Montero rebaja un 10% los ingresos previstos por el impuesto de las energéticas
El Gobierno ingresará 400 millones previsto respecto a lo 4.000 millones que se esperaba del gravamen energético
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE/ Mariscal
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calculado que el gravamen temporal a las energéticas recaudará un 10% menos de lo inicialmente previsto, tras las cambios introducidos en el Congreso que excluyen del impuesto los ingresos procedentes de actividades reguladas y el negocio exterior.
Montero ha dicho en la Cadena SER que este cambio supondrá unos 400 millones de euros menos respecto a los 4.000 millones que se esperaba que este gravamen ingresara en los dos ejercicios que va a estar en vigor.
El impuesto extraordinario, que grava con un 1,2% la facturación de las empresas energéticas que en 2019 ingresaron más de 1.000 millones, fue aprobado este jueves en el pleno del Congreso, junto con los gravámenes temporales a la banca y a las grandes fortunas.
El impuesto estará vigente a partir del 1 de enero de 2023 y durante 2024. No obstante, en el próximo febrero ya habrá el primer pago a cuenta del 50%. Con el impuesto a las energéticas, junto al de la banca, el Gobierno busca recaudación para hacer frente a la crisis económica y con un reparto del coste de la inflación «más justo».
Sanciones por incumplimiento
El Gobierno ha reiterado que estos pagos no podrán repercutir en los clientes, tal y como ha criticado el PP que ocurrirá. Será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en colaboración con el Banco de España, quienes se encargarán de vigilar que se cumpla esta norma. En el caso de que no sea así, la sanción por incumplimiento puede suponer una sanción del 150% del importe repercutido.
El BCE pide frenar el impuesto
La institución europea ha instado al Gobierno a frenar la tramitación del impuesto hasta que se haga un «análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas» para el sector bancario, así como ha utilizar una «terminología más clara» sobre el texto final, al considerar que existen discrepancias en la proposición de ley.
En concreto, la institución que preside Christine Lagarde pide que se detalle el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas para garantizar que «no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos».
