El Gobierno dispara todavía más el gasto con un déficit del 8,4%

El Gobierno ha presentado este martes su nuevo cuadro macroeconómico, que mantiene una previsión de crecimiento del 6,5% este año y del 7% en 2022, y con esta previsión ha decidido mantener un límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, en un nivel récord de 196.142 millones para 2022, la base para la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. 

La apuesta del Ejecutivo es clara y pasa por mantener el gasto estructural elevado y la política económica expansiva de cara a las nuevas cuentas públicas del próximo año, fiando la corrección del déficit público disparado en el crecimiento económico al albur de los fondos europeos, según ha dejado entrever la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Montero ha explicado que el ’techo de gasto’ se mantendrá en niveles históricos, con un alza de apenas 45 millones, hasta los 196.142 millones, para continuar con el aumento del gasto y la inversión pública, así como el fortalecimiento del conjunto de los servicios públicos impulsando un “cambio de modelo productivo”, en el marco del Plan de Recuperación. 

Y todo ello pese a mantener su previsión de que el déficit público cierre en un 8,4% del PIB, inferior al 10,1% del PIB el año pasado, pero aún en cotas muy elevadas, así como con una estimación de que se situé en el 5% del PIB en 2022, fiando la práctica totalidad de la reducción al crecimiento económico.

26.622 millones de fondos UE y transferencia de 18.396 millones a la Seguridad Social 

En detalle, sin los fondos europeos el ‘techo de gasto’ se sitúa en 169.787 millones de euros, un 0,7% más, por lo que el gasto propiamente del Estado se eleva ligeramente. Y es que el ‘techo de gasto’ récord incorpora 25.622 millones millones de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un 2,5% más de anualidad para 2022, al situarse por encima de los 25.000 millones de este año. 

De los fondos ‘React’ solo se contempla la parte correspondiente al Ministerio de Sanidad, con un monto de 733 millones en 2022, frente a los 2.436 millones de este año. España, a través de las CCAA, recibirá 12.000 millones de estos fondos para el mantenimiento del empleo (ERTE y autónomos), servicios sociales y sanidad, de ellos ya transferidos 10.000 millones y los restantes 2.000 millones el próximo año. 

Además, incorpora también una transferencia de 18.396 millones para la Seguridad Social, lo que supone un 32,1% superior a la transferencia “equilibradora” de 13.929 millones de euros del ejercicio actual, con la que se pretende cumplir con el “compromiso” del Gobierno con Bruselas y las recomendaciones del Pacto de Toledo de que el Estado afronte los gastos impropios de la Seguridad Social, que se cuantifican en 22.000 millones de euros. 

De esta forma, los Presupuestos de 2022 serán los primeros que incorporen este compromiso de que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social para liberar al sistema de compromisos ajenos a la sostenibilidad del sistema de pensiones, y con el compromiso de revalorizar las pensiones con arreglo al IPC. 

Suspensión de reglas fiscales

Dado que la Comisión Europea aprobó la suspensión de las reglas fiscales en 2020, 2021 y también para 2022, se activó una salvaguarda para que los Estados miembros continuaran con las políticas de estímulos para hacer frente a la recesión, en paralelo a los recursos históricos mediante el Plan de Recuperación, el Marco financiero plurianual y el programa React. 

Así, el acuerdo del ‘techo de gasto’ contempla también una solicitud al Congreso para que vuelva a apreciar que existe una pandemia y se dan las condiciones para activar el artículo correspondiente a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permite fijar solo tasas de referencia del déficit, y no objetivos, quedando por tanto las reglas fiscales un año más en suspenso. 

De esta forma, no se llevará al Congreso tampoco este año una nueva senda de estabilidad al estar desactivadas las reglas fiscales (el ‘techo de gasto’ no precisa de votación, solo de comunicarse al Parlamento), pero sí una apreciación de que continúa la pandemia y se mantiene la suspensión de reglas fiscales. 

Eso sí, el hecho de que no existan reglas fiscales, ha advertido Montero, no implica “ni mucho menos” que no exista una responsabilidad por parte de las administraciones con la consolidación fiscal y presupuestaria. 

Déficit del 8,4% del PIB este año y el 5% en 2022

En cualquier caso, y a pesar de mantener el ‘techo de gasto’ para 2022 en unas cotas históricamente altas, el Gobierno mantiene una tasa de referencia del déficit público 8,4% del PIB este año y del 5% en 2022, las mismas cifras que las anunciadas el pasado mes de abril. 

En dos años, por tanto, el déficit se habrá reducido más de un 50%, pasando del 10,1% en 2020 al 5% el próximo año. Y es que, según Montero, el ritmo de vacunación y las perspectivas de reactivación del crecimiento en la segunda parte del año y un avance del PIB del 6,5% este año y el 7% en 2022 permitirán “cumplir con los objetivos planteados a Bruselas”. 

Aunque se mantienen las tasas de referencia, hay cambios en la composición por subsectores. El Estado seguirá siendo el que asuma la mayor parte del déficit público este año, con un 6,3%, seguido de la Seguridad Social (1,5%) y las CCAA (0,7%), mientras que las corporaciones locales lograrán el equilibrio. 

Ya en 2022 el Estado presentará un déficit del 3,9%, las CCAA del 0,6% y la Seguridad Social del 0,5%, con superávit en los ayuntamientos. El Estado asumirá por tanto tres décimas más respecto a lo previsto en abril, lo mismo que baja la Seguridad Social, debido a que se hará cargo de los gastos impropios de la Seguridad Social. 

