Novedades para funcionarios: esto puede ocurrir si no realizan bien su trabajo

El Gobierno aprobó hace unos días el anteproyecto de ley de la Función Pública, reforma contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La futura ley plantea establecer una «planificación estratégica» para alinear los objetivos de la Administración con la política de recursos humanos y adaptar la selección de personal con sus necesidades, según comunicó la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Esta planificación, en la que se basa el anteproyecto, se aplicará a la Administración General del Estado (AGE), organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y demás entes de derecho público.

¿Cuáles serán las principales novedades?

Uno de los aspectos que regula es la carrera horizontal, con un sistema de tramos para poder ascender sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y apostar por la promoción profesional interna. Con estos cambios, los ascensos tendrán en cuenta la trayectoria profesional y el resultado de la evaluación del desempeño.

La normativa también reconocerá la figura del directivo público profesional con funciones de desarrollo de políticas y programas públicos. Tendrán esta consideración los titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen. La creación de esta figura pretende ofrecer garantías de la profesionalidad y reforzar la idoneidad, capacidad y orientación de estas personas con respecto a los resultados profesionales que obtengan, según apuntó Hacienda.

Asimismo, recoge planes de igualdad, diálogo social y aprendizaje a lo largo de la vida profesional. La norma dispondrá que la Administración cuente con distintos protocolos para atender el acoso sexual o por razón de sexo, que deberá actualizarse cada cuatro años, como ha apuntado Rodríguez. Asimismo, cada Ministerio deberá constituir una unidad específica para la inclusión de personas con discapacidad.

Por otro lado, se adecuarán los contenidos de los procesos selectivos, las funciones que se desarrollarán o la profesionalización de los tribunales. Además, se optará por un modelo mixto que estará basado en los conocimientos para superar el acceso y en la evaluación de competencias profesionales. Los procesos selectivos se celebrarán en todo el territorio para democratizar el acceso.

Dos complementos salariales

Otra de las novedades será la creación de dos nuevos complementos salariales para los empleados públicos, basados en su evaluación de desempeño y en su evolución profesional. El complemento de carrera retribuirá la progresión que se vaya alcanzando en la carrera profesional. Su cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que lo tenga reconocido.

El segundo complemento será por desempeño y su pago estará vinculado a la superación de las evaluaciones planteadas durante la carrera profesional. Las retribuciones complementarias serían el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de desempeño y el complemento de carrera. A estos se suma el complemento por servicios extraordinarios, que retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria o la actividad extraordinaria desarrollada en el puesto de trabajo.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que estas pruebas de evaluación del desempeño tendrán un carácter anual y obligatorio. Además, aquellos empleados que sean ascendidos y no las superen volverán al nivel previo y perderán el complemento salarial por buen desempeño. No obstante, en ningún caso, el funcionario dejará de serlo, según ha publicado el diario El Mundo.

Los sindicatos UGT y CCOO se han mostrado en contra de estas evaluaciones. El secretario de Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha tildado la decisión «gravísima e inaceptable». Una idea con la que ha coincidido la secretaria del sector de Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, quien ha remarcado que esta medida «clama al cielo» y pedido que esa evaluación sea «garantista y transparente», sujeta a «unos criterios objetivos».