La oposición carga contra Escrivá por ‘ningunear’ al Pacto de Toledo y rechaza su reforma de pensiones
La oposición en bloque ha cargado contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al considerar que ha "ninguneado" al Pacto de Toledo y ha rechazado su reforma de pensiones
Crítica unánime de todos los grupos de la oposición al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien se ha llevado un duro rapapolvo en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso a la que ha acudido a presentar y defender la primera parte de la reforma de las pensiones, tras su aprobación en el Consejo de Ministros previo consenso en el diálogo social.
Todas las formaciones, a excepción del PSOE, se han mostrado críticas con el ministro sobre todo al considerar que ha «ninguneado» al Pacto de Toledo al haber aprobado el Gobierno el informe del anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, sin haberse consultado previamente con la comisión encargada de las pensiones en el Congreso.
Este texto, que supone la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, recoge parte de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también presentes en parte en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre las que destacan la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC o la eliminación del factor de sostenibilidad para su sustitución por un mecanismo de equidad intergeneracional a consensuar en el diálogo social antes del 15 de noviembre.
Los grupos han vertido también todo tipo de críticas por el contenido de la primera fase de la reforma de las pensiones al considerarla en algunos casos «insuficiente» y «mejorable», cuando no algunos grupos se han mostrado en contra directamente al sostener que conlleva «recortes de derechos» por incentivar la jubilación demorada y penalizar la jubilación anticipada.
Posibles obstáculos para su tramitación
Tan duras han sido las críticas que distintos portavoces de grupos parlamentarios han dejado entrever que podrían condicionar su apoyo a la reforma, lo que vislumbra que la primera parte de la reforma de pensiones previsiblemente encontrará obstáculos durante su tramitación parlamentaria en el Congreso, que arrancará a partir del mes de septiembre.
Incluso desde Unidas Podemos, partido que forma junto al PSOE la coalición del Gobierno, han advertido de nuevo al ministro Escrivá de que la formación le apoyará para conseguir unas pensiones «dignas» y revalorizadas con arreglo al IPC, pero no aceptarán «fórmulas raras».
De hecho, el PNV ha amenazado con retirar su apoyo para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 si no se alcanza antes un acuerdo con el gobierno autonómico vasco en materia de la Seguridad Social, reclamando la gestión, el desarrollo económico y la cobertura de prestaciones que considera que «le corresponde al País Vasco).
El portavoz del PNV en el Pacto de Toledo, Íñigo Barandiaran, ha afeado al ministro su falta de diálogo y le ha advertido de que o se aclaran estos puntos antes de los Presupuestos o «en caso contrario, su Gobierno puede tener problemas con ello». «Eso es algo que debe tener muy en cuenta», le ha remarcado.
Escrivá se defiende: se siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo
En su intervención, Escrivá ha defendido que el sistema público de pensiones es muy sólido, si bien ha vuelto a repetir que afronta un problema acotado en el tiempo y circunscrito a la jubilación de la generación del ‘baby boom’ (nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la década de 1970), que presionará al alza el gasto hasta 2050, para posteriormente volver a disminuir.
Pese a las críticas, Escrivá ha dicho quedar «bastante optimista» porque los grupos que tuvieron reservas contra el Pacto de Toledo han mostrado «consistencia» y han reconocido algunos elementos del acuerdo que van en la dirección correcta, si bien ha defendido que las 12 recomendaciones aprobadas en el acuerdo de anteproyecto de ley siguen las líneas de las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo, que acordaron un total de 22 el año pasado.
El ministro ha resaltado que el acuerdo “incluye medidas de gran relevancia para dar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros al garantizar el poder adquisitivo, culminar de la separación de fuentes y reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones”, dando respuesta a 12 de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por el Parlamento en otoño y trasladar de la mitad de las reformas comprometidas con la Comisión Europea en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Aunque el punto de partida era complicado, ya que “coincidían el pesimismo de la ciudadanía sobre la evolución de las pensiones, unas proyecciones de incremento del gasto exageradas por parte de algunas instituciones, la incorrecta percepción de un déficit persistente en la Seguridad Social y la inquietud sobre la pensión futura por la reforma de 2013″, finalmente ha celebrado el amplio consenso en torno a las nuevas recomendaciones el pasado otoño.
