Ola de demandas por los trucos en seguros de vida y pensiones

Los conflictos por el cobro de seguros de vida y planes de pensiones comienza a llegar a los tribunales españoles por abusos y triquiñuelas de las entidades que los ofrecen. Las demandas contra las aseguradoras, bancas y cajas no dejan de crecer y no sólo comienzan a acumularse en los juzgados ordinarios, sino también en las audiencias provinciales y hasta en el Tribunal Supremo.

La casuística por las trampas y triquiñuelas de las entidades es variopinta pero algunos de los casos han causado sorpresa en los tribunales. El Tribunal Supremo acaba de fallar a favor de una familia que tenía contratado un plan de pensiones con Ibercaja.

El suscriptor del producto había seleccionado un plan de cobro mensual durante 15 años, pero murió antes de cumplirse el plazo. La heredera del plan de pensiones era su mujer, pero había muerto antes que él. En este punto, las herederas legítimas intentaron cobrar, pero se encontraron con una sorpresa: Ibercaja había contratado un seguro de vida con la aseguradora Caser sin que el suscriptor del plan de pensiones lo supiese.

La resolución del Supremo

El conflicto judicial ha sido largo. Las hijas ganaron en primera instancia, pero la Audiencia Provincial revocó la decisión y dio la razón a la entidad. Pero el Tribunal Supremo volvió a dar la razón a la familia.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que la entidad no aportó la información y las explicaciones adecuadas en relación con el seguro de vida. Ahora, el Alto Tribunal establece que serán las entidades las que deberán especificar por escrito quiénes son los beneficiarios en caso de muerte del asegurado y qué cantidad de dinero cobrarán.

La Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, prevé que la conflictividad judicial aumente en los próximos meses, debido a los crecientes conflictos con estos dos tipos de productos. La asociación considera que este tipo de productos son complejos y el Supremo no ha resuelto el control de transparencia aplicable a este tipo de productos.

Seguros de vida

El Supremo también acaba de fallar a favor de otro usuario que tenía contratado un seguro de vida y de invalidez permanente para cubrir su hipoteca. El suscriptor, un guardia jurado, firmó con Rural Vida un seguro en la que la Caja Rural de Aragón era la beneficiaria.

Cinco años después de la firma, el usuario quedó inválido. La condición fue acreditada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero la aseguradora se negó a pagar el seguro. La entidad explicó que el asegurado había ocultado datos de su estado de salud que le impidió valorar correctamente el riesgo de la operación.

El Tribunal Supremo dio la razón al asegurado al entender que debe ser la aseguradora la que debe formular preguntas claras y concisas al asegurado para determinar su estado de salud y que no debe ser el usuario quien, por iniciativa propia, informe de forma detallada de sus condiciones de salud a la compañía.