Nuevo hachazo del Gobierno a empresas y trabajadores de 15.000 millones para pagar las pensiones

La segunda parte de la reforma de las pensiones acordada por los socios del Gobierno de coalición contempla que, cuando entren en vigor todas las medidas para incrementar los ingresos del sistema, el Estado recaudará «más de 15.000 millones de euros», lo que equivale al 1,2% del PIB de 2023, según han detallado fuentes del Ministerio de Trabajo este viernes.

La reforma se fundamenta en tres pilares para incrementar los ingresos del sistema y compensar el aumento del gasto por revalorizar las pensiones conforme al IPC y por la jubilación de los nacidos en la generación del baby boom y se aprobará por real decreto-ley en las próximas semanas. Aunque faltan por pulir flecos, ya que el próximo lunes se volverán a reunir los agentes sociales, con CEOE y Cepyme en contra de la propuesta, y no están claros aún los apoyos parlamentarios.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, el real decreto-ley de la reforma establecerá una mayor carga impositiva sobre los salarios, sobre todo a los más altos y a la parte pagada por las empresas a la Seguridad Social por contratar a sus trabajadores. En concreto, se prolonga e incrementa el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI); se destopan de manera progresiva las bases máximas de cotización y se impone una cuota de solidaridad a los sueldos más altos, los superiores a los 53.946 euros anuales.

A pesar de este incremento de los ingresos vía cotizaciones, la cartera de José Luis Escrivá asegura que las medidas tendrán «un impacto muy limitado en los costes laborales por hora», llegando el máximo a 37 céntimos en 2050 (un aumento de 1,6%) y a 23 céntimos en 2030.

Una ‘tasa de solidaridad’ que solo pagarán las empresas

El MEI supone, desde su entrada en vigor el uno de enero de 2023, un recargo adicional del 0,6% sobre los tipos de cotizaciones sociales que aportan empresas y trabajadores, aunque el 0,5% lo pagan las empresas. Con la nueva reforma se eleva una décima cada año el tipo, hasta alcanzar un incremento del 1,2% en 2029, y se distribuye de la misma manera, con mayor cargo en la parte empleadora.

Por otra parte, el Gobierno concede a los sindicatos la petición de destopar las bases máximas de cotización y lo hará de manera progresiva a partir de 2024 y hasta 2050. Según Seguridad Social, se sumará a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales, cifra superior a la planteada por Escrivá en su primera propuesta.

También se incrementarán las pensiones máximas, pero en menor medida que lo harán las bases máximas de cotización: la subida será anual con el IPC más un incremento adicional de 0,0115 puntos porcentuales acumulativos hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.

Además, el Gobierno establece una «cuota de solidaridad» a los sueldos más altos que, según el Ministerio de Trabajo, solo la pagarán las empresas a partir de 2025 y que se destina a grabar la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización.

De esta manera, a partir de 2025 las empresas tendrían que pagar un 1% adicional y la aportación irá creciendo un 0,25% anual hasta llegar al 6% en el año 2045. Esta nueva tasa tiene únicamente la intención de ser una aportación de las empresas que tengan trabajadores con los salarios más altos para financiar el sistema de pensiones, por lo que no genera derechos a cobrar una pensión mayor.

Sistema dual de cómputo de las pensiones

Por otra parte, los socios de Gobierno han acordado un sistema dual para calcular los años de cotización de las pensiones, un aspecto que ha lastrado las negociaciones durante meses y que, tanto Yolanda Díaz como los sindicatos, se negaban a aceptar una ampliación general del período de cómputo que perjudicara a algunos pensionistas.

En concreto, se mantienen dos regímenes para calcular el periodo de cómputo y la Seguridad Social calculará la pensión de los nuevos jubilados con el sistema que mayores ingresos permita percibir en cada caso. De esta manera, se mantienen los 25 años, pero, a la vez, se incluye la opción de escoger 29 años eliminado los 24 meses peores.

Estos dos regímenes convivirán desde 2026, cuando entra en vigor el nuevo, hasta 2040, según ha detallado el Ministerio de Seguridad Social, y después tendrán un periodo transitorio de cuatro años más para que en 2044 solo quede la opción de un periodo de cálculo de 29 años menos los dos peores, según el Ministerio de Trabajo. Esto supondrá también un aumento del gasto en pensiones en lugar de ser una medida neutra, como planteó Escrivá en su primera propuesta.