había avanzado, como la Ley de Industria (el Ejecutivo aprobó el anteproyecto), o la Ley de Movilidad Sostenible y la Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (Ley Darias), que estaban ya en las Cortes.

En relación con la segunda pata del Plan de Recuperación, los cerca de 90.000 millones de euros en préstamos que España sí tendrá que devolver, esta no seguirá un calendario de objetivos fijo, como explicó el Ejecutivo al detallar la Adenda -actualización- del Plan de Recuperación que aprobó a principios de junio para enviar a Bruselas. Conforme se vayan produciendo las necesidades de gasto, se irán solicitando los créditos que serán transferidos al Tesoro español.