Montoro prorroga el plan de pagos a proveedores de ayuntamientos

El Ministerio de Hacienda cocina la prórroga del plan de pagos a proveedores de las administraciones, esencialmente ayuntamientos y diputaciones, que se lanzó en primavera para aliviar la morosidad pública. La medida se conoce como plan Montoro y este año ha prestado 31.000 millones de un máximo de 35.000. Concretamente, se prevé una bolsa adicional de hasta 36.000 millones para garantizar la disponibilidad de recursos y contrarrestar el probable portazo de los mercados de deuda a los ayuntamientos. Sin embargo, el Gobierno central endurecerá el control sobre el destino final del dinero y ofrecerá mayores garantías a los prestamistas, puntos débiles de la experiencia de estos meses.

La nueva estrategia, que remolcará los 4.000 millones no usados este año –tendrá, por lo tanto, una dotación final de 40.000 millones—, deberá permitir saldar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la banca tradicional las facturas aún impagadas de ayuntamientos y diputaciones. Ello supondrá la segunda conversión, en menos de un año, de la deuda comercial de estas administraciones en deuda financiera, hecho que obligará a replantear sus presupuestos.

Novedades

Hacienda exigirá también que se presenten nuevos planes de ajuste para garantizar a la banca que los municipios serán capaces de devolver la ayuda. Ambas condiciones implicará la intervención de facto de algunos ayuntamientos a cambio de la financiación, razón que podría frenar las adhesiones al fondo, según la Federación de Municipios. La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas espera, sin embargo, que ciudades y regiones que este año no habían pedido ayuda sí lo hagan durante 2013 debido al mayor deterioro financiero y a unas previsiones de ingreso difíciles de cumplir, según los técnicos del ministerio que han examinado las cuentas locales.

Con la próxima ronda se prevé corregir algunos aspectos. El equipo de Montoro reconoce que el actual sistema no es lo suficientemente ágil y estudia, entre otras medidas, que sea el propio Estado quien pague las facturas en nombre de las administraciones deudoras. De los 31.000 millones prestados este año, sólo 23.000 millones han llegado a los proveedores, aunque han pasado seis meses desde que se distribuyó el capital. Montoro tiene la lupa puesta en 2.000 municipios receptores que usaron el plan para pagar, por ejemplo, las facturas del teléfono y no las que se presentaron en origen, como ha sucedido en Burgos (gobernado por el Partido Popular).

Menos costes financieros

La prórroga de esta suerte de fondo de rescate local se cocina para que esté disponible a partir de enero. Las conversaciones con la banca empezaron hace unas semanas y está en su mano que la dotación final alcance los 36.000 adicionales deseados. El sistema financiero fondeará los recursos con garantía del Estado por lo que se prevé que los intereses devengados sean menores para los municipios que si acuden ellos solos a pedir financiación.

La intención del Gobierno es abaratar los costes y reducir la mora pública después de la decepción que ha supuesto la ronda que aún está vigente y que no ha conseguido aliviar sustancialmente la situación de numerosas PYMES. De hecho, dos de cada 10 empresas están al borde de la quiebra por las deudas públicas. Las grandes concesionarias de servicios públicos esperan, en conjunto, 4.000 millones en facturas impagadas por servicios como la recogida de basura.