Nuevo choque entre Gobierno y autónomos por los recortes a la prestación
El Gobierno plantea un endurecimiento de los requisitos que podría excluir a 400.000 autónomos de la ayuda por cese
Reunión entre el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, y las asociaciones de autónomos
Nuevo choque entre el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos con las que acumula varios desencuentros, principalmente por el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, y en esta ocasión a causa de la prórroga de la prestación por cese de actividad del colectivo, cuya actual vigencia concluye el 31 de mayo y previsiblemente se extenderá, al igual que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), hasta el 30 de septiembre.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, se ha reunido esta mañana con las principales asociaciones de autónomos para abordar la prórroga hasta el 30 de septiembre de las ayudas especiales por la Covid-19, que llevan en marcha desde marzo de 2020, y ha trasladado la propuesta del Ejecutivo que no ha sido bien recibida por las organizaciones de autónomos.
Las tres principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) han rechazado el primer planteamiento realizado por el Ministerio y en su lugar buscan prorrogar durante cuatro meses más las condiciones actuales para el acceso al cese de actividad extraordinaria.
Fuentes del diálogo social explican a Economía Digital que la propuesta supone un bache en la negociación para prorrogar la prestación por cese de actividad, que en principio iría al Consejo de Ministros del próximo martes, y confían en que el Ejecutivo finalmente postergue la prestación en los mismos términos para no dejar fuera a la mayor parte de los beneficiarios.
El ajuste propuesto: periodo contributivo no agotado y pérdida de ingresos del 75%
Más allá del consenso en extender la ayuda hasta el 30 de septiembre, en línea con los ERTE, la discrepancia se debe a que le Ejecutivo ha planteado un endurecimiento de los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad, especialmente en lo referido a la prestación compatible con la actividad, al proponer que se exija no haber agotado el periodo contributivo para acceder a esta ayuda y elevar el umbral de disminución de ingresos del 50% al 75% actual para tener derecho a la misma.
Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), reclaman que la cuantía de la prestación por suspensión temporal de toda la actividad sea el 70% De la base reguladora, no el 50% contemplado por el Gobierno, ya que se trata de negocios cerrados por «causas ajenas a su voluntad» y que, encima ,siguen asumiendo costes de alquileres, préstamos o suministros.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha indicado que se han logrado “varios puntos” en común con el Ministerio y que se seguirá trabajando en los próximos días para tratar de cerrar un acuerdo. No obstante, ha reclamado una prolongación “exacta” del cese de actividad extraordinario compatible con el desarrollo de la actividad y ha mostrado su rechazo ante la propuesta del Ministerio de endurecer los requisitos.
“Es absolutamente imprescindible que miles de autónomos que perciben esta prestación continúen con la misma, si cumplen los requisitos, al menos hasta septiembre”, ha apostillado Abad, quien cree que se podrá encontrar “bases sólidas” para refrendar un acuerdo esta semana antes del acuerdo definitivo de cara al próximo martes.
El 90% de beneficiarios se quedarán sin ayuda
El presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha indicado que su asociación no puede aceptar la propuesta del Ministerio de la Seguridad Social porque “varía mucho” respecto al esquema actual y dejaría a más del 90% de los 450.000 beneficiarios de la ayuda por cese de actividad fuera “sin ningún tipo de ayuda”.
Amor ha criticado el ajuste propuesto por el Gobierno porque el hecho de que la mayor parte de los autónomos hayan agotado el periodo contributivo que venían disfrutando “no ha sido por su culpa”, sino “por las restricciones y limitaciones que se han venido decretando”.
Por ello, antes del próximo Consejo de Ministros ha indicado que en los próximos días se seguirá abordando la prórroga con el Gobierno, si bien ya ha trasladado que desde ATA “no estamos dispuestos a que se deje fuera de las ayudas a los autónomos”. “Esta propuesta no la podemos aceptar”, ha enfatizado.
Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) también rechazan la propuesta del Ministerio porque «no es una prórroga de las medidas vigentes, sino un ajuste en las mismas que cambia sustancialmente sus condiciones y puede suponer dejar a muchos autónomos desprotegidos en un momento decisivo para la recuperación económica».
A su juicio, la medida más efectiva sería extender las prestaciones ahora en vigor, en previsión cierta de que su alcance vaya siendo más reducido porque el avance de la vacunación va traduciéndose en una mejor situación económica y una menor demanda de prestaciones. «Es el momento, precisamente de no desandar el esfuerzo que se ha hecho con el escudo social frente al Covid-19», defiende.
Especial preocupación muestra sobre el hecho de que en la prestación compatible con la actividad suba de 50 al 75% el umbral de disminución de ingresos y que el Gobierno exija no haber agotado los períodos de cotización generados, ya que supone un «agravio» respecto a los trabajadores acogidos a ERTE y supone «dejar fuera de la prestación a muchos autónomos que lo necesitan«. «Saludamos la voluntad de diálogo y esperamos poder seguir negociando los próximos días para llegar a un acuerdo satisfactorio», ha añadido el sindicato.
La propuesta del Gobierno para las 4 modalidades
La propuesta planteada por el Gobierno, a la que ha tenido acceso Economía Digital, contempla cuatro modalidades, y fija que a partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos, que estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 31 de mayo alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional.
Las cuantías serán del 90% en las cotizaciones correspondientes a junio, del 75% en las de julio, del 50% en las de agosto y del 25% en las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.