El nuevo factor de equidad intergeneracional y las penalizaciones a carreras largas
Respecto al factor de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad tras su eliminación y que se negociará con los agentes sociales antes del 15 de noviembre para su implantación desde 2027, ha apuntado que a futuro se verá que no era «lo más difícil» de consensuar dentro de la reforma de las pensiones.
Eso sí, ha vuelto a disculparse tras sus polémicas declaraciones en las que sostuvo que la generación del ‘baby boom’ tendría que elegir entre un recorte de pensión o trabajar más tiempo, ya que puso el foco en ello «innecesariamente» pese a ser un tema «no muy importante que está por cerrar y aquilatar».
Asimismo, ante las peticiones de los grupos de conocer el informe que elabora el Ministerio sobre las largas carreras profesionales, en un contexto de exigencias por parte de asociaciones y sindicatos de eliminar las penalizaciones a las carreras laborales de más de 40 años, Escrivá se ha comprometido a llevarlo a la comisión antes de que acabe el mes aunque «no esté perfecto».
En cualquier caso, ha querido dejar claro que el asunto de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas de las largas carreras de cotización, con casos de más de 40 años de carrera laboral, se abordará en la siguiente etapa de la reforma de las pensiones prevista para el año 2022.
PP: «No hay consenso político»
Una de las voces más criticas con la reforma de las pensiones de Escrivá ha sido la de la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, quien ha hecho hincapié en que se constata un «desacuerdo» político en torno a la reforma «a plazos» que presenta el Gobierno que ha tildado de «trailer edulcorado de los recortes que están por venir».
«Estamos ante la reforma a plazos del socialismo, hoy presentamos lo fácil y posponemos para próximas legislaturas la realidad que habrá que asumir», ha afeado Gamarra, quien ha denunciado que la reforma presentada por el Ejecutivo conlleva «pensiones más bajas, más incremento aún del déficit y ausencia total de medidas de fomento de empleo».
La ‘popular’ ha exigido que se concrete el futuro de los pensionistas de «hoy, mañana y pasado mañana» y ha reclamado políticas de crecimiento demográfico, crecimiento económico y creación de empleo que están «en blanco» por parte del Gobierno, al tiempo que ha alertado de que el factor de equidad intergeneracional supondrá «recortes» y ha criticado que se derogue la reforma de pensiones aprobada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2013.
A ello la diputada del PSOE en el Pacto de Toledo, Gema López Somoza, ha respondido que esa reforma fue «unilateral» y ha apostillado que «no pasó por el Pacto de Toledo» ni se fraguó con acuerdo de los interlocutores sociales (patronal y sindicatos), al tiempo que le ha recordado que ni el propio Ejecutivo del PP la aplicó al suspender el índice de revalorización de las pensiones del 0,25% y actualizar finalmente las pensiones con arreglo al IPC.
Visiblemente molesto, Escrivá ha respondido a Gamarra recordándole que las recomendaciones 1 y 2 del Pacto de Toledo aprobadas por el propio PP son «incompatibles» con las directrices de la reforma de las pensiones del año 2013, de la que ha apuntado que conllevaba un recorte de las pensiones del año 2040.
Vox y Cs cuestionan las medidas
El diputado de Vox, Pablo Sáez, ha denunciado la «falta de credibilidad» de los gobiernos socialistas al recordar que el PSOE congeló las pensiones en 2011 ese a haber asegurado la sostenibilidad de las pensiones y ha alertado de que la reforma «no arregla nada» ante las previsiones de un déficit superior a 100.000 millones y una deuda de 1,4 billones de euros, tras aumentar la deuda per cápita en 4.200 euros.
«No ayuda a la credibilidad del Gobierno posponer unos meses el mecanismos de equidad intergenracional ni posponer los tramos de cotización de los autónomos», ha añadido Sáez, quien ha pedido medidas de reducción del gasto superfluo.
En la misma línea la diputada de Ciudadanos, María Muñoz, ha mostrado su preocupación sobre la vinculación de las pensiones con el IPC y la ausencia de medidas que aseguren la sostenibilidad a largo plazo.
Podemos muestra apoyo pero pide «no desviarse»
Además de las críticas del bloque de centro-derecha del Parlamento, Escrivá ha recibido las propias también del bloque de la izquierda, incluso del propio socio del PSOE en la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, formación que se ha mostrado de nuevo con reticencias a las medidas recogidas en la reforma de pensiones.
