Montero entrega los Presupuestos en el Congreso pendiente de 21 votos para aprobarlos
La ministra de Hacienda ha entregado en el Congreso el proyecto de Presupuestos de 2022 que precisarán, además de los votos de PSOE y Unidas Podemos, de otros 21 apoyos para su aprobación
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha hecho entrega este miércoles del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por lo que comienza la cuenta atrás para su aprobación, pendiente de 21 votos para que el Gobierno de Pedro Sánchez logre aprobar sus segundas cuentas públicas.
El Ejecutivo confía en revalidar los apoyos logrados en los Presupuestos de 2021 que permitieron la aprobación de las primeras cuentas públicas del Gobierno de coalición, ya que vieron la luz con el respaldo de 188 diputados, frente a 154 votos en contra y ocho ausencias.
Además de los 155 votos de PSOE y Unidas Podemos, formaciones que conforman la coalición de Gobierno, el Gobierno precisa de al menos otros 21 votos para lograr la mayoría de 176 votos en el hemiciclo formado por 350 escaños. Los PGE de este año obtuvieron el apoyo de ERC (13 diputados), el PNV (6), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís (1), Teruel Existe (1), Nueva Canarias (1) y el PRC (1).
Montero, acompañada de la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, ha comparecido ante los medios gráficos en el Patio de Floridablanca.
A continuación ha hecho entrega del clásico ‘libro amarillo’, en libro físico y en una ‘tablet’, con el proyecto de ley a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, en el Salón de los Pasos Perdidos, y a posteriori ha presentados las nuevas cuentas públicas.
Los Presupuestos cuentan con un ‘techo de gasto’ récord de 196.142 millones de euros y de nuevo el mayor gasto social de la historia (248.391 millones de euros), así como récord en inversiones por más de 40.000 millones de euros. El gasto público récord recogido de 458.970 millones, un 0,6% más, incorpora 27.633 millones de fondos europeos consignados, un 3,8% más, y se sustenta en la previsión de obtener una recaudación récord de 232.000 millones, un 8,1% más.
Entre las medidas destacan el alza del salario de los funcionarios del 2%, un aumento del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, así como para el Ingreso Mínimo Vital, y pocas novedades fiscales, como un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones o la reducción hasta los 1.500 euros de la aportación máxima anual en los planes de pensiones individuales.
Revalidar los votos de los PGE de este año
Fuentes gubernamentales señalan a Economía Digital que confían en repetir los apoyos de las formaciones que ya facilitaron las cuentas de este año, la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez, y volver a lograr así sumar más votos de un mayor número de partidos políticos en lo que va de democracia, ya que hasta este año desde la Constitución todos los presupuestos se habían aprobado con gobiernos con mayoría absoluta.
Por el contrario, votaron en contra el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG y por ahora parece que ninguna de estas formaciones cambiará su voto este año para respaldar las cuentas de 2022.
En el Senado se aprobaron definitivamente con el respaldo de 12 partidos. Además del PSOE y la parte del Grupo de la Izquierda Confederal donde se integran los senadores de Unidas Podemos-En Comú Podem, dieron su voto a favor los senadores de ERC, EH Bildu, PNV, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe o el PRC, frente al voto en contra de PP, VOX, Cs, JxCAT, CC o UPN.
ERC y PNV, los «socios prioritarios»
La ministra de Hacienda ya ha venido trabajando en atraer el voto de los partidos necesarios para sacar adelante los PGE, especialmente los partidos nacionalistas al acarrear normalmente una mayor complicación por sus reinvindicaciones. De hecho, Montero situó a ERC y PNV como «socios prioritarios» y aseguró que las cuentas ya contemplan algunas de sus demandas.
Montero espera lograr recabar su apoyo al consensuar enmiendas durante la tramitación parlamentaria. Para atraer el voto nacionalista catalán se recoge la mayor inversión del Estado en Cataluña y se contemplan algunas cesiones en materia de infraestructuras. No obstante, Junts presiona a ERC para crear un frente común y muestra reticencias ante los incumplimientos y el déficit inversor.
Respecto a los partidos de la derecha, no se espera acuerdo alguno, ante las críticas de PP, Vox y Cs a las nuevas cuentas y las palabras de Montero en las que reprochaba que se «autodescartasen». De hecho, las tres formaciones presentarán una enmienda a la totalidad a los presupuestos.
Tramitación parlamentaria
El Consejo de Ministros aprobó en reunión extraordinaria el proyecto de Presupuestos de 2022 el pasado jueves 7 de octubre, con una semana de retraso respecto al precepto constitucional que fija su presentación antes del 30 de septiembre del año anterior.
Una vez entregados este miércoles los Presupuestos en la Cámara Baja, la Mesa del Congreso celebra una reunión al finalizar el Pleno para calificar el proyecto de Presupuestos, al tiempo que la Junta se reúne para ser oída en relación con el calendario de tramitación y los cambios resultantes en el calendario de plenos.
El calendario se publicará en estos días en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, si bien el proyecto de Presupuestos cuenta durante su tramitación con prioridad absoluta respecto a cualquier iniciativa que se tramite. Una vez presentadas las nuevas cuentas por el Gobierno, está previsto que la última semana de octubre se sometan a su primera votación en sesión plenaria.
Comparecencias de altos cargos y enmiendas de totalidad
El órgano de gobierno del Congreso abrirá, previsiblemente hasta el próximo viernes 15, un plazo para que los grupos soliciten comparecencias de altos cargos del Gobierno y organismos públicos, de forma que explicarán las cuentas a partir del lunes día 18.
Los grupos deberán decidir si piden la devolución del proyecto al Gobierno mediante la presentación de una enmienda a la totalidad, que se celebraría el miércoles 27 o el jueves 28 de octubre. Por el momento está confirmado que el PP y Vox presentarán sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, por lo que la ministra María Jesús Montero tendrá que defender su proyecto ante el Pleno.
Concluido el debate, las enmiendas de totalidad se votarán a la vez y, si las cuentas públicas superan ese primer examen, su tramitación continuará con la fase de discusión de su articulado y las enmiendas parciales, en un primer momento en la ponencia, que se celebra a puerta cerrada, y a continuación en la Comisión de Presupuestos, en torno a la primera semana o segunda del mes de noviembre.
Entrada en el Senado a mediados de noviembre y en vigor el 1 de enero
Tras pasar por ponencia y comisión, el proyecto de Presupuestos volverá al Pleno del Congreso, en torno a la segunda o tercera semana de noviembre, para la votación de cada una de las secciones de los Presupuestos, correspondientes a las cuentas de cada ministerio, decisivas por que en caso de que perdiese la votación de una de ellas se caería todo el proyecto.
De esta forma, el proyecto presupuestario podría concluir su tramitación en el Congreso en la primera quincena de noviembre y llegar al Senado a mediados de ese mes. En caso de que se introdujese algún cambio durante la tramitación en la Cámara Alta, debería volver al Congreso para una última votación, mientras que si no se aprueban cambios podría quedar aprobado definitivamente.
Así las cosas, el Gobierno da por hecho que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 podrá entrar en vigor el próximo 1 de enero, cumpliendo este plazo legal tras incumplir el precepto constitucional de sus presentación antes del 30 de septiembre. Con los PGE de 2021 logró que entraran en vigor el 1 de enero tras acometer una tramitación ‘exprés’ en el Congreso de apenas dos meses.