Moncloa dice ahora que «derogar el sanchismo» puede hacer perder fondos europeos
Fuentes de Presidencia del Gobierno indican que la derogación de algunas reformas pactadas con Bruselas tendrá "consecuencias" en los pagos de los fondos europeos
MADRID, 06/06/2023.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía Nadia Calviño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes en el Palacio de La Moncloa de Madrid. EFE/Chema Moya
La convocatoria adelantada de las elecciones no ha alterado los planes de La Moncloa, que aprobó este martes en Consejo de Ministros la Adenda del Plan de Recuperación, la actualización del programa de reformas e inversiones negociado con Bruselas para la recepción de los fondos Next Generation EU. Se trata de uno de los hitos políticos de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y ha ligado en gran parte su programa de Gobierno a la gestión de los cerca de 160.000 millones de ‘maná europeo’.
Tanto es así que Sánchez incorporó buena parte de sus principales reformas estructurales al Plan de Recuperación, convirtiéndolas en hitos para la consecución de los diferentes pagos provenientes de Bruselas. Así, algunas de las normas clave de esta legislatura, y también de las más criticadas por la oposición, como la Ley Celaá, la reforma laboral o la Ley de Vivienda forman parte del programa negociado con Bruselas.
El nudo gordiano de la cuestión es que el candidato a la Presidencia del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en su idea de «derogar el sanchismo», lo que supondría eliminar o modificar algunas de las leyes estrella del Ejecutivo de coalición.
Fuentes de La Moncloa son tajantes al respecto y apuntan que esto podría afectar a la recepción de los fondos europeos y que, si se da marcha atrás en alguno de los hitos comprometidos, habrá «consecuencias».
El reglamento contempla sanciones
Y no es un farol. Las mismas voces del Ejecutivo remiten al reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que establece los fondos Next Generation. En concreto, el artículo 18 establece que los Planes de Recuperación que presenten cada uno de los Estados miembros de los Veintisiete ha de estar basado en una serie de hitos y objetivos previstos, que deberán ser revisados por la Comisión Europea. Una vez recibido el visto bueno, la Comisión desembolsa el dinero.
Pero la clave está en el artículo 24. «El cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos presupondrá que el Estado miembro interesado no haya revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente«, indica la normativa.
En el caso de que la evaluación sea negativa –es decir, que no se cumplan los objetivos o que se dé marcha atrás-, el reglamento contempla que «se suspenderá el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo«. Una suspensión que solo se levantará cuando se hayan tomado «las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos establecidos».
A partir de aquí, la Comisión Europea establece una serie de plazos –de seis y 18 meses- para que se tomen las medidas. Si no se han tomado, la Comisión podría reclamar todos los fondos desembolsados y la prefinanciación concedida.
El Gobierno prepara el cuarto pago
De momento, España ha recibido tres de los pagos -además de la financiación- y está preparando la solicitud para el cuarto, que podría llegar después de las elecciones y sin saber si será este Gobierno u otro dirigido por el Partido Popular quien gestiona el resto de los fondos.
Según indican las mismas fuentes de La Moncloa, las reformas comprometidas han sido negociadas con Bruselas y responden a las recomendaciones de país que hace la Comisión, por lo que añaden gravedad a la posibilidad de que se deroguen.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntó este martes en una entrevista radiofónica que suprimirá varios Ministerios que existen en el actual organigrama del Ejecutivo y que derogará algunas leyes de Sánchez, como la de Eutanasia o la de Memoria Democrática. Otras, como la de Educación o la reforma laboral, estarán sujetas a cambios, indicó.
El nuevo articulado de la Adenda incluye 18 reformas adicionales y los fondos e inversiones a través de los que van a canalizar los más de 90.000 millones de euros entre préstamos y transferencias de esta segunda pata de los fondos europeos. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, estas nuevas modificaciones legales que se contemplan son «complementarias» a las incluidas en la primera versión de Plan y se ajustan a lo solicitado por la Comisión Europea, por lo que no creen que estén hipotecando a una hipotética administración posterior.
