Montero admite que España no cumplirá el objetivo de déficit de Bruselas hasta 2025

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido este miércoles que el Gobierno no presentará una senda de déficit ajustada a los requisitos de la Comisión Europea que retome el compromiso con la consolidación fiscal de cara a las autoridades europeas hasta 2024 o 2025

Así lo ha admitido Montero durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, la primera del nuevo curso político, durante el debate sobre la necesidad extraordinaria de prorrogar por segundo año consecutivo la suspensión de las reglas fiscales en 2022 ante la emergencia por la pandemia.

Se ha referido así Montero a la capacidad de España de poder presentar a la Comisión Europea una senda de consolidación fiscal que se ajuste a las normas fiscales que marca Bruselas y que establecen límites del 3% al déficit y del 60% a la deuda pública de los Estados miembros como topes a partir de los cuales se es incluido en el procedimiento de déficit excesivo (PDE).

La Comisión Europea puede poner en marcha un PDE contra un país de la UE que no respete el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que incluye dichos límites, como ha sucedido en varias ocasiones con España durante la pasada crisis, si bien la Comisión

Con este procedimiento se exige al país en cuestión que presente un plan con las medidas y las políticas correctoras que aplicará, además de los plazos para su implantación. Los países de la zona del euro que no sigan estas recomendaciones pueden llegar a ser sancionados.

Suspensión de reglas fiscales

El Gobierno maneja una tasa de referencia del déficit del 3,2% del PIB en 2024, aún por encima del límite que fija Bruselas para la inclusión en ese procedimiento, por lo que previsiblemente no sería hasta el año 2025, tal y como ha asumido Montero, cuando el Gobierno podría presentar una senda de déficit que cumpla con las normas fiscales europeas.

En cualquier caso, ha recordado que el pasado mes de junio la Comisión Europea consideró de nuevo que se cumplían las condiciones para mantener la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad, de forma que se suspenden de nuevo las reglas fiscales para el año 2022 para los Estados miembros y se apuesta por aportar otra vez «flexibilidad presupuestaria».

Montero ha defendido la importancia de no retirar los estímulos para lograr una recuperación «robusta» y que se alcancen los niveles de PIB prepandemia, en medio de inicio de las discusiones en el seno de la Comisión para la adaptación de las reglas fiscales de cara al año 2023.

De esta forma, la ministra ha vuelto a pedir a la Cámara Baja la suspensión de las reglas fiscales, para lo que ya tiene los apoyos asegurados, con el aval de Bruselas y de la AIReF y en línea con la recomendación de Bruselas, amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que contemplan la posibilidad de exceder los límites de déficit estructural y deuda en caso de catástrofes naturales, recesión o situaciones de emergencia extraordinaria.

Las tasas de referencia : déficit del 8,4% este año y el 5% en 2022

La titular de Hacienda ha informado también al Parlamento del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’ para los Presupuestos de 2022 , un límite que el Gobierno ya aprobó en Consejo de Ministros y que alcanza el récord de 196.142 millones de euros, dado que se incluyen ahí 26.355 millones de la anualidad del Plan de Recuperación.

A pesar de mantener en máximos el ‘techo de gasto’ para 2022 en unas cotas históricamente altas, el Gobierno mantiene una tasa de referencia del déficit público 8,4% del PIB este año y del 5% en 2022, las mismas cifras que las anunciadas el pasado mes de abril. «En apenas dos años el déficit público se situará en menos de la mitad del 11% marcado en 2020», ha subrayado.

El Estado seguirá siendo el que asuma la mayor parte del déficit público este año, con un 6,3%, seguido de la Seguridad Social (1,5%) y las CCAA (0,7%), mientras que las corporaciones locales lograrán el equilibrio. 

Ya en 2022 el Estado presentará un déficit del 3,9%, las CCAA del 0,6% y la Seguridad Social del 0,5%, con superávit en los ayuntamientos. El Estado asumirá por tanto tres décimas más respecto a lo previsto en abril, lo mismo que baja la Seguridad Social, debido a que se hará cargo de los gastos impropios de la Seguridad Social mediante una transferencia de 18.396 millones, un 32% más respecto a la de 13.500 millones del año pasado, ha precisado Montero.

Además de a la Seguridad Social, Montero ha aludido al apoyo del Estado central a las CCAA, al asumir la mayor parte del coste de la pandemia, puesto que recibirán una transferencia adicional de unos 3.900 millones para cubrir las liquidaciones negativas de 2020 y los PGE de 2022 unos 3.100 millones con los que el Estado compensará el perjuicio económico que supuso el cambio normativo en el IVA aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El plan de ajuste, cuando se recupere el nivel de PIB precrsisis

A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, Montero ha afirmado que ello no implica que no exista «responsabilidad por parte de todas las administraciones» en relación con la estabilidad fiscal y presupuestaria.

De hecho, asegura que el Gobierno mantiene el compromiso con la estabilidad y con la tasa de referencia orientativa muestra su «voluntad de volver a la senda de estabilidad prudente en la medida que logremos recuperar el nivel de PIB superior a la crisis o en los términos que estaban al inicio de la pandemia».

Según Montero, las tass de referencia están diseñadas con el objetivo de apoyar a trabajadores, familias, autónomos y empresas para avanzar en la recuperación e «iniciar un proceso de reequilibrio a medio plazo que reafirme la sostenibilidad de las cuentas públicas sin dejar cargas inasumibles para generaciones futuras», pero sí las políticas de austeridad de la pasada crisis.

PGE «extraordinarios» y críticas de la oposición

Con un ‘techo de gasto’ en máximos y las tasas de referencia, Montero ha avanzado que se tendrán abiertas «todas las líneas de comunicación» para sumar apoyos al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 con el fin de lograr el consenso, con el fin de consolidar la recuperación, reforzar la Sanidad y el Estado de bienestar y transformar la economía con políticas expansivas de apoyo al tejido productivo, que sirvan de palanca a la inversión, faciliten la transición ecológica y digital y frenen la despoblación.

Aunque el Ejecutivo no presentará el proyecto de PGE hasta final de mes, negocia ya con los partidos y este lunes se ha asegurado la aprobación de la suspensión de las reglas fiscales en 2022, en línea con el año pasado cuando obtuvo la mayoría absoluta que se precisa. Los votos fueron de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Junts, PNV, EH Bildu, UPN, CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. Solo el PP, Vox y Foro Asturias votaron en contra.

En esta ocasión han vuelto a mostrar su apoyo todos los partidos salvo Vox y Foro Asturias, que se han posicionado en contra, en tanto que el PP, UPN, la CUP y el BNG han optado por la abstención. La vicesecretaria sectorial del PP y responsable del área económica, Elvira Rodríguez, ha reprochado al Gobierno que actúe sin reglas fiscales, al tiempo que ha alertado del elevado endeudamiento recordando también que la legislación española fija que la activación de la cláusula de escape lleva asociada la aprobación de un plan de reequilibrio como pide la AIReF.

Tanto Rodríguez como el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, han cargado contra la gestión del Gobierno y las dificultades en el acceso a las ayudas.