Montero se abre a una subida salarial plurianual para los funcionarios

Guiño en Hacienda para rebajar la tensión sindical por la demora de la negociación salarial de los funcionarios. El Ministerio de Función Pública se abre a negociar en breve la subida salarial para los tres millones de empleados públicos y tratar de consensuar tras el verano una senda de alza salarial plurianual como reclaman los sindicatos.

La idea que maneja el Gobierno es empezar a abordar de forma preliminar el ‘melón’ salarial de los funcionarios a partir de junio, tal y como adelantó Economía Digital, toda vez que cerró primero el acuerdo con los sindicatos para la histórica Oferta de Empleo Público (OEP) de 2022 de 44.788 plazas entre Estado, Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de ellas casi 30.000 acordadas con CSIF, UGT y CCOO para la Administración General del Estado (AGE).

El Ministerio de Hacienda ha empezado a elaborar ya los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, si bien prevé todavía no ha fijado una fecha concreta para empezar la negociación salarial que pretende dilatar hasta después del verano para «intensificar» en septiembre las reuniones y poder conocer en mayor medida la evolución de la inflacón que espera que se modere en el segundo trimestre. Será entonces cuando se podrá tratar de cerrar un acuerdo que permita establecer una senda de subida salarial plurianual, según confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

Desde hace semanas los sindicatos más representativos del área pública (CSIF, UGT y CCOO) presionan para abrir la mesa de negociación con el fin de abordar la subida salarial ante la coyuntura de pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación y crisis energética. Sn ir más lejos, este mismo miércoles CSIF se manifiesta para denunciar la situación y exigir el inicio de la negociación.

Con todo, tal y como adelantó Economía Digital en abril y confirmó más tarde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno planea moderación salarial para los más de 2,7 millones de empleados públicos en 2022, con un alza previsto de en torno al 2% dado el contexto económico actual, mientras que a partir de 2023 los alzas se ligarían ya con el IPC, tal y como sucede con las pensiones.

La propia ministra de Hacienda manifestó ayer, martes, su intención de seguir negociando con los sindicatos ante el diálogo «fluido» entre las partes, pero dejó clara su intención de freno de mano a la hora de subir los salarios al señalar que la «prioridad» es combatir la inflación al ser la «principal amenaza» de la economía y, por tanto, dejar claro que no se va a adoptar «ninguna medida que pueda convertir la inflación coyuntural en estructural». «Tendremos que estar alerta a que todas las cuestiones se hagan en tiempo y forma teniendo en cuenta esa cautela», remarcó.

Subida de entorno al 2%: pérdida de poder adquisitivo de hasta 1900 euros

Aunque en Moncloa no tienen ningún «mínimo ni tope establecido» por ahora al no haberse ni siquiera iniciado los contactos, sí admiten que en el momento actual de incertidumbre y alta inflación a priori se abogará por la «moderación salarial» para el sueldo de los empleados públicos, en línea con el pacto de rentas defendido para «repartir el coste del impacto de la guerra», tras años de pérdida de poder adquisitivo acumulada.

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que tras el incremento del sueldo de los funcionarios un 2% en 2020, la moderación al 0,9% en 2021, y el alza del 2% este año, este es el nivel de subida previsiblemente se mantendrá para el ejercicio 2023.

El Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% cuando preveía una inflación bastante inferior a la que finalmente se va a producir, que según sus estimaciones podría rondar el 6% y la de algunos organismos rondará entre el 7% (Funcas) y el 7,5% (Banco de España) de media.

Los empleados públicos sufrirán una pérdida por tanto de entre 4 y 5,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Dado que el sueldo anual medio de los empleados en la Administración Pública, Defensa y Seguridad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de de 35.000 euros anuales en 14 pagas, la pérdida rondaría entre los 1.400 y los 1.925 euros.

Esto se sumará a la pérdida a cumulada los años anteriores. CSIF calcula que desde 2010 los empleados púbicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo media del 10%. CCOO y UGT estima que con las subidas de los últimos años la pérdida ronda el 8%.

Con todo, la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios acabaría este mismo año, ya que «a partir de 2023 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos, así como el de las pensiones en línea con la evolución de precios para todo el periodo contemplado«, según informó el Ejecutivo a Bruselas en el Programa de Estabilidad remitido a finales de abril.

Los sindicatos presionan: pide una subida del 3,5% y CSIF convoca manifestación

Ante la escalada de los precios desde el pasado verano y ante la previsión de una mayor pérdida de poder adquisitivo, los principales sindicatos del área pública –CSIF, CCOO y UGT– llevan reclamando desde diciembre al Gobierno negociar un pacto de subida plurianual de salarios para los empleados públicos en aras de poder recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido. La cifra que barajan reclaman ronda el 3,5% para 2023.

CSIF reivindica un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.

Ante la negativa a negociar el alza de salarios, este sindicado ha convocado una campaña de movilizaciones que inicia este mismo miércoles, 25 de mayo, para exigir una subida que compense la pérdida de poder adquisitivo y para reclamar una oferta de empleo público mayor, ante la previsión de que en 10 años se jubile el 60% de la plantilla de la AGE.

Al mismo tiempo, UGT Servicios Públicos aboga también por un pacto a varios años que permita recuperar poder adquisitivo, con el fin de no estar sujetos a cambios de la economía más a corto plazo y teniendo en cuenta que antes de que se firmara el anterior acuerdo los empleados públicos habían perdido más de 13 puntos de poder de compra. CCOO coincide y pide un alza mínimo del 3%.

El fracaso de la negociación salarial en convenios

Con todo, Hacienda trata de ganar tiempo ante la ruptura de las negociaciones para la subida salarial en los convenios en el sector privado por las discrepancias entre CEOE y sindicatos, que de alguna forma iba a servir como prólogo para encarar la negociación con los representantes sindicales de los funcionarios, y la incertidumbre en torno a la evolución de los precios. Confía en que la inflación se modere en el segundo semestre gracias al tope del gas, pero quiere esperar por cautela.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC pero sacó a mediados de abril de esta ecuación al salario de los funcionarios al ligar la subida de sueldos de los empleados públicos al acuerdo salarial de patronal y sindicatos para el sector privado.

Sin embargo, la semana pasada CEOE y los sindicatos CCOO y UGT rompieron por ahora las negociaciones de subida salarial en los convenios en el marco del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ante las desavenencias entre ambos. Con ello se imposibilita el Pacto de rentas reclamado por el Gobierno para contener salarios, dividendos y beneficios empresariales con el fin de evitar efectos de segunda ronda que caben en una espiral inflacionista.