Oposición de los autónomos al nuevo sistema de cotización del Gobierno: de 90 a 1.220 euros al mes en 9 años

El Gobierno lleva meses negociando en el marco del diálogo social para la modificación de la reforma de pensiones el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales, del que ya adelantó que contendría 13 tramos de ingresos y que ha detallado, a desplegar en un periodo transitorio de nueve años. Las organizaciones de autónomos no han recibido formalmente la propuesta pero rechazan el planteamiento.

Al menos esa es la intención recogida en el último borrador planteado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que ha tenido acceso Economía Digital, en el que plantea un sistema de cotización por ingresos reales que conllevaría unas cuotas de los trabajadores por cuenta propia que oscilarían, una vez transcurrido el periodo de nueve años, entre un mínimo de 90 euros para los autónomos que ganen menos de 3.000 euros al año y un máximo de 1.220 euros al mes para los que perciban unos rendimientos superiores a los 48.800 euros anuales.

La reforma, que entraría en vigor desde el año 2023, establecerá una cotización intermedia por tramos que se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan a lo largo del periodo, partiendo de unos tramos de entre 200 y 400 euros el primer año.

A modo genérico, la reforma para cotizar por ingresos reales supone a la postre un alza de las cuotas para los autónomos con unos rendimientos superiores a los 25.000 euros, más o menos el mantenimiento para quienes se ubican en los tramos intermedios entre esa cifra y el Salario Mínimo y una bajada para los que ganen por debajo del SMI.

La base elegida se podrá modificar hasta seis veces al año

La implantación del sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente se hará a partir del 1 de enero de 2022 de forma gradual, si bien no producirá efectos económicos hasta 2023. 

Además, según el borrador al que ha accedido Economía Digital, el despliegue será progresivo hasta un máximo de nueve años, con revisiones periódicas cada tres años en las que las organizaciones empresariales y sindicales, y las asociaciones de autónomos podrán decidir, junto al Gobierno, la aceleración del calendario. 

Los autónomos podrán elegir provisionalmente su base de cotización entre trece en función de previsiones de rendimientos y tendrán la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. 

Si existen diferencias una vez hecha la regularización anual, el trabajador deberá proceder a su ingreso en caso de haber cotizado menos de lo que le correspondía; y podrá solicitar la devolución si la cotización realizada fue superior. Durante el periodo transitorio, se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente. 

Por supuestos, aquellos autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del RETA cotizarán por los mismos y la base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General de la Seguridad Social. 

A su vez, los autónomos que tengan rendimientos fiscales declarados inferiores a la base mínima de cotización vigente cotizarán por los mismos. Sin perjuicio de ello, a efectos de la acción protectora “se reconocerá la base mínima correspondiente durante un periodo máximo de dos años”, según la propuesta. 

Cotización progresiva en función de los ingresos

Conforme a lo recogido en la propuesta del Ministerio, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o inferiores tendrán que abonar una cuota de 200 euros al mes en el primer año de aplicación de la nueva cotización (2023), si bien la cifra será mayor en función de los rendimientos, de forma que alcanzará los 215 euros para los que tengan ingresos de entre 3.000 euros y 6.000 euros; la cuota será de 230 euros para los rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.

Para el resto de tramos de rendimientos en el primer año del sistema se contemplan unas cuotas de 260 euros (ingresos anuales de 12.600 a 17.000 euros), 275 euros (de 17.000 euros a 22.000 euros), 290 euros (de 22.000 a 27.000 euros), 305 euros (de 27.000 a 32.000 euros), 320 euros (de 32.000 a 37.000 euros), 340 euros (de 37.000 a 42.000 euros), 360 euros (42.000 a 47.000 euros), 380 euros (47.000 a 48.841 euros) y de 400 euros para los autónomos con unos rendimientos que superen los 48.841 euros anuales.

Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, ya en 2031, las cuotas correspondientes a cada uno de los trece tramos (con los consiguientes ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para quienes ganen entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para autónomos con rendimientos de entre 9.000 y 12.600 euros al año.

Para el resto de rendimientos se contempla una cuota de 275 euros (ingresos de entre 12.600 y 17.000 euros); 305 euros (de 17.000 a 22.000 euros); 425 euros (de 22.000 a 27.000 euros); 545 euros (de 27.000 a 32.000); 670 euros (de 32.000 a 37.000); 800 euros (de 37.000 a 42.000); y una cuota 935 euros (de 42.000 a 47.000).

Los rendimientos más altos pagarán, en consecuencia, las mayores cuotas, de 1.075 euros para autónomos que ganen entre 47.000 y 48.841, y de esa cantidad en adelante una cuota de 1.220 euros.

ATA rechaza la propuesta: «No se ha negociado»

De su lado, las principales organizaciones de autónomos (ATA y UPTA) han mostrado su malestar por no haberse trasladado desde el Gobierno la propuesta para el nuevo sistema de cotización al colectivo, sino que figuran en el borrador del acuerdo de pensiones que ultima el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los agentes sociales. 

El presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha lamentado el “error” de la filtración de las tablas con los tramos de cotización por ingresos reales al no haberse “negociado ni comunicado” en ninguna mesa de diálogo social con las organizaciones de autónomos. 

Amor, que considera que se trata de un papel con el esbozo de la reforma que previsiblemente no prosperará  y acabará en la “trituradora”, ha mostrado su “no rotundo” a dicha propuesta “como vicepresidente de CEOE y como presidente de ATA”. De hecho, ha apuntado que se trata de un borrador que se remitió con motivo de una reunión que había prevista para el pasado lunes y que fue desconvocada dos horas después. 

UPTA pide aplicarlo a quien gane menos del SMI y el resto en 3 años

De su lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha mostrado también su malestar por no conocer la propuesta de manera oficial, que comparte en algunos temas pero no en otros que quedan por pulir. 

Abad ha marcado como “líneas rojas” rebajar la presión de cotización para aquellos autónomos con unos niveles de rendimientos inferiores al Salario Mínimo, al ser un “compromiso” del Gobierno. En este sentido, ha hecho hincapié en que no aceptarán la “barbaridad” de que los autónomos que tienen 3.000 euros de rendimientos netos al año sigan cotizando 200 euros como se plantea en la propuesta para el primer año.  “Las cuentas non dan, es imposible en esos términos que los autónomos lleguen a tener un trato”, ha avisado. 

Por ello, Abad reclama que la aplicación de las nuevas cuotas se aplique ya para los trabajadores por cuenta propia con unos rendimientos inferiores al SMI, mientras que para el resto se contemple una progresión de como máximo tres años, frente a los nueve que plantea el Ejecutivo. 

“No se puede dilatar para dentro de 9 años, tendrá que ser para un máximo de 3 años porque habrá un desfase entre lo que es recauda y lo que se gasta en la Seguridad Social, lo que repercute en las pensiones”, ha apostillado. 

En este sentido, ha señalado que la idea de bajar las cotizaciones a los autónomos era un llamamiento a salir de la economía sumergida, ya que lo que reciben por su actividad económica apenas les permite pagar la Seguridad Social, por lo que cree que la propuesta realizada “no puede ser el camino”, sino que hay que facilitarlo para que “miles de autónomos” se incorporen a la economía real.