CEOE se planta ante la propuesta de Yolanda Díaz de limitar la temporalidad al 15%

Nueva reunión de la mesa de diálogo social para la modernización de la reforma laboral y nuevo choque entre la patronal y el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. CEOE se ha plantado al rechazar de pleno la última propuesta en materia de temporalidad realizada por el departamento de Yolanda Díaz que, entre otras, propone limitar al 15% la temporalidad en las plantillas.

Aunque no hubo apenas novedades de contenido en el encuentro respecto al último borrador trasladado la semana anterior por Trabajo a patronal y sindicatos, CEOE aprovechó para mostrar su negativa a los planteamientos realizados al considerarlos perjudiciales, según confirman a Economía Digital en fuentes del diálogo social, que apuntan que se produjo lo que califican como una nueva «bronca».

El ‘no’ de CEOE a los planteamientos de Trabajo fue trasladado por la directora del Departamento de Relaciones Laborales de la patronal, Rosa Santos, en la reunión que celebran prácticamente cada miércoles los agentes sociales, a la que asiste de parte del Ministerio el secretario de Estado de Empleo y Economía social, Joaquín Pérez Rey.

En cualquier caso, desde la patronal se limitan a apuntar a este medio que continuarán asistiendo a las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo, aunque, tal y como expresó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se opone a las propuestas realizadas hasta el momento al defender que «temporalidad y precariedad no son lo mismo» y en muchos sectores la temporalidad es necesaria. El límite al 15% es el principal obstáculo.

La organización no ha movido su posición de negativa a derogar la reforma laboral pese al anuncio del presidente del Gobierno de su eliminación, y por ahora solo se abre a negociar propuestas que supongan una mejora de la legislación en asuntos como la competitividad empresarial o el apoyo a la industria para ganar un mayor peso, sin realizar una contrapropuesta al entender que no es su cometido.

Trabajo da un mes pero Sánchez lo alarga

Con todo, el Ministerio de Trabajo sigue tratando de acelerar las negociaciones tras el ultimátum dado en el diálogo social para lograr un acuerdo en el mes de noviembre, con el fin de tener aprobada la reforma laboral antes del 31 de diciembre y acelerar su tramitación parlamentaria, tal y como está comprometido por el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por su parte, los sindicatos han aprovechado el Congreso Confederal del PSOE para presionar a Sánchez respecto a la derogación de la reforma laboral. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya dijo que habría que cerrar en «cuatro o seis semanas» el acuerdo, y su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, insiste en que no se debe demorar más la derogación de la reforma laboral.

No obstante, fuentes de Moncloa apuntan a Economía Digital que Pedro Sánchez estaría dispuesto a extender la negociación hasta los primeros días de diciembre para dar más margen y tratar de incluir a los empresarios al acuerdo, siempre y cuando vean que hay motivos para ceder en los plazos, mientras que si se estanca la negociación Sánchez permitiría a Díaz aplicar el ‘rodillo’.

Y es que, en medio de la negociación de los Presupuestos, la vicepresidenta segunda está dispuesta a sacar adelante la reforma laboral incluso aunque no se sume al acuerdo CEOE, bajo el pretexto del compromiso con Bruselas y la «urgencia» para atajar los problemas estructurales del mercado laboral en materia de precariedad y temporalidad, sobre todo por su impacto en los colectivos más afectados, como las mujeres y los jóvenes.

Por el contrario, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que defiende que el acuerdo debe suscribirse también con la firma de la CEOE. Calviño se ha mostrado habitualmente más en sintonía con la patronal, hasta el encontronazo del pasado mes de septiembre con motivo del acuerdo entre Trabajo y sindicatos para la aprobación de la subida del Salario Mínimo a 965 euros en 14 pagas aplicado para los últimos cuatro meses de este año.

Las palabras de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró el 40 Congreso Federal del PSOE con la promesa de poner punto y final a la reforma laboral del PP, junto a la ley de Seguridad Ciudadana y abolir la prostitución, en línea con lo recogido en la ponencia marco del cónclave socialista tras la configuración de la nueva dirección del partido.

El compromiso de Sánchez fue celebrado por Díaz al verlo como un respaldo a su planteamiento, si bien mantiene algunas dudas y espera que se cumpla el compromiso y no se quede solo en palabras.

En cuanto a los empresarios, con buena parte del nuevo marco normativo por definir, relativizan las palabras de Sánchez, pero elevan aún más las discrepancias entre el Ejecutivo y la patronal y aleja las posibilidades de acuerdo, según apuntan fuentes internas.

En el seno de la patronal hay una «total preocupación» por la llamada ‘contrarreforma laboral’ de Díaz y sus pretensiones de derogar la reforma laboral de 2012 del Gobierno del PP, con una postura «unánime» en la comisión laboral de la organización en la que está representado todo el tejido empresarial, desde las pequeñas empresas hasta las grandes compañías del Ibex.

Las últimas propuestas de Trabajo

Algunas de las propuestas que realiza Trabajo y provocan el rechazo de la CEOE son las relativas a la regulación de la negociación colectiva y las subcontratas, planteando la limitación de los contratos temporales en contratas, así como la aplicación a las empresas contratistas de los convenios de la actividad que ejecuten o la prevalencia de convenios sectoriales sobre los de empresa, entre otras .

En CEOE se oponen porque creen que dañarán la recuperación económica y la creación de empleo al limitar la flexibilidad para poder establecer horarios y salarios, pero lo que más rechaza la patronal es la propuesta de limitar los contratos laborales en las empresas en una proporción superior al 15% de la plantilla cuando se trate de contratos estructurales, según figura en el borrador de la reforma laboral, al que ha tenido acceso Economía Digital. Las que superasen ese porcentaje estarían obligadas a contratar.

Se verán afectados por esta propuesta los contratos firmados por obra o servicio determinado, con motivo eventual, por interinidad o por inserción. Quedarían fuera de esta limitación por tanto los contratos temporales de formación. De esta manera, la limitación propuesta por el Gobierno obligaría a las empresas a que en sus plantillas contarán, como mínimo, con un 85% de trabajadores con contratos indefinidos.

Trabajo también plantea que los futuros ERTE constituidos a través del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), la nueva herramienta de flexibilidad interna diseñada para las empresa sen crisis, pueda aplicarse como máximo durante un año si hay acuerdo con los sindicatos o 6 meses en el caso de no haber consenso pero ser autorizado por la Autoridad Laboral.

Conforme a la propuesta, el periodo de referencia podrá tener una duración máxima de 12 meses en caso de existir acuerdo acuerdo en el periodo de consultas y de 6 meses en el supuesto de que el MSE sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. El periodo de referencia, precisa, será de la “duración estricta imprescindible para responder al supuesto en el que se fundamenta el Mecanismo”.

La reducción de jornada será la misma para los trabajadores salvo que concurran “causas justificativas debidamente acreditadas”, en cuyo caso podrán fijarse distintos porcentajes de reducción de jornada “en función de los grupos profesionales, funciones o puestos de trabajo afectados”.

ETT y contratos formativos

Sobre la nueva regulación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), las  empresas tendrían la facultad de emplear trabajadores con contratos indefinidos para ponerlos a disposición de sus clientes en actividades de temporada.

En cuanto a los contratos formativos se acoge la propuesta sindical de un doble modelo que mantiene el contrato formativo para la obtención de practica en las empresas que se podrá concertar, por un periodo que varia desde los tres meses al año de duración como máximo, para las personas que hayan finalizado sus estudios dentro de un plazo máximo de tres años (cinco en el caso de personas con discapacidad).

Asimismo, se mantiene el contrato de formación dual en las empresas, por un periodo máximo de dos años, con un máximo de trabajo efectivo de un 65% el primer año y del 85% el segundo, dentro de un programa formativa individual en las empresas.

Por otra parte, CEOE y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han pedido proteger con la «máxima urgencia» a los autónomos y empresarios de La Palma, garantizando que puedan acceder a las ayudas aprobadas para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Con su actual redacción, denuncian las organizaciones, el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, «deja fuera de la prestación a los autónomos y empresarios que tengan a su cargo trabajadores», puesto que tienen que darse de baja de autónomo, cesar en la actividad y, por lo tanto, despedir a sus trabajadores para cobrar esta ayuda extraordinaria.