La recaudación tributaria subirá un 4,6%

Montero ha admitido que se trata de un ‘techo de gasto’ “ambicioso” que permitirá absorber la reducción del déficit en estos años e ir en línea con los compromisos adquiridos con la UE, a través de unos Presupuestos que “consolidarán la recuperación, la creación de empleo y apuntalarán el Estado de bienestar”. 

El soporte para el mantenimiento de un techo de gasto histórico es, según Montero, la evolución de los indicadores macroeconómicos y el crecimiento previsto, que propiciará un aumento de los ingresos tributarios totales del 4,6%. 

Dado que los fondos europeos del Plan de Recuperación son “neutros” para los Presupuestos, al ajustarse en términos de Contabilidad Nacional con independencia del calendario comprometido de pagos por parte de la Comisión Europea, el Gobierno cree que la recuperación económica podrá aprovecharse en su práctica totalidad para reducir el déficit. 

Con ello, cuando se activen de nuevo las reglas fiscales considera que España tendrá una “posición adecuada” para evitar que el ajuste se produzca en el gasto, de forma que se va a intentar que la corrección se lleve a cabo a través de la evolución económica. 

Además, Montero ha apuntado que en los Presupuestos de 2022 se reorientarán las partidas presupuestarias al haber una menor necesidad de atender partidas como las destinadas a los ERTE derivadas de la pandemia. 

Tiende la mano a todos los grupos para los PGE

La ministra de Hacienda, que inicia esta semana las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para elaborar una propuesta de Presupuestos de 2022, ha avanzado que va a intentar consensuarlos “con todo el mundo”, por lo que tenderá la mano a la “totalidad” de formaciones. 

“Cuanto más grupos políticos se puedan sumar a la aprobación de las cuentas públicas, mejor”, ha enfatizado Montero, recordando que el año pasado se registró récord en la suma de grupos a los Presupuestos, aunque con un Parlamento fragmentado. 

En todo caso, ha dejado claro que aunque vaya a hablar con “todos” los grupos, “prioritariamente” lo hará con aquellas formaciones que han mostrado compromiso durante la legislatura con el impulso de políticas progresistas y las que han apoyado las cuentas otros ejercicios. Es decir, sus socios de Gobierno, como ERC, EH Bildu, Compromís, PNV o JxCAT.

La emisión de deuda se reduce en 20.000 millones

En paralelo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha recordado que el Tesoro Público reducirá en 20.000 millones de euros el volumen de financiación neto previsto para 2021, lo que supone una disminución del 20%. Con esta reducción la emisión neta será de 80.000 millones de euros y la emisión bruta descenderá a 269.157 millones de euros.

En la decisión ha influido la a aprobación del Plan de Recuperación, Transparencia y Resiliencia de España y el desembolso del anticipo de 9.000 millones con cargo al Fondo Next Generation de la UE que se realizará en las próximas semanas, así como el mayor acceso de las CCAA a los mercados de capitales y el mantenimiento de las buenas condiciones de financiación.

Aunque el Gobierno no ha dado nuevas previsiones de deuda pública, en sus previsiones de abril apuntaba a una ratio de deuda pública del 119,5% del PIB este año, apenas cinco décimas menos que el récord del 120% del año pasado, mientras que para 2022 pronosticaba que descendería al 115,1% del PIB.

Oferta de empleo público histórica: 30.445 plazas

En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado también este martes el real decreto de Oferta de Empleo Público con 23.491 nuevas plazas, la mayor oferta de empleo público ordinaria de la historia, a la que se suman los reales decretos aprobados ya de oferta pública para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por 1.920 y 5.034 nuevos efectivos, respectivamente.

De esta forma, además del real decreto récord, el conjunto de la oferta pública aprobada por reales decretos este año totalizan las 30.445 plazas, también la más elevada en términos históricos, sin tener en cuenta la oferta creada con reales decretos-ley o con procesos de estabilización.

La oferta supone un alza del 8,5% respecto a las 28.055 plazas convocadas el año pasado. Del total de plazas previstas, 9.509 serán mediante promoción interna, la mayor convocatoria de la historia, ha resaltado Montero. Sin embargo, los sindicatos rechazan dicha oferta al considerarla insuficiente para paliar el déficit de efectivos acumulado en los últimos años y muestran su malestar por no haber sido consultados al respecto de esta última cifra, según han señalado fuentes sindicales a Economía Digital.

El plan de Oferta de Empleo Público se rige por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y la tasa de reposición de efectivos que se aplica es de un 110% en los sectores considerados prioritarios y un 100% en los restantes. Desde el Ministerio de Hacienda destacan que se trata de una Oferta de Empleo Público expansiva, basada en una Administración más profesionalizada.

Asimismo, las actividades STEM (relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas) registran un crecimiento del 37% en el número de puestos ofertados, hasta 2.924 plazas. Unas 1.330 vacantes irán para empleados públicos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con un 35% más.

Para la Agencia Tributaria se proyectan más de 1.450 plazas; para Justicia algo menos de 1.200 plazas y más de 1.000 vacantes para refuerzo del sistema penitenciario, así como otras 2.750 para mejorar la gestión de las políticas públicas, así como alrededor de 6.950 plazas para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y se destinarán 1.375 vacantes para profesionales laborales con el fin de cubrir vacantes en empresas o entidades públicas.

Hacienda subraya también que la oferta es “coherente” y está “alineada” con el Plan de Recuperación y atiende a las políticas palanca, desde la transformación digital a la inversión en I+D+i, la modernización del sistema fiscal o la reforma integral y modernización de la justicia, entre otras.  Con todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez habrá aprobado 109.718 plazas desde el año 2018, frente a las 63.394 del anterior Gobierno de Mariano Rajoy entre los años 2012 y 2017, coincidiendo con la Gran Recesión.