Montero confirma «moderación salarial» para los funcionarios en 2023 frente al alza de pensiones con el IPC
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende revalorizar las pensiones con el IPC por la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, aunque los funcionarios también acumulan
María Jesús Montero y Pedro Sánchez./ EFE
El Gobierno ha confirmado que negociará con las organizaciones sindicales de Función Pública «moderación salarial» para los empleados públicos en el año 2023, en línea con lo solicitado al sector privado en el marco del pacto de rentas, para que no se produzca un agravamiento de la inflación.
Tal y como adelantó Economía Digital hace unos días, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este lunes que se procurará proteger a los sectores vulnerables, como los pensionistas, pero de cara a la revalorización de los sueldos de los funcionarios se apostará por la «moderación salarial», en línea con lo pedido a los agentes sociales para el pacto de rentas ante la coyuntura de alta inflación.
Montero ha avanzado que el Ejecutivo trabajará de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 para lograr un acuerdo salarial para los más de 3 millones de empleados públicos con las organizaciones sindicales representantes, dentro de esa moderación de retribución pedida al sector privado con el fin de no agravar la situación.
Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que el Ministerio de Hacienda y Función Pública dirigido por María Jesús Montero no abordará en principio la subida salarial con los sindicatos del área pública hasta que la patronal y los sindicatos no acuerden el alza salarial en los convenios en el marco del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde 2020.
Aunque en Moncloa no tienen ningún «mínimo ni tope establecido» por ahora al no haberse ni siquiera iniciado los contactos, sí admiten que en el momento actual de incertidumbre y alta inflación a priori se abogará por la «moderación salarial» para el sueldo de los empleados públicos, en línea con el pacto de rentas defendido para «repartir el coste del impacto de la guerra», tras años de pérdida de poder adquisitivo acumulada.
«Hay que proteger a los pensionistas porque han perdido poder adquisitivo»
A diferencia de la moderación salarial prevista por el Gobierno de Pedro Sánchez para los funcionarios, Montero ha defendido en cambio que «los pensionistas son un sector a proteger porque han perdido poder adquisitivo durante años».
Por ello, ha man tenido que las pensiones de los más de 9 millones de pensionistas se revalorizarán el año que viene con arreglo al IPC medio de los últimos 12 meses hasta noviembre, tal y como se establece por ley en la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno.
El Banco de España estima una inflación media del 7,5% y el FMI del 5,3%, por lo que las pensiones subirán en esa horquilla. Según Montero, los pensionistas son un sector «especialmente a proteger» porque «durante mucho tiempo han perdido poder adquisitivo».
El Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% cuando preveía una inflación bastante inferior a la que finalmente se va a producir, que según algunos organismos rondará entre el 6,8% (Funcas) y el 7,5% (Banco de España) de media.
Esta pérdida de entre 4,8 y 5,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo de los funcionarios se sumará a la registrada los años anteriores. Un estudio de (CSIF) concluye que en el periodo 2010-2020 acumularon una pérdida de poder adquisitivo media de entre el 12,9% y el 17,9% desde entonces. CCOO y UGT estima que con las subidas de los últimos años la pérdida ronda el 8%.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llamó el pasado viernes la atención sobre la necesidad de endurecer el mecanismo de equidad intergeneracional introducido en la reforma de pensiones, que sustituyó al factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, que suponía un ajuste de las nuevas pensiones conforme al aumento de la esperanza de vida.
Garamendi pide introducir un factor de sostenibilidad que contrarreste la vinculación de las pensiones al IPC que, ya que dicha medida puede «llevar a la ruina» al sistema ante el aumento de la inflación, teniendo en cuenta que la indexación por ley de las pensiones al IPC medio anual supondrá un coste de más de 15.000 millones de euros adicionales este año, que irán a parar a engrosar el déficit del Estado.
Ante la elevada inflación de los últimos meses, los principales organismos han avisado en los últimos días del aumento que supondrá la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC en el gasto de las pensiones. Según AIReF, cada punto de inflación adicional supone algo más de 2.000 millones de recaudación adicional, estima la AIReF, por lo que la recaudación podría dispararse este año en 12.400 millones si se cumple su previsión de IPC del 6,2%.
De hecho, en su momento la AIReF ya estimó que la decisión de indexar las pensiones al IPC implica un incremento importante del gasto público en pensiones que estima en torno a 2,7 puntos de PIB en 2050, bajo una hipótesis de estabilidad de precios y crecimiento sostenido del PIB. Este aumento se añadiría a una posición de partida ya desequilibrada de las cuentas de la Seguridad Social, que presentan un déficit del 1,2% del PIB pese a las elevadas transferencias estatales destinadas a cubrir una serie «muy discutible de supuestos gastos impropios del sistema», apunta Fedea.
El Banco de España es más cauto al calcular que por cada punto adicional de IPC conllevará un gasto de 1.800 millones de euros, si bien al calcular una inflación media del 7,5% el coste total adicional sería de 12.800 millones, y por ello insiste en que habrá que adoptar medidas por el lado de los gastos o de los ingresos.
