Montero abre la puerta a eliminar la bonificación de los carburantes
La ministra de Hacienda adelanta que presentará un real decreto-ley en las próximas semanas en el que la bonificación se reduciría solo a "sectores profesionales"
A un mes de que termine el año y finalice el periodo de aplicación de algunas de las medidas para hacer frente a la crisis inflacionaria, como la bonificación de 20 céntimos de la gasolina y el diésel, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado no reeditar esta ayuda porque «no es posible» establecer la bonificación «por el tipo de renta». «Los gasolineros tendrían que hacer de inspectores tributarios», ha declarado, lo cual daría lugar a un «fraude importante» porque no pueden «estar comprobando esos datos».
Montero se ha expresado en estos términos en una entrevista en Telecinco, en la que ha reconocido que, tanto las bajadas del IVA de la electricidad y el gas, como la bonificación de los carburantes, son medidas generales «que podrían hipotecar el grado de endeudamiento de nuestro país», y el FMI y la OCDE recomiendan medidas enfocadas en los colectivos más vulnerables.
La ministra ha afirmado que «dentro de unas semanas» el Gobierno presentará un nuevo real decreto-ley que establezca las nuevas medidas y asegura que todavía no saben cómo se van a plantear «en lo concreto» algunas de ellas, especialmente «aquellas que tienen que ver con el mercado mayorista del gas y petróleo», para las cuales están «apurando lo máximo posible antes del 31 de diciembre para acertar en las previsiones de cómo en los próximos meses van a evolucionar esos precios».
Si bien ha adelantado que habría que hacer otro tipo de medida si finalmente se opta retirar la bonificación general, la cual tendría que ver con «la compensación de renta» a colectivos vulnerables. No obstante, ha indicado que sí es «posible» establecer la bonificación en «sectores profesionales» como el gasóleo profesional.
La bonificación comenzó el 1 de abril de 2022 y finalizará el 31 de diciembre y cuesta a las arcas públicas 4.531 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2022, según la AIReF, siendo con diferencia la medida más costosa de todas las tomadas en respuesta a la crisis energética.