Los nuevos impuestos ‘verdes’ del Gobierno obligarán a eliminar los propios de las CCAA

Se avecina una modificación sustancial de la actual ‘jungla’ que suponen los 82 tributos propios que mantienen día de hoy 14 comunidades autónomas, sobre todo Cataluña, ya que la próxima aprobación de los impuestos estatales a los residuos y a los envases de plásticos no reutilizables obligará a eliminar o dejar en ‘stand by’ los análogos regionales.

El Estado tendrá que compensar a las comunidades autónomas por la paralización o eliminación de factor de sus impuestos propios una vez que estos nuevos tributos estatales se aprueben. Precisamente este martes e el Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, norma que finalmente no suprimirá el canon autonómico y que regresa al Congreso para el debate y votación de las normas introducidas.

Lo cierto es que los 82 tributos propios actuales y los que se han ido eliminando, modificando o creando han supuesto en los últimos años un galimatías fiscal y un foco de conflictividad tras haber sido varios suspendidos y otros tantos declarados inconstitucionales, tal y como se desprende del informe sobre el ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2022’, elaborado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España (CGE).

Actualmente un total de 14 comunidades autónomas, es decir, todas menos la Comunidad de Madrid (eliminó recientemente todos los tributos propios) y las dos de régimen propio (País Vasco y Navarra) mantienen tributos propios, un total de 82 aunque a distinto nivel, según los datos recopilados por el REAF-CGE y calculados por Economía Digital.

Impuesto de residuos y a los plásticos

Así las cosas, los economistas estiman que la ‘jungla’ de impuestos propios modificará en breve su panorama, sobre todo en lo referido al impuesto estatal de residuos, ya que obligará a eliminar o paralizar los tributos propios sobre residuos fijados ya por ocho comunidades autónomas (Baleares, Comunidad Valencia, La Rioja, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y Cataluña). Los grupos catalanes se habían opuesto al polémico impuesto al vertedero incluido en la Ley de Residuos, si bien en la tramitación de la norma en el Senado se ha estipulado que el canon de residuos se mantiene en la ley pero reducido al tipo mínimo que marca el Estado. s

Sucederá lo mismo en el caso del nuevo impuesto del Gobierno a las bolsas de plástico, aunque esto solo afectará a menos de tres regiones. Con todo, una vez vean la luz los impuestos estatales todas aquellas CCAA que tienen impuestos sobre residuos deberán dejarlo en ‘stand by’ o derogarlo y el Estado compensará a todos estos territorios por ello.

Ya sucedió algo similar con el impuesto estatal aprobado para las entidades de crédito, que hizo que en el caso de los tributos propios autonómicos sobre el mismo hecho imponible quedasen aparcados y en algunos casos se derogase al haber establecido ya uno el Estado, con la consecuente compensación por la pérdida recaudatoria.

La directora de la Cátedra de Hacienda Territorial en la Universidad de Murcia, María José Portillo, lamentó que permanezca la «jungla» de impuestos propios, con un total de 82 en el año 2022, a pesar de que los economistas llevan años pidiendo cierta regulación al considerar que no tiene sentido un elevado número de impuestos diferentes gravando el mismo hecho por autonomías.

La ‘jungla’ y litigiosidad de los tributos propios: Cataluña tiene 19 del total de 82

Portillo abogó por cierta homogeneización en tributos propios, de forma que un impuesto que fuera similar por autonomías no tuviesen los gobiernos regionales potestad normativa para el hecho imponible pero sí para deducciones y bonificaciones por parte de las regiones. De esta forma, sostuvo, se acabaría con determinadas situaciones «perniciosas y sin demasiado sentido» como impuestos de emisiones o residuos distintos entre territorios limítrofes.

Lo cierto es que el volumen de impuestos varía mucho en función de las distintas regiones, ya que a distancia destaca Cataluña, con un total de 19 tributos, seguido por Andalucía (ocho), Asturias (siete), Galicia y Murcia con seis, Canarias, Extremadura y Comunidad Valenciana con cinco, Baleares y La Rioja con cuatro , Cantabria con tres y ya solo con dos Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Entre las principales novedades de 2022, Baleares ha puesto en marcha dos nuevos tributos propios –el Canon de vertido y la incineración de residuos– y la Comunidad Valenciana ha creado el Impuesto sobre las viviendas vacías, mientras que la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso ha eliminado todos los tributos propios, en línea con su política de bajos impuestos. En el ámbito de los tributos que recaen sobre el agua, han introducido modificaciones Andalucía, Asturias, Cataluña, Extre- madura, Castilla y León, Galicia y La Rioja.

La región gobernada por Pere Aragonès presenta un alto volumen de impuestos propios, que van desde cánones al agua, la deposición de residuos municipales, industriales o construcción, gravamen de protección civil e impuestos a grandes establecimientos comerciales, estancias en establecimientos turísticos; emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial o a la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria.

También tiene tributos propios sobre las viviendas vacías, las bebidas azucaradas envasadas, las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, los activos no productivos de las personas jurídicas y sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Pero es que además tiene otros cuatro tributos propios declarados inconstitucionales como el referido al os depósitos en las entidades de crédito, el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear y sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión de la cultura digital, así como el fijado sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos.

En el caso de otras regiones, han sido declarados inconstitucionales el impuesto sobre depósitos de entidades de crédito de Asturias; el hecho imponible sobre centrales nucleares del impuesto de Castilla y León sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión; y en la Comunidad Valenciana el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito también.

Los 82 tributos creados por las CCAA solo generan el 1,7% de su recaudación

Según el último informe del REAF-CGE con los últimos datos disponibles referidos al año 2020, los impuestos propios representan solamente el 1,7% de la recaudación tributaria en 2020, por lo que significan poco en la financiación para las autonomías. Además, de 2014 a 2020, su importancia recaudatoria ha menguado relativamente.

De hecho, la recaudación por impuestos propios se ha reducido en 396,1 millones de euros en 2020 con respecto a 2019 ante el impacto de la pandemia, y se ha pasado de unos ingresos por impuestos propios y por habitante de 47,9 euros en 2016 y esta hasta los 45,8 euros, con diferencias muy notables entre autonomías. Por ejemplo, Asturias ingresa 115,9 euros por habitante y Canarias 161,3 euros, mientras que en Madrid solo suponen 50 céntimos y en Castilla-La Mancha cuatro euros.

Los economistas reclaman que las CCAA hagan un esfuerzo en la unificación de plataformas para la gestión de los tributos cedidos, tanto para el ciudadano como para los colaboradores sociales. Los impuestos medioambientales que recaen sobre las emisiones, el agua, los recursos y los residuos, aportan el 73,3% de la recaudación por impuestos propios, siendo casi el 50% de los impuestos propios los que gravan la contaminación o el uso del agua.

Dado que el establecimiento de impuestos propios origina mucha litigiosidad porque se pueden invadir competencias estatales, locales o ir contra los principios armonizados en la UE, los economistas consideran que este problema y los causados por gravar los mismos hechos imponibles de manera muy distinta podrían solucionarse con el establecimiento de determinados impuestos por el Estado cuya recaudación se cediera a las comunidades, dándoles capacidad normativa en tipos y deducciones.