Montero aleja el desmontaje de la reforma laboral: se hará «a lo largo de la legislatura»
La portavoz del Gobierno garantiza que se cumplirá el acuerdo de Gobierno sobre cambios laborales pero "a lo largo de la legislatura"
El ala socialista del Gobierno de coalición cumplirá con el acuerdo de investidura respecto a los cambios normativos que afectan a la reforma laboral del PP del año 2012, pero aleja las expectativas de que el grueso de ese ‘desmontaje’ de la norma se produzca en poco tiempo.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el compromiso del Gobierno del acuerdo de investidura “se va a llevar a término y por tanto se va a cumplir con el acuerdo según lo firmado”.
Eso sí, ha indicado que algunos de los aspectos más urgentes en materia laboral, como la subcontratación, los tipos de contratos o la dualidad del mercado se van a acometer “a lo largo de la legislatura, acompasando el momento al de la situación económica”.
Así las cosas, ha garantizado el cumplimiento del acuerdo “según lo firmado”, pero ha remarcado que se desarrollará en función de la evolución económica para evitar incorporar medidas que puedan “precipitar otras cuestiones o ser contracíclicas”.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, se ha mostrado públicamente en contra de «mirar al pasado» y ha pedido priorizar en las 17 reformas comprometidas con Bruselas, algo en lo que coincide la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, si bien esta última también pretende derogar aspectos de la reforma laboral.
En cualquier caso, ha indicado que en los próximos días las reuniones del diálogo social se protagonizarán con “elementos relativos a la reforma laboral pero modulados por el momento económico”.
Ahora, ha dicho, la prioridad es la revitalización del tejido productivo, la recuperación de los trabajadores afectados por un ERTE y “en paralelo” ir abordando algunos “inconvenientes” del mercado laboral para mejorar la competitividad y asegurar unas retribuciones “dignas”.
Primeras discrepancias
Ayer la ministra de Trabajo y previsible futura vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolana Díaz, aseguró en el Congreso que el Ejecutivo acometerá las reformas en materia laboral comprometidas con Bruselas este mismo año, al tiempo que irá desmontando la reforma laboral.
Lo cierto es que la reanudación de la mesa de diálogo para la modernización del mercado de trabajo evidenció las distintas posturas y discrepancias, también en el seno del Gobierno, respecto a la derogación de la reforma laboral del PP, algo a lo que se opone la CEOE pero exigen los sindicatos, bajo amenaza de movilizaciones.
El principal escollo fue los temas a abordar, ya que mientras los sindicatos y el Ministerio quieren comenzar por la negociación colectiva o la subcontratación, los empresarios buscan dar inicio por la nueva regulación de los ERTE y las políticas activas de empleo. Sobre las últimas hay ”base de acuerdo”.
De hecho, Trabajo afirma que la reanudación de la negociación se reanuda sobre el punto dejado en marzo, que pasa por abordar la prioridad a la subcontratación, la aplicación de los convenios sectoriales sobre los de empresa, recuperar la prórroga automática e indefinida de los convenios que caducan hasta su renovación (ultractividad) y el límite a las modificaciones unilaterales de condiciones por la empresa.
Los sindicatos avisan: negociación o conflicto
La próxima reunión se celebrará el próximo 30 de marzo y se verá entonces qué aspectos serán los que finalmente tendrán prioridad en los trabajos para la configuración del nuevo Estatuto de los Trabajadores y los cambios laborales.
Por su parte, tanto CCOO como UGT ya avisaron de que exigirán que se derogue las reforma laboral de 2012 haya o no acuerdo con CEOE, y que no permitirán que se postergue como sucedió con la subida del Salario Mínimo, llegando a amenazar con un incremento de las movilizaciones.
Desde UGT han denunciado que CEOE y Cepyme no tienen interés en renovar el acuerdo marco para los convenios colectivos (AENC) en un «año trascendental, y ha subrayado «no aceptará, de ninguna manera, despidos masivos ni devaluación salarial». Su advertencia, «negociación o conflicto», hace presagiar un camino difícil hasta el acuerdo.