Desde la formación ‘morada’ la diputada María del Carmen Pita ha dicho ver «lagunas» en el acuerdo y considerarlo «claramente insuficiente» y «manifiestamente mejorable». La principal inquietud en este grupo se refiere a los términos en los que finalmente se acuerde el facto de equidad intergeneracional.
«Estaremos a su lado para dar garantías y pagar pensiones dignas pero no se nos desvíe», le ha pedido Aina Vidal (Unidas Podemos) al ministro, advirtiéndole de que en su formación no van a aceptar «recortes ni fórmulas raras» y afeando las polémicas palabras del ministro sobre la generación ‘baby boom’.
Contrario a la reforma de «brocha gorda» se ha mostrado también el diputado de ERC, Jordi Salvador, quien ha rechazado el «recorte encubierto» que considera que conllevan las pensiones.
Las advertencias de PNV y el resto de socios
«A pesar de que somos socios nos tenemos que enterar por la prensa de los contenidos del acuerdo», le ha indicado Iñigo Barandiaran de PNV al ministro, tras exigirle diálogo y que el gobierno autonómico vasco sea el que ostente las competencias en materia de SEguridad Social, bajo amenaza de no respaldar las cuentas públicas de 2022.
En EH Bildu han señalado que el grado de “pesimismo” respecto al sistema de pensiones ha crecido tras haberse “vaciado” la ‘hucha’ de las pensiones y ha mostrado también “divergencias” con la reforma de pensiones, sobre todo en lo relativo a la pirámide poblacional, pues opina que es “coyuntural” pero las causas estructurales del problema de las pensiones son por un mercado laboral que “cada vez paga menos”.
“Están bien todos los esfuerzos en materia de sostenibilidad pero si no entendemos que va íntimamente ligado al mercado laboral seguiremos poniendo parches”, ha avisado el diputado Oskar Matute, tras criticar que se vuelven a endurecer las condiciones para la jubilación anticipada, lo que le lleva a cuestionar «qué realidad» vive el ministro. «No vamos a participar en ninguna lectura que suponga un ataque a los derechos de los pensionistas de ningún tipo, ni ahora ni antes ni en noviembre», ha espetado.
El diputado del PDeCAT Genís Boadella ha rechazado también ir aprobando «parches» y en su lugar ve conveniente acometer una reforma global que trate la modificación del sistema público de pensiones en su conjunto.
Oramas ve a Escrivá con «complejo de Penélope»
Pero quizás una de las más críticas con la reforma de Esrivá haya sido la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien ha recriminado a Escrivá que trae al Pacto de Toledo un “parche” al alcanzar un acuerdo con sindicatos y CEOE porque “ha pospuesto lo conflictivo”. “Tiene usted complejo de Penélope, que teje por la mañana y desteje por la tarde cuando lo dice Moncloa”, le ha llegado a señalar.
Oramas le ha reprochado la “falta de consideración” de no llevar el acuerdo político alcanzado primero al Pacto de Toledo antes que aprobarlo en el Consejo de Ministros y encima aplazando elementos para noviembre. “No garantizan la estabilidad de las cuentas del futuro de las pensiones, no hay consenso político en estos momentos”, ha añadido.
«Esto no se puede sostener si no se produce un incremento del empleo en la actividad, pensiones mínimas del hambre, son un fraude, no estamos para fotos. No habrá consenso político si ustedes no rectifican«, le ha advertido de forma tajante.
De su lado, en la CUP el diputado Albert Botran ha dicho ver “elementos de cal y otros de arena” al entender que la revalorizacion del IPC es necesaria para que hubiese acuerdo con CCOO y UGT, pero incluirse una serie de medidas que “consolidan el alargamiento de la edad de jubilación, endurece la jubilación anticipada” y no se atienden a las carreras de cotización de más de 40 años.
Además, ha lamentado que no se sube las pensiones mínimas a 1.080 euros como pide la Carta Social Europea y el factor de sostenibilidad “no desaparece” porque “se transformará en equidad intergeneracional”, a su juicio “recortes”. “El planteamiento de base ya es falso, se cuenta que a futuro faltarán cotizantes por una pirámide demográfica” cuando “el problema es de paro y salarios bajos”, ha espetado.