Según el borrador, para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre de 2021. Asimismo, la base de cotización a efectos de la determinación de la exención será la base de cotización que resulte de aplicación en cada uno de los meses en los que se apliquen las exenciones. A su vez, la percepción de la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus modalidades será incompatible con la exención en la cotización.
Para el supuesto de compatibilización del cese y la actividad, el Ejecutivo plantea la exigencia de no haber agotado el periodo contributivo al fijar que desde junio «los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el artículo 338.1 de la Ley General de la Seguridad Social (el cese de actividad ordinario), podrán continuar percibiéndola hasta el agotamiento del período pendiente de consumir o en su caso, hasta el 30 de septiembre de 2021, siempre que, durante el segundo y tercer trimestre de 2021 cumplan los requisitos que se indican en este precepto.
El acceso a la prestación exigirá acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de los rendimientos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 75% de los habidos en el segundo semestre de 2019; así como no haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 6.650 euros.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo semestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el segundo y tercer trimestre de 2021 en la misma proporción.
En cuanto a la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos de temporada, marca como requisito que «se deberá acreditar que se ha estado dado de alta durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses entre los meses de junio y septiembre de estos años».
También determina que no deberán haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 y no obtener durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 unos ingresos netos computables fiscalmente que superen los 6.650 euros.
La cuantía de la prestación regulada será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
450.000 autónomos siguen percibiendo prestación
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 30 de abril se abonó una nómina estimada de 426,74 millones de euros a más de 450.000 trabajadores autónomos a los que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Desde marzo de 2020, se han abonado prestaciones destinadas a este colectivo por un valor de 6.395 millones de euros.
Por tipos, adaptados en los últimos meses, la prestación para autónomos compatible con la actividad, destinada a aquellos trabajadores que han visto disminuida su facturación de manera notable, alcanza a 361.346 beneficiarios. Por su parte, la ayuda que se diseñó para proteger a aquellos trabajadores que no cumplen los requisitos para acceder a la anterior prestación compatible con la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no tener el periodo de cotización necesario) contempla en esta nómina prestaciones para 79.056 trabajadores por cuenta propia.
Asimismo, el número de trabajadores autónomos que reciben la prestación por una suspensión temporal de toda la actividad a causa de resolución de la autoridad competente se ha ido reduciendo por el levantamiento de las restricciones hasta los 9.767 trabajadores autónomos, frente a los 40.347 beneficiaros de la anterior nómina. En esta cifra se incluyen tanto los trabajadores que venían percibiendo la prestación con anterioridad a su prórroga en el RD-Ley 2/2021 como las nuevas prestaciones. La prestación específica para trabajadores por cuenta propia de temporada llega en abril a 814 trabajadores.
Por sectores, el 35,29% de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) del sector de la hostelería cuenta con una prestación este mes con una ayuda, porcentaje que asciende al 26,58% en el caso de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. En el sector de transporte y almacenamiento, el 23,46% de los autónomos cuenta con ella. En números absolutos, hostelería, con 112.284 prestaciones, y comercio, con 101.969, son los sectores con más afiliados con prestación este mes.
Esquema actual
El esquema actual, pactado con las asociaciones de autónomos, contempla que la prestación por suspensión de actividad va dirigida a aquellos trabajadores autónomos que vean suspendida toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la Covid-19.
Su cuantía es del 50% de la base mínima de cotización y se incrementará un 20% si el autónomo es miembro de una familia numerosa. Este, además, queda exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo contará como cotizado. La prestación es compatible con ingresos por cuenta ajena hasta de 1,25 veces el SMI. El beneficio mínimo estimado es de 760 euros mensuales.
Asimismo, la prestación compatible con la actividad la pueden solicitar aquellos trabajadores cuyos ingresos en el primer semestre de 2021 hayan caído el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre de 2019. El importe de esta prestación es el que corresponda por su base de cotización.
La prestación extraordinaria por bajos ingresos, por su parte, es para quienes no cumplen los requisitos para acceder a las anteriores. Se destina a aquellos autónomos que sufren una caída de ingresos y que en el primer semestre de 2021 no hayan superado los 6.650 euros. La cuantía es del 50% de la base mínima y es compatible con ingresos por cuenta ajena de 1,25 veces el SMI.
También continúa, adaptando el periodo de referencia, la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.
El conflicto por el sistema de cotización de ingresos
La discrepancia por la propuesta realizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se suma al choque producido en las últimas semanas sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, planteada en el marco de la reforma de pensiones, que ha incendiado el diálogo social con las principales organizaciones de autónomos, que rechazan las cuotas previstas o el proceso progresivo de instauración del modelo planteado.
Las principales organizaciones además afearon que el borrador que recogía el nuevo sistema de cotización se abordara en el marco del diálogo social sobre pensiones y se filtrara sin previamente haberse dado cuenta del mismo a las asociaciones de autónomos como principales implicadas.
Según el borrador al que tuvo acceso Economía Digital, el Gobierno plantea un sistema de cotización por ingresos reales que conllevaría unas cuotas de los trabajadores por cuenta propia que oscilarían, una vez transcurrido el periodo de nueve años, entre un mínimo de 90 euros para los autónomos que ganen menos de 3.000 euros al año y un máximo de 1.220 euros al mes para los que perciban unos rendimientos superiores a los 48.800 euros anuales.
Escrivá ha defendido en los últimos días el modelo asegurando que con él «dos de cada tres autónomos pagarán menos cotizaciones» y mejorarán su protección de cara a las pensiones futuras.
