Montero se escuda en la guerra entre CCAA para no concretar la financiación autonómica
La ministra María Jesús Montero ha condicionado el cambio del sistema de financiación autonómica a un acuerdo interno de los partidos y al consenso en el Congreso, donde ha pedido "altura de miras" y "madurez"
La ministra María Jesús Montero comparece en el Congreso para hablar de financiación autonómica. Congreso.
“Altura de miras, madurez, actitud constructiva y mirar en el medio plazo” han sido las peticiones realizadas por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el Congreso para exigir una posición común a nivel interno en los partidos y consenso entre las comunidades para poder avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica.
La ministra ha aseverado durante su comparecencia en el Pleno de la Cámara Baja que el “compromiso” del Gobierno con el nuevo modelo de financiación autonómica es “firme” y por ello ha reiterado que en el mes de noviembre el Gobierno presentará la propuesta sobre el criterio de “población ajustada” para dar inicio a los trabajos tras mantener desde hace meses reuniones bilaterales con las comunidades autónomas.
Sin embargo, Montero se ha escudado en la formación de bloques entre regiones que se están configurando en la guerra autonómica sobre los criterios de la futura financiación autonómica y las discrepancias internas en los partidos, sobre todo en el PP y el PSOE, para admitir las dificultades y no dar un plazo sobre la propuesta oficial y global del Ministerio para el nuevo modelo.
Aboga por «consensos parciales» y pide una «posición común» en los partidos
Ante las discrepancias y desavenencias entre CCAA, en el seno de los partidos y entre las formaciones, Montero ha remarcado la necesidad de contar con un “amplio consenso” de las autonomías en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y las reuniones bilaterales, pero sobre todo ha hecho hincapié en la importancia de lograr posiciones comunes a nivel interno de las formaciones y “entre todos los partidos”.
Y es que para que la futura reforma de la financiación autonómica vea la luz deberá contar, además de con el visto bueno en el CPFF, el respaldo mayoritario en el Congreso al tener que vehicularse mediante una ley orgánica que requiere de la mayoría absoluta de la Cámara Baja. Dado que la mayoría se consigue con 176 diputados y los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) cuentan con 155, el Ejecutivo precisaría del voto a favor de los partidos nacionalistas o del PP.
En todo caso, como los partidos de ámbito nacional “tienen al interior la misma contradicción que el modelo de financiación”, Montero considera que deben “armonizar posiciones distintas». “Los partidos que representan una parte del territorio tienen una posición más definida, pero los grandes partidos, los de ámbito estatal, necesitamos acordar una posición que sea la misma en todos los territorios. No vale que se trasladen cosas distintas en uno y otro sitio», ha enfatizado, citando expresamente las diferentes posturas entre Andalucía y la Comunidad de Madrid pese a ser del mismo signo político.
La titular de Hacienda ha remarcado que la reforma es “urgente”, por lo que ha abogado por avanzar a partir de “consensos parciales” en las distintas variables que permitan que “todos” ganen con la reforma, ya que “con las grandes diferencias de modelos no se puede avanzar”.
Los tres bloques actuales
La falta de financiación autonómica está provocando movimientos y alianzas entre comunidades incluso de distinto signo político, ya que hasta en las regiones gobernadas por el PSOE, partido de Gobierno, hay discrepancias.
El primer bloque englobaría las CCAA de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, que defienden que en sus territorios se afronte el reto demográfico con mayor intensidad y se tenga más en cuenta la dispersión de población, de forma que la reforma se centre en el coste efectivo y las necesidades reales de gasto y se primen aspectos como el envejecimiento y la población.
Este grupo de regiones busca mantener muchos de los elementos del actual sistema, especialmente los dirigidos a garantizar que las CCAA dispongan de recursos suficientes para financiar los servicios.
Un segundo bloque estaría formado por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que reclaman una reforma que nivele las diferencias del actual sistema dado que por población ajustada tendrían una mayor capacidad de tener los recursos suficientes, por lo que piden una revisión de los criterios de población ajustada y han solicitado la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación de 1.300 millones hasta que llegue la reforma completa del sistema.
