OCDE pide a España no derogar la reforma laboral, diseñar un plan de ajuste y retrasar la jubilación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha mejorado sus pronósticos para la economía española, si bien ha advertido de que persiste la incertidumbre y de que se han acentuado los problemas estructurales con motivo de la crisis de la Covid-19, por lo que ha recetado una batería de propuestas a corto y medio plazo.

Algunas de las principales peticiones pasan por diseñar una estrategia «creíble» de consolidación fiscal a implementar cuando se sustente la recuperación, así como una reforma fiscal con subida del IVA, carburantes e impuestos verdes, y preservar la reforma laboral en lo referido a la flexibilidad y la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. También plantea retrasar la edad de jubilación.

El ‘club’ de las principales economías ha elevado dos décimas su previsión del crecimiento del PIB española para 2021, hasta situarse en el 5,9%, y lo eleva al 6,3% para 2022, frente al 4,8% anterior, de forma que anticipa que la recuperación del nivel PIB precrisis se producirá a finales del próximo ejercicio.

Así se desprende del último ‘Estudio económico de España’ de la OCDE, presentado este jueves por el secretario general del organismo, Ángel Gurría, junto a la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que han coincidido en augurar una «sólida recuperación» desde el segundo trimestre y su intensificación en 2022.

Mejores previsiones pero con «secuelas que tardarán en sanar»

La mejora de previsiones obedece a la demanda acumulada y el retorno gradual del turismo, así como al impulso de los fondos de recuperación de la UE, aunque avisa de varios «riesgos sustanciales» para estas perspectivas.

Aunque cree que la demanda interna podría ser más fuerte de lo previsto si la vacunación y la aplicación de los fondos europeos avanzan a mayor ritmo, por otra, avisa de que un posible incremento de las insolvencias conforme se vaya retirando el apoyo de las políticas constituye un riesgo a la baja. 

«España ha superado una fase crítica tras el golpe que supuso el COVID-19 y empieza a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, las secuelas de la pandemia tardarán en sanar y es vital aprovechar esta oportunidad para invertir con inteligencia y llevar a cabo reformas ambiciosas y bien diseñadas», ha indicado Gurría, quien cree que el Plan de Recuperación puede «encauzar la economía por el camino de una recuperación fuerte, sostenible e inclusiva».

Según la OCDE, los efectos de la pandemia de la Covid-19 han sido más graves que en otros países de la OCDE, en parte debido a la elevada participación de los servicios y el turismo en la economía, aunque destaca la respuesta “rápida y eficaz” de la política fiscal a la crisis y señala la necesidad de mantener las políticas de apoyo hasta que la recuperación esté consolidada, aunque insiste en que estas deberán estar más focalizadas.

OCDE pide no derogar la reforma laboral y más flexibilidad interna

En lo referido al mercado laboral, la OCDE estima quej la tasa de paro de España se situará este año en el 15,4%, frente al 15,5% estimado para 2020, mientras que el próximo año descenderá hasta el 14,7%, seis décimas por encima del nivel de 2019.

De hecho, el organismo advierte de que la crisis ha agravado problemas estructurales que vienen de lejos, como el elevado desempleo, la desigualdad y las disparidades entre regiones, por lo que realiza una batería de recomendaciones en materia laboral que apuntan a preservar la reforma laboral de 2012, al menos en sus principales puntos.

Y es que la OCDE insta a España a mantener un mercado laboral “flexible” que permita a las empresas adaptarse a las cambiantes condiciones económicas,  dando prioridad a los convenios colectivos de empresa en detrimento de los sectoriales y regionales. 

Esto choca con la pretendida reforma laboral planteada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha reiterado que derogará la reforma laboral de 2012 y ha propuesto en el diálogo social la prevalencia del convenio sectorial sobre empresa en las subcontratas. 

En concreto, la propuesta de Díaz es que los convenios sectoriales regulen la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, así como la retribución y la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada. 

Calviño promete que solo «se mejorarán las reformas actuales»

El secretario general de OCDE ha dicho que desde el organismo siguen “con toda la atención y cuidado” la agenda de la reforma laboral y ha pedido tener en cuenta los cambios productivos y de sectores tras la pandemia. 

