Montero niega que propusiese subir impuestos en los PGE de 2022 y da margen a Gabilondo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido este martes al paso de las críticas realizadas por distintos organismos sobre la posible subida de impuestos prevista por el Gobierno para el próximo año y la polémica suscitada tras la promesa del candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de no subir en dos años los impuestos. 

“Nunca, en ningún momento trasladé ninguna situación decidida de llevar a los Presupuestos de 2022 algo que no está ni siquiera discutido ni decidido”, ha enfatizado Montero, quien ha pedido “dejar trabajar” al comité de 17 expertos constituido para la reforma fiscal integral, cuyas conclusiones deberán presentar al Gobierno antes del 28 de abril del próximo año, con el fin de acercar la presión fiscal de España a la media europea, inferior entre 7 y 8 puntos del PIB (unos 90.000 millones).

El día de la presentación del comité de expertos Montero indicó que con independencia del documento final de recomendaciones que elabore el grupo de expertos, estos podrían ir anticipando los trabajos “al objeto de que el Gobierno las tenga en cuenta para la preparación de los PGE de 2022 y para el nuevo modelo de financiación autonómica” y para su implementación “lo más rápido posible”. 

En este sentido, Montero mostró su “especial interés” sobre los impuestos de Sociedades y la armonización fiscal que conllevaría un alza de los impuestos a la riqueza (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) en determinadas regiones, como la Comunidad de Madrid. 

Sus palabras despertaron la crítica de la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de las regiones del PP, y se abrió un debate sobre la posible contradicción al coincidir con la promesa del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de no subir impuestos a los ciudadanos en dos años. 

De hecho, posteriormente la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aclaró que no es el momento para acometer una subida de impuestos y ya aclaró que “de ninguna manera” se barajaba subir impuestos en el corto plazo, porque la prioridad es la recuperación y la creación de empleo.  Los empresarios también han expresado su malestar y advirtieron de que un alza de los tributos podría perjudicar la recuperación.

Da margen a Gabilondo 

En este sentido, ha querido resolver la polémica suscitada sobre la posible contradicción de discurso con el candidato socialista a la Comunidad de Madrid. “Yo en ningún momento hablé qué tendría que hacer el candidato del PSOE en Madrid”, ha aseverado, al margen de que hay asido “objeto de titulares”. 

Incluso, Montero ha defendido que ha sido “prudente” y ha puntualizado que se refería a la modernización del sistema tributario de España, de forma que “luego cada presidente autonómico o candidato expresará su voluntad de hacer o ejercer sus competencias fiscales en la dirección que estimen oportuna”, algo que ya “no es competencia del Gobierno”. 

De su lado, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid ha mantenido que no subirá «ni un euro» los impuestos a los madrileños y se remitió a las palabras de Calviño, al tiempo que aseguró que su discurso no es incompatible con el de Montero, ya que se tendrán que acometer numerosas reformas a medio plazo, incluida la fiscal.

Reforma en el “momento adecuado” y propuesta del FMI 

Además, ha precisado que cuando habló de la contribución a la pandemia de los grandes patrimonios no se refería a una eventual decisión del Gobierno de España, sino al pronunciamiento del FMI por el que abogaba por analizar propuestas respecto a una contribución temporal de los grandes patrimonios para la salida de la crisis. “Han sido ellos (el FMI) los que han llegado a la cuestión”, ha enfatizado. 

De esta forma, ha indicado que se dedicará a trabajar con el comité de expertos para posibilitar una modernización del sistema tributario para responder la “demanda del siglo XXI” y la propuesta del FMI sobre una aportación de los grandes patrimonios será una de las que analice el comité, así como el resto de planteamientos internacionales y nacionales. 

Eso sí, ha remarcado en que dicha “modernización” del sistema tributario se adaptará al “momento adecuado” de la economía para beneficiar a que haya “justicia fiscal, progresividad y sostenimiento de los servicios públicos”. 

“Espero que logremos un consenso suficientemente importante para acometerlo en el momento en que las condiciones económicas lo permitan”, ha añadido. 

Aplaza el ajuste fiscal: «No es el momento»

Por otra parte, Montero ha vuelto a indicar que en este momento no se dan las condiciones para acometer una política de ajuste o de recortes, ya que sería «impensable» pedir un plan de ajuste a las CCAA en temas como la educación, sanidad o servicios sociales.

Por ello, ha criticado la insistencia del PP en solicitar un plan de ajuste y ha insistido en que no procede acometer ahora el ajuste porque podría «mermar» la capacidad de recuperación de la economía española y la salida de la crisis por la retirada «prematura» de los estímulos.

De esta forma, ha indicado que no se implementará el plan «hasta que no pase el tsunami sobre la economía o se pueda estar en condiciones de recuperar el PIB previo a la pandemia, o bien que sean las propias autoridades europeas las que soliciten un plan de reequilibrio». Recientemente dijo esperar que la Comisión suspenda las reglas fiscales de nuevo en 2022.

En todo caso, ha indicado que se seguirá trabajando por reducir los niveles de deuda y de déficit, con la previsión de que el déficit baje del 10,09% del PIB de 2020 al 7,7% este año, aunque se actualizarán las cifras de estimaciones a finales de mes con motivo de la remisión del Programa de Estabilidad a Bruselas antes del día 30.

La portavoz del Gobierno ha indicado que pese al retraso una semana más de la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Consejo de Ministros se mantiene la hoja de ruta de su remisión a Bruselas en plazo, antes de que acabe el mes, y ha indicado que junto a las reformas de pensiones, laboral y fiscal todas las demás son igualmente «imprescindibles», como la relativa a la economía de cuidados, sobre la que se ha aprobado hoy una inversión de 371 millones.