Moncloa guarda en el cajón el Estatuto del Becario y los sindicatos se resignan

La Moncloa guarda ‘sine die’ en un cajón el Estatuto del Becario. Firmado hace dos semanas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de la UGT y de CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, la norma aún no ha pasado por la mesa del Consejo de Ministros y no parece que vaya a hacerlo antes de las elecciones del 23 de julio.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, apuntó este miércoles durante un acto con el sindicato UGT que, si bien el compromiso de los socialistas con los becarios es «indiscutible», la norma que garantiza derechos a los estudiantes en prácticas ha de «traducirse en un acuerdo amplio con los agentes sociales». Lo que indica que sin el concurso de los empresarios y los rectores -que se han mostrado en contra- no saldrá adelante.

Fuentes de La Moncloa deslizaron el día de la firma del acuerdo que la norma -pactada con los sindicatos tras quince años de negociaciones y sin el concurso de la CEOE, que se descolgó tras las convocatoria electoral- estaba «verde», a lo que se sumaban las críticas de los rectores al acuerdo.

Álvarez: «Hemos firmado de buena fe»

Pepe Álvarez, junto al ministro Bolaños, se mostró resignado sobre el futuro de la norma y aseguró que ellos rubricaron el acuerdo «de buena fe». «Hemos firmado de buena fe porque las becarias y becarios de nuestro país llevan demasiado tiempo esperando, no pueden esperar ni un segundo más en situación de absoluta explotación», deploró. Con todo, insistió en que «lo trascendente es que este acuerdo se va a retomar».

«Nos hubiera gustado que se aprobara, pero vamos a trabajar de manera intensa para que este acuerdo vea la luz cuanto antes porque estamos hablando de derechos de personas que llevan mucho tiempo en una situación de explotación inasumible desde el punto de vista laboral y de sus derechos», subrayó el sindicalista.

El Estatuto del Becario -formalmente, el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas- es una norma mandatada en la reforma laboral y se trataba del broche de oro a una legislatura en la que el diálogo social ha sido una constante desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Sin embargo, esta ley ha tenido una tramitación complicada, con quince meses de negociaciones en los que la patronal se ha levantado y vuelto a sentar en la mesa de negociación en varias ocasiones.

Finalmente, tras el adelanto electoral de las generales, la patronal aseveró que no veía sentido aprobar una norma de tal calado con unas elecciones a la vuelta de la esquina. El Ejecutivo, en plenas funciones hasta el 24 de julio, podría aprobar la norma en Consejo de Ministros y enviar el real decreto a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para que reciba el visto bueno.

Y, sin embargo, tampoco estaba claro que los socios habituales del Gobierno fueran a darle su apoyo. El PNV ya mostró su negativa a la ley, mientras que otros, como EH Bildu o ERC, no se habían pronunciado al respecto.

Díaz reclamó «respeto» a Moncloa

La norma está enfocada a la formación vinculada a grados del sistema de Formación Profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo y a prácticas universitarias. Así, hace obligado suscribir convenios o acuerdos de cooperación y planes formativos individuales precisos, se fija un máximo de becarios por empresa y se deberán respetar los límites y descansos aplicables a las personas que presten servicios en la empresa, entre otras medidas.

La vicepresidenta Díaz presionó en las últimas semanas para que el trabajo de los negociadores del diálogo social no cayera en vano y que se respetara la institución. Dos semanas después, el acuerdo no ha pasado por la reunión del Ejecutivo y, si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones, se quedará definitivamente en el cajón.