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha querido tranquilizar en este punto a Gurría al enfatizar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado “muy claro” que las reformas recogidas en el Plan de Recuperación suponen “mejorar las reformas existentes”, y por tanto no derogar, tal y como ha prometido en varias ocasiones Díaz. 

Los cuatro ámbitos que se abordarán son la simplificación de contratos, la reducción de temporalidad, el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad permanente que dé también estabilidad en el empleo, la adecuación de la regulación de las subcontratas y la modernización de la negociación colectiva. “Se tendrán en cuenta las consideraciones de la OCDE y otros organismos internacionales”, ha añadido. 

Otras peticiones de la OCDE en materia laboral pasan por introducir el uso de herramientas de definición de perfiles para identificar demandantes de empleo en riesgo de convertirse en  desempleados de larga duración y determinar sus necesidades de formación y centrar los actuales incentivos a la contratación en grupos vulnerables específicos y vincularlos a programas de formación. 

Igualmente, propone simplificar las opciones de contratos a disposición de las empresas, en línea con lo que propone el Gobierno con tres modalidades (indefinido, temporal y de formación) y crear una comisión permanente que evalúe periódicamente los cambios en el salario mínimo, en consonancia con la evolución de  las condiciones del mercado laboral y la productividad. 

Consolidación fiscal gradual y subir IVA, impuestos verdes y carburantes 

La estimación de la OCDE sobre las finanzas públicas reflejan que el déficit cerrará este año en el 8,6% del PIB, frente al 11% de 2020, para reducirse al 5,4% en 2022, al tiempo que la ratio de deuda pública apenas bajará del 120% del PIB con el que cerró 2020 al 119,7% este año y hasta el 117,4% un año después. 

Para hacer frente a los efectos de la pandemia en las cuentas públicas el organismo insta a España a mantener una política fiscal expansionista hasta que la recuperación esté encarrilada, prolongando las medidas de apoyo pero también haciéndolas “más focalizadas”. 

En línea con el Banco de España y la AIReF, la OCDE subraya la importancia de que cuando la recuperación esté bien encarrilada, anunciar un plan plurianual de consolidación fiscal que incluya a todos los niveles  de la administración, para lo que anima al diseño de una estrategia “creíble”. 

En la presentación del informe Gurría ha respaldado la creación del comité de expertos configurado por el Ejecutivo para acometer la reforma fiscal a medio plazo, previsiblemente desde 2023. A medio plazo, propone incrementar los impuestos que gravan los combustibles para reflejar mejor las emisiones de CO2, junto con  medidas de redistribución a los hogares más pobres. 

Además, vuelve a referirse a la distancia recaudatoria de los ingresos por IVA, impuestos especiales y medioambientales y cita el estudio de la AIReF sobre los beneficios fiscales para recordar que dichos beneficios, exenciones, deducciones y tipos reducidos conllevan una pérdida de ingresos y «distorsionan la eficacia del sistema fiscal español».

Acercar la edad de jubilación a la esperanza de vida

El ‘think tank’ también plantea garantizar el pronto desembolso de las nuevas ayudas directas e incrementar los fondos asignados si fuera necesario, promover procedimientos de reestructuración extrajudiciales, especialmente para pequeñas y medianas empresas y priorizar las reformas que potencien el crecimiento a largo plazo y, al mismo tiempo, garantizar una veloz implantación del plan para apuntalar la recuperación a corto plazo. 

Gurría ha indicado que España contará con “todo el apoyo” de la OCDE para implementar el Plan de Recuperación, si bien ha pedido asegurar la coordinación y gobernanza eficientes del plan de recuperación, velando por la transparencia de los procedimientos y criterios de inversión.  

Por último, OCDE ha avisado que ante las previsiones de que la deuda pública pudiese alcanzar el 171% del PIB en 2050, se tomen “medidas adecuadas y socialmente aceptables” para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de  pensiones, que representa el 10,9% del PIB español, frente al 8% de la media de la OCDE. 

De esta forma, ha demandado “vincular la edad legal de jubilación con la esperanza de vida al jubilarse, desincentivar la jubilación anticipada, por ejemplo ampliando el período de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra”.  

Por otra parte, ha instado al Ejecutivo a priorizar la construcción de vivienda social por encima del control de precios de alquiler o los subsidios, al conllevar menos medidas negativas para el sector de vivienda.