El tercer y último bloque, constituido por Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid, son de signo político muy distinto pero coinciden en tener en cuenta el denominado principio de ordinalidad en la aplicación de las medidas de nivelación, al considerar que hay que fijar como límite el respeto a la ordenación previa a la nivelación en términos de financiación por habitante. Lo que se considera el mal llamado “límite de la solidaridad”, ha dicho Montero.
“Madrid se opuso al fondo de nivelación”
La ministra también se ha referido a la petición realizada de forma conjunta por Andalucía y la Comunidad Valenciana de crear un fondo compensatorio para las regiones infrafinanciadas de 1.300 millones de euros, asegurando que ella misma ya planteó crear ese fondo de nivelación en el último CPFF y que fue la Comunidad de Madrid, entre otras, la que se opuso.
Aun así, mantiene que sí se pueden avanzar en propuestas de ese tipo, pero con el ”consenso» de la Cámara, al que ha apelado una y otra vez durante su intervención.
Criterio de población ajustada en noviembre
En cualquier caso, ha indicado que trabaja ya para presentar un documento en noviembre con la propuesta del Gobierno sobre el criterio de población ajustada que recoja los mayores consensos sobre el criterio de población ajustada y cómo tiene que computar el envejecimiento o el peso de la población infantil respecto a las necesidades educativas.
Se incluirán los elementos a tener en cuenta para que el criterio de población ajustada refleja la realidad del consumo de los servicios públicos o qué necesidades del sistema son necesarias para garantizar que se prestan los servicios sanitarios o educativos.
“Les avanzo que seguro que los elementos no van a ser los que quieren de forma plena cada uno de los territorios porque hay diferentes posiciones, pero hay que ser capaces de tener una mirada amplia que permita llegar al acuerdo y consenso, lo que implica que uno tiene que ceder para que otros puedan ganar”, ha enfatizado.
7.000 millones más extra para las CCAA en los PGE de 2022
De cualquier forma, Montero ha destacado el ingente volumen de recursos destinado por el Gobierno de Pedro Sánchez en sus cuatro años, un 36% superior (129.000 millones más) que en los últimos cuatro ejercicios del Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy. Y es que el Gobierno socialista ha considerado que las CCAA “merecen una mejor financiación”.
“Nunca en la historia habían estado mejor financiadas que en los dos últimos años”, ha asegurado, a pesar de la crisis de la Covid, gracias a las transferencias directas incondicionadas y no reembolsables realizadas a las regiones por el Estado, que ha asumido la mayor parte del déficit autonómico.
En concreto, se transfirieron 115.800 millones más a las CCAA en 2020, un 7,3% más, y se activado la suspensión de las reglas fiscales y la aprobación del Fondo Covid de 16.000 millones, con lo que los ingresos regionales crecieron un 10% y sin lo que habrían caído un 4,6%.
Este año, 2021, el Gobierno ha aprobado el fondo extraordinario de 13.486 millones incluido en los Presupuestos como transferencia directa a las CCAA, con lo que los recursos del sistema de financiación ascienden a 113.700 millones, a lo que se suman las ayudas directas de 7.000 millones para pymes y autónomos que gestionan las regiones.
De cara al 2022, Montero ha detallado que las CCAA recibirán las mayores entregas a cuenta de la historia, con 112.213 millones, un 6,3% más que en 2021, con una transferencia extraordinaria a consignar en los PGE de 2022 de 7.000 millones. Estos proceden, tal y como transmitió Montero a los consejeros autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal celebrado a finales de julio, de una transferencia adicional de unos 3.900 millones de euros para cubrir las liquidaciones negativas de 2020.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incorporarán a su vez una partida de unos 3.100 millones de euros con los que el Estado compensará el perjuicio económico que supuso el cambio normativo en el IVA aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
