Montero admite que España envía a Bruselas un Plan de Recuperación con reformas sin concretar

El plazo tentativo fijado por la Comisión Europea para que los Estados miembros le remitan sus respectivos planes de reconstrucción con las inversiones y reformas que les permitirán canalizar los 750.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción concluye este viernes, y tras semanas postergando el envío finalmente el Gobierno español remite su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sin embargo, el plan español, que contempla 109 inversiones y 102 reformas, se envía a. Bruselas con algunas de sus principales reformas, como la laboral, la relativa a las pensiones o la futura reforma fiscal, sin concretar y abiertas a su definición precisa en el marco del diálogo social con los agentes sociales (patronal y sindicatos).

Así lo ha admitido la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa para presentar la senda de déficit recogida en el Programa de Estabilidad 2021-2024 que también remite este viernes el Ejecutivo a la Comisión Europea, en la que ha confirmado el envío del Plan de Recuperación este viernes enumerando reformas estructurales , pero sin definir al completo al estar pendientes de concreción en el marco del diálogo social.

Montero ha indicado que tras un trabajo “muy arduo” se están subiendo a la plataforma que ha fijado la Comisión Europea los distintos componentes de las fichas del documento definitivo del Plan de Recuperación, que consta de más de 2.000 folios con las reformas e inversiones que permitirán canalizar 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción hasta 2026.

En este sentido, ha recordado que el plan es “coherente” y va en la dirección de lo presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa hace dos semanas y en una comparecencia en el Congreso. “El conjunto del desglose de la ficha es absolutamente coherente con el Plan”, ha asegurado.  Eso sí, ha admitido que las fichas “técnicamente” hacen un mayor desarrollo, pero “no aportan nada ni por acción ni por omisión, distinto respecto al sentido de las reformas” y a lo ya detallado por Sánchez y el resto de miembros del Ejecutivo en las últimas semanas.

El pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Montero ya se escudó en la “complejidad técnica” que presenta la plataforma habilitada por la Comisión Europea para que los Estados miembros suban los documentos con los componentes y las fichas de sus respectivos planes para justificar que no se publique el documento definitivo del Plan de Recuperación español.

Se publicará en la web de Moncloa y los ministros lo detallarán

Y es que, según ha dicho, se trata de un plan que tiene “vocación de ser transparente”, por lo que las principales reformas han quedado abiertas al diálogo en el marco del diálogo social y con los grupos parlamentarios, lo que lleva a que “la enumeración de las reformas no alcanza el detalle de las mismas, que será objeto del consenso posteriormente”. 

“Queremos que sea un plan de país, dialogar, afinar las concreciones en el marco del diálogo social y en decisión con los grupos parlamentarios”, ha insistido, marcando como objetivo del Gobierno que sea un. “plan de país”. «Una reforma no es un papel que se manda a Bruselas» y el Gobierno «debe poner tener la capacidad de dialogar», ha añadido. 

Así, una vez se terminen de remitir las distintas fichas del plan a Bruselas con las reformas y las inversiones previstas, se irán publicando en la web de Moncloa creada a tal efecto y, a su vez, cada ministro dará cuenta en rueda de prensa de las actuaciones previstas y la «hoja de ruta» de sus ministerios. 

Mantiene que habrá anticipo en verano y primer pago en el segundo semestre

A pesar de esta falta de concreción en las reformas, Montero ha apremiado al resto de países de la UE a enviar cuanto antes sus planes de recuperación, tal y como realizó el pasado miércoles la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, con sus homólogos de Alemania, Francia e Italia en una declaración conjunta.

La idea con la que trabaja el Gobierno es recibir en el segundo semestre de este año un anticipo y un primer pago que sería parte de los 70.000 millones a modo de transferencias que recibirá España hasta 2023, eso sí, tras el anticipo el primer pago va a estar en relación con el «cumplimiento de los hitos y objetivos» que se hayan pactado y evaluado previamente con la Comisión Europea, de ahí la urgencia de la aprobación para no demorarse.

Así, ha asegurado que en el año 2021 se tienen que producir el anticipo del pago del programa y en el primer semestre (julio-diciembre de 2021) el primer pago del cumplimiento de hitos y objetivos vinculado a las inversiones y a las propias reformas. Según Montero, este primer desembolso se realizaría, a más tardar, durante los meses de verano. «En ningún caso contemplo que no se haga ningún pago en 2021», remarcó.

Por lo tanto, el primer desembolso a modo de anticipo de unos 9.000 millones podría llegar en torno al mes de julio, mientras que el segundo de alrededor de 16.000 millones se produciría a finales de año o, en función de los tiempos, ya en 2022. En todo caso, el Ejecutivo ya ha asignado más de 2.000 millones en proyectos derivados de los 27.000 millones que anticipó de los fondos europeos en los Presupuestos de 2021.

AIReF ve «incertidumbre» y denuncia la «escasa» información

La falta de concreción en las reformas ha sido denunciada por distintos organismos, como la AIReF, el Banco de España, BBVA Research o Esade, que han aducido que esta ausencia de detalles no permite calibrar el impacto de los fondos derivado del Plan de Recuperación.

Este mismo viernes la AIReF ha avalado las previsiones económicas incorporadas en el borrador del nuevo escenario macroeconómico del Gobierno, aunque considera que siguen existiendo elevados riesgos relacionados con la evolución de la pandemia e «incertidumbre» sobre el impacto macroeconómico del Plan de Recuperación, así como «riesgos a la baja» asociados al plan.

Junto a la importancia de la vacunación respecto a la recuperación de actividades con mayor interacción social, AIReF subraya que se une la dificultad para estimar con el rigor necesario el impacto del PRTR a lo largo del horizonte de previsión con la escasa información disponible sobre el calendario de ejecución de los fondos y el detalle de los proyectos de inversión y de las reformas.

Así, la Autoridad FIscal ve «imposible» poder evaluar el impacto de las reformas del Plan de Recuperación.

De su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya indicó el martes que tras “varios meses” trabajando con el Gobierno en el marco del diálogo social, el Ejecutivo les presentó el plan hace una semana y lo ve aún “bastante genérico» y que quedaba «mucho trabajo por hacer».

A su vez, EsadeEcPol ha dicho ver como el déficit principal del documento la “tímida apuesta reformista y de inversión” por la educación y el conocimiento, desde la educación no universitaria a las políticas activas hasta su digitalización, pasando por la escasa mención de la reforma universitaria o la baja ejecución del presupuesto de ciencia e I+D.

De manera similar, identifica como deficiencias su “falta de concreción y ambición reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior”.

La reforma laboral, de pensiones y fiscal quedan abiertas

El atasco de las negociaciones en el ámbito de la modernización del mercado de trabajo, ante el rechazo de CEOE a la hoja de ruta presentada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y especialmente en lo referido a la negociación sobre las pensiones, ante la oposición a las propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han ido demorando la elaboración final del documento.

Tal y como adelantó ED, las principales reformas que solicita Bruselas, pensiones, laboral y de fiscalidad, no se desarrollarán al completo, a la espera de seguir avanzando en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, por lo que el Plan aprobado recoge una hoja de ruta indicativa. De estas forma, la primera que se abordará será la laboral a lo largo del año; mientras que entre finales de 2021 y principios de 2022 será el turno de la reforma de pensiones. La fiscal se aplaza a 2022.

El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz se ha marcado como objetivo acometer los cambios antes del verano para una primera fase y ya ha planteado la limitación de la subcontratación y establecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de establecer los salarios.

La propia ministra se reunió la semana pasada con los mandatarios de la UE (vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli) destacando la “buena acogida” a su hoja de ruta. También se ha avanzado, en este caso con consenso de los agentes sociales, en materia de políticas activas de empleo, una de las demandas de Bruselas, con un nuevo modelo al que se destinarán 3.5000 millones.

En el caso de la reforma de las pensiones, el diálogo social se encuentra más encallado ante las críticas de patronal y sindicatos a las medias propuestas por Escrivá, aunque se han dado pequeños avances al realizar el Ministerio un guiño y ceder respecto a la compensación en la revalorización de pensiones con el IPC, así como a no subir las las bases máximas de cotización que iba ligado a un incremento de las pensiones máximas para atraer a CEOE, que se opine a aumentar los costes laborales.

Por su parte, sobre la reforma fiscal se ha constituido el grupo de expertos que revisará todo el sistema tributario, y la ministra Montero ya aclaró que no se acometerán subidas en los Presupuestos de 2022 y que incluso habrá bajadas e incentivos fiscales, tras las palabras de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, respecto a que “no es el momento” de subir impuestos y las críticas del lado